Nos vamos a jubilar más tarde, vamos a cobrar menos por cotizaciones más elevadas, nos subirán los impuestos para pagar las pensiones. No hay nada nuevo en ninguna de las anteriores predicciones. De hecho, ni siquiera son predicciones en el sentido estricto de la palabra, porque en realidad ya está ocurriendo un poco de cada una de estas cosas. Lo nuevo es que la OCDE nos ha dado esta semana un bofetón de realidad, recordándonos que esto pasará. Y los políticos españoles (al menos los que no estaban mirando a Soto del Real) se han puesto a discutir sobre la precisión de anteriores apuestas similares.
El informe de la OCDE del que tanto se ha hablado estos días es el Economic Surveys: Spain 2025. Y ni siquiera es un documento que hable exclusivamente sobre pensiones. Es un análisis de situación de la economía española, en el que se señalan los sospechosos habituales: falta de productividad; empresas muy pequeñas y a las que se dificulta crecer; mercado laboral disfuncional, con muchos incentivos que premian al mal trabajador y no impulsan al bueno; sistema impositivo poco equilibrado, con demasiado peso en los tributos sobre el trabajo… Nada que no supiéramos.
Si se ha destacado lo que dice sobre pensiones quizás sea porque deshace de un plumazo el discurso de nuestros ministros. Frente a la política de patada p’alante y la actitud de "aquí no pasa nada… y si pasa, que se lo coma el que esté dentro de unos años", el informe de la OCDE nos recuerda lo obvio: tenemos pocas opciones ante nosotros. Con un buen Gobierno o con uno mediocre, las alternativas se reducen a cómo y cuándo tomar medidas dolorosas.
Lo primero, los impuestos. Según los cálculos de los autores, España será el segundo país de Europa en el que más crecerá la presión fiscal como consecuencia del envejecimiento (el primero es Portugal). Es decir, los recursos que destinamos a sostener a nuestros mayores serán cada vez más elevados. Por lo tanto, habrá que pagar más para cubrir esas necesidades y recortar en otras partidas del presupuesto.
[Recordatorio: no pensemos en esto como una guerra trabajadores-pensionistas actuales. Muchos de los que ahora trabajamos seremos jubilados en las próximas décadas. Es decir, en ese cálculo de gasto disparado que hace la OCDE, parte corresponde a las pensiones de los que ahora tienen 45-50-55 años].
En segundo término, esto tiene poco arreglo porque seremos el segundo país del mundo que experimentará un envejecimiento más acusado hasta mediados del siglo. Como vemos en el siguiente gráfico (con los cálculos para 2054), sólo Corea del Sur tiene peores cifras que nosotros (y sí, en estas proyecciones está incluida la inmigración).
Si pensamos que ya tenemos una sociedad envejecida, todavía no hemos visto nada. Por eso, la siguiente derivada es también casi inevitable: habrá que alargar nuestra carrera laboral. Es otra cuestión de la que también se ocupa el informe para proponer reformas que permitan retrasar la edad de jubilación, compatibilizar un empleo y una pensión, incrementar la tasa de empleo de las personas de más de 50 años…. ¿Trabajar: hasta qué edad? Esto dependerá de muchos factores, pero intuimos que los 69-70 años están a la vuelta de la esquina. El problema es que esto choca con casi todo lo que tenemos en la cabeza. Por ejemplo: una de las noticias de los últimos días es el ERE de Telefónica, que marcha en la dirección contraria. ¿Estamos preparados para jubilarnos a los 70 años? ¿Nos queda otra opción?
Por último, las pensiones tendrán que ajustarse (a la baja, claro). Y como tocar las prestaciones de los actuales jubilados parece complicado (social y electoralmente), lo normal es que se vayan haciendo retoques en las reglas que afectan a los futuros jubilados. El de la edad de jubilación es el cambio más efectivo (pagas más años y cobras menos), pero habrá más. Por ejemplo, los autores del informe piden ampliar el período de cálculo de la base reguladora, hasta los 35 años: una de esas propuestas de carácter técnico que esconden un recorte sustancial (cuantos más años se tengan en cuenta, lo normal es que ese cálculo nos ofrezca una cifra menor).
Tampoco esto es nuevo. Es más o menos lo que lleva sucediendo desde hace dos décadas. La reforma de 2011 ya amplió el período de cálculo hasta los 25 años y endureció el resto de los requisitos para cobrar una pensión contributiva.
En resumen, las cartas hace tiempo que se han repartido. Ni es culpa de uno u otro Gobierno, ni tenemos mucho margen para cambiar lo que ocurrirá en un futuro cercano. Si acaso, se pueden hacer pequeños ajustes (colectivos, en lo que hace referencia a las reglas y al reparto de costes) e individuales (para que cada uno se adapte mejor a ese futuro que ya nos está afectando).