"Todo empieza en las ciudades, son el gran motor de transformación de este país". Con esta afirmación el director general de Tráfico, Pere Navarro, mostró a finales de noviembre su esperanza de cambiar las ciudades tal y como las conocemos hoy. La pronunció durante el Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible celebrado en Badajoz, donde una de sus conclusiones fue clara: el transporte público ha de convertirse en el "único modo de acceder a las ciudades", donde el espacio es limitado y ya no caben más coches. El hecho de que cada día entren miles de personas en su automóvil -trabajadores principalmente-, no le gusta ni a la DGT ni a la Administración central ni a la local.
Una muestra clara de que los ayuntamientos llevan años emprendiendo una persecución al coche, lo vemos en la ciudad de Madrid donde las obras de mejora de las calles se traducen en la reducción drástica de aparcamientos y el ensanchamiento de las aceras en sus distritos, donde aparcar el coche a veces es tarea imposible.
Esta semana el Ejecutivo ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible para dar cumplimiento a una de las exigencias que nos reclamaba la Comisión Europea para acceder a los Fondos Next Generation. Hablamos de una ley que ha tardado dos legislaturas en ver la luz y cuando se ha aprobado, como suele ocurrir, lo ha hecho a medias.
De ello se quejan fuentes de la CEOE a LM, que aseguran que a partir de ahora el texto tendrá que verse apoyado en muchos reglamentos y normativas que deben desarrollar las comunidades autónomas, porque son las que tienen las competencias en transportes. "Habrá descoordinación, que es lo que nosotros precisamente pedimos que se evitara desde el principio" aseguran desde la patronal CEOE que recuerda que las regulaciones se van superponiendo –Ley de Cambio Climático, ley de zonas de bajas emisiones- y "no hay un interés eficaz de aplicación". Por no hablar de la nueva carga que las empresas van a tener que asumir elaborando planes laborales para sus trabajadores que habrá que pactar con los sindicatos, incluso creando la figura del "gestor de movilidad" para los centros de trabajo.
La ley establece un plazo de 24 meses a las empresas con más de 200 trabajadores para disponer de estos planes de movilidad sostenible para que sus empleados acudan a sus centros de trabajo pero no deja claro qué tipo de transporte es el sostenible. "Pueden ser todos aquellos que no afecten a la respiración de las personas, no a los gases de efecto invernadero", nos explican desde la patronal, donde piden clarificar si los coches de gas o de biocombustible serán calificados como "sostenibles", o incluso el fomento del transporte colectivo aunque sea con combustibles fósiles, y evitar así la utilización de un coche por trabajador.
En este sentido el Ministerio de Transportes ha puesto encima de la mesa la reducción de los catorce millones de desplazamientos diarios en coche con un solo ocupante. La competencia no es de la cartera de Óscar Puente pero, como dijo la secretaria de Movilidad Sostenible el pasado 27 de noviembre, Sara Hernández del Olmo, les gusta aportar "recomendaciones e ideas". El problema es que algunas de ellas sí que se han plasmado en la ley que incluye un régimen sancionador en caso de incumplimiento.
En la parte positiva, así lo entiende la CEOE, está la inclusión de bonificaciones o ayudas a las empresas para que puedan poner en marcha estos nuevos planes y que harán que el impacto sea menor. Una propuesta que los empresarios han hecho llegar al Gobierno y ha sido atendida. Aunque no está de más recordar que el texto ha recibido más de setecientas enmiendas hasta su redacción definitiva. Así que la entrada en vigor de esta nueva ley le ha dejado la CEOE una sensación agridulce.