Los gobiernos europeos cada vez muestran con mayor virulencia su persecución al dinero en efectivo. En consecuencia, la iniciativa de poner en marcha el euro digital por parte del BCE avanza a gran velocidad. De hecho, la Unión Europea tiene la intención de prohibir, a partir de julio de 2027, el pago en efectivo de sumas superiores a los 10.000 euros. Así lo establece el Reglamento 1624/2024, que ha sido desarrollado, supuestamente, "con el fin de atenuar adecuadamente los riesgos derivados del uso indebido de grandes cantidades de efectivo". Sin embargo, Eslovenia ha decidido seguir el rumbo contrario y blindar en la Constitución el derecho a pagar en efectivo.
El pago en efectivo, derecho constitucional
Tal y como subrayaba The Slovenia Times, "mientras el mundo adopta la velocidad y la conveniencia de los pagos digitales, Eslovenia ha adoptado un enfoque decididamente más cauteloso". Concretamente, el pasado 1 de diciembre la Asamblea Nacional aprobó, con 61 votos a favor y ninguno en contra, una enmienda constitucional para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a pagar con efectivo.
Esta iniciativa surgió en 2023 tras una campaña popular puesta en marcha en Facebook, que logró recoger más de 50.000 firmas. En este sentido, el representante de esta iniciativa, Ivan Jurgec, argumentaba que los ciudadanos estaban preocupados por la posibilidad de que se eliminara finalmente el dinero en efectivo. Por ello, se pretendía "proteger el dinero físico". Si bien el gobierno esloveno se opuso inicialmente, alegando que la política monetaria es competencia exclusiva del BCE, aunque cambió su postura cuando varios expertos le aseguraron que la medida no entraba en conflicto con las normas del marco monetario del euro.
En este contexto, según confirma EFE, hay otros países que están desarrollando iniciativas similares. Entre ellos, los ciudadanos suizos podrían votar en referéndum el próximo marzo si desean proteger el dinero en efectivo en su Constitución.
Diferencias con España
En nuestro país, el Gobierno tiene una postura radicalmente distinta con respecto al pago en efectivo. De entrada, como detalla la Agencia Tributaria, en España está prohibido realizar pagos en efectivo superiores a 1.000 euros en las que intervenga al menos un profesional o una persona titular de una empresa. Esta cantidad es de 10.000 euros "cuando quien pague sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de persona empresaria o profesional".
De hecho, la persecución del Fisco español contra los pagos en efectivo es tal que invita a los ciudadanos a denunciar los pagos en efectivo que han infringido esta normativa. "Puedes comunicar a la Agencia Tributaria el incumplimiento de la limitación a los pagos en efectivo con un importe igual o superior a 1.000 euros (10.000 si la persona que realiza el pago es persona física que no actúa como persona titular de la empresa profesional sin domicilio fiscal en España)", anuncia la Agencia Tributaria en su página web.
Así las cosas, resulta extraño que a principios de noviembre el Banco de España anunciara la firma de un convenio de colaboración para los próximos cuatro años con el que el organismo que preside José Luis Escrivá podría tener acceso a "datos agregados por sector y país sobre las operaciones de pago realizadas a través de este sistema". En principio, el objetivo de esta iniciativa sería utilizar esta información "para mejorar la elaboración, el análisis y la difusión de las estadísticas generales encomendadas al Banco de España". Sin embargo, cabría preguntarse por las motivaciones del Banco de España para analizar los hábitos de consumo de los españoles y la utilización de medios de pago electrónicos.
Esta noticia llegaba pocos días después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anunciara que el organismo había decidido pasar a la siguiente fase del proyecto del euro digital, adelantado además que los planes del BCE establecen 2029 como el año en el que se comenzará a emitir definitivamente este nuevo dinero electrónico.
En cualquier caso, más allá de las propias deficiencias que pueda tener el sistema de dinero electrónico que respalde al euro digital, no es menos importante subrayar que una incógnita por resolver aún es qué ocurrirá con el efectivo. Desde el BCE afirman que el euro digital podrá convivir con el dinero en efectivo, pero es evidente que las autoridades, por lo general, cada vez se muestran más contrarias a la utilización de dinero metálico.
A este respecto, cabe señalar que, de acuerdo con la Plataforma Denaria, la mitad de las quejas por no aceptar efectivo apuntan a la Administración Pública. Así, en el mes de julio, esta plataforma detallaba que ya había registrado más de noventa quejas en los seis primeros meses del año, subrayando que "la Administración Pública encabeza el listado de sectores con más quejas, acumulando un 46,5% del total". En este sentido, desde Denaria denuncia que el efectivo "ha sido injustamente señalado como sinónimo de fraude, con medidas como el límite de 1.000 euros en pagos entre particulares y empresas (sancionable con un 25% de multa), mientras medios digitales como Bizum quedan al margen de este tipo de restricciones".
Con todo, según el V Barómetro sobre la necesidad de permanencia del dinero en efectivo, elaborado por la Plataforma Denaria, "más de ocho de cada diez personas consideran que el dinero en efectivo sigue siendo un método de pago necesario", mientras que el 74% de los encuestados afirmaba que "el efectivo es importante en su día a día". Así, el 93% de los ciudadanos señalaba que la protección de la privacidad es uno de los motivos que valoran para mantener el dinero en efectivo.