El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha vuelto a poner en entredicho la eficacia de uno de los programas estrella de Bruselas en materia medioambiental. En un informe publicado este jueves, los auditores comunitarios concluyen que no está claro que los proyectos estratégicos del programa LIFE estén sirviendo realmente para algo. El presupuesto total de estos fondos públicos destinados a financiar proyectos de "economía circular, biodiversidad, clima y energía limpia" ascienden a 5.400 millones de euros para el periodo 2021-2027.
Los expertos han revisado 22 de los 95 proyectos puestos en marcha hasta abril de 2025 (cuatro de ellos en España) y han concluido que "no está claro" hasta qué punto contribuyen a los objetivos medioambientales que persiguen. Es más, la auditoría concluye que las iniciativas no siempre priorizan las necesidades más urgentes de los Estados miembros y la Comisión no tiene criterios ni control para evaluar si, gracias a estos fondos públicos, el proyecto realmente contribuye en algo a los objetivos verdes.
En lo que respecta a España, la Comisión anunció en noviembre que destinará 44,7 millones de euros para financiar 27 proyectos del programa LIFE. De hecho, nuestro país figura entre los Estados con más iniciativas de este programa desde los años noventa, acumulando más de un millar de proyectos.
Descontrol de fondos
Pese a esta avalancha de fondos públicos, el Tribunal observa que muchos proyectos no atacan los problemas medioambientales más urgentes. A ello se suma que no existe un sistema eficaz para compartir resultados ni para convertir estas experiencias en modelos replicables, uno de los objetivos declarados del programa.
El seguimiento tampoco sale bien parado. El informe denuncia herramientas de control inconsistentes, que no permiten verificar si las actuaciones generan cambios sostenibles en la gestión ambiental o en la gobernanza de los territorios afectados.
En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas pide a la Comisión Europea alinear mejor los proyectos con las necesidades reales de cada país, aclarar cómo debe medirse la financiación movilizada y reforzar el intercambio de buenas prácticas. También reclama implicar más a las administraciones nacionales responsables de las estrategias ambientales, para evitar que los proyectos se queden en simples ejercicios de gasto público sin impacto mensurable.