El Gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer responsable a la sociedad española de los impagos de los alquileres, que serán sufragados por los contribuyentes después de que el Consejo de Ministros haya aprobado la implementación de una cobertura para los propietarios de viviendas que sufran el impago del alquiler por parte de jóvenes y personas vulnerables.
De esta forma, según el Gobierno, se busca facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables y de quienes, como los jóvenes, encuentran mayores dificultades para poder adquirir un inmueble o pagar un alquiler. Sin embargo, lo que realmente hará el Ejecutivo con esta iniciativa es obligar al resto de los españoles a sufragar a estas personas el pago de sus alquileres.
Alquiler a costa de los contribuyentes
El Ministerio de Vivienda explica que el Consejo de Ministros acaba de aprobar un Real Decreto con el que "se establece la regulación de una cobertura ante eventuales impagos de rentas para contratos de alquiler de viviendas". Esta cobertura será gestionada por las comunidades autónomas de régimen común y por las ciudades de Ceuta y Melilla, y para acceder a ella será necesario haber firmado un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables, cobrar una renta del alquiler que no supere el índice estatal de referencia, depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler y suscribir con el arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler, con arreglo al modelo aprobado por la Administración.
Concretamente, tal y como aclara el Ministerio, esta cobertura que acaba de aprobar el Ejecutivo será aplicable, como aval, ante los impagos de las rentas de alquiler, los daños causados a la vivienda y el coste de los suministros debidos, siendo las beneficiarias de esta ayuda las personas arrendadoras de las viviendas o las propias comunidades autónomas en caso de que hayan suscrito un seguro con los arrendadores.
Así, desde el Ministerio explican que "la cobertura estará limitada a eventuales impagos y daños generados en los contratos vigentes a 30 de enero de 2025". Asimismo, inciden en que próximamente se anunciará una línea presupuestaria para financiar esta medida y que las comunidades estarán obligadas a remitir cada seis meses la información requerida por el Ministerio de Vivienda en relación con las coberturas aplicadas.
En cualquier caso, lo cierto es que el Gobierno de Sánchez ya ha implementado en el pasado otras medidas de ayuda al alquiler que, sin embargo, resultaron ser un fracaso. En Libre Mercado informamos de cómo en el año 2020 el Ejecutivo prometió una línea de microcréditos avalados por el Estado a través del ICO para inquilinos que no pudieran hacer frente a la renta y cuyos caseros fueran propietarios particulares. No obstante, meses después de su puesta en marcha, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunciaban que estas ayudas estaban atascadas y no estaban llegando a sus potenciales beneficiarios.
En este contexto, este miércoles el Consejo de Ministros ha aprobado también la transformación de Sepes en CASA 47, una entidad pública que "pasará de tener como actividad principal la de urbanización y entrega de suelos y viviendas a las demás administraciones, para pasar a actuar como una gran Entidad Estatal de Vivienda, en la cual no solo se urbanice y se construya, sino que además se gestione todo el ciclo residencial del parque público de vivienda estatal".
Como publicamos en Libre Mercado, y detalla el propio Ministerio en un comunicado, la cartera de esta entidad estará compuesta por inmuebles de construcción propia, así como por la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios y de la Sareb, "de la que se han recuperado más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas que se irán poniendo a disposición de la ciudadanía paulatinamente".
De esta forma, el Ejecutivo explica que "los contratos de alquiler que firme CASA47 podrán tener una duración de hasta 75 años, con prórrogas continuas siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso a la vivienda". En este sentido, Vivienda detalla que la entidad distinguirá dos fases: una primera etapa con un contrato de 14 años de duración y otra fase con prórrogas automáticas de 7 años.