El reparto del gasto público español ha experimentado una transformación profunda durante las últimas tres décadas, según un análisis de Fedea. Aunque el volumen total de gasto sobre el PIB apenas ha variado entre 1995 y 2024, pasando del 44,1% al 45,5%, sí se ha producido un desplazamiento significativo en su composición interna. La mayor parte del crecimiento real del gasto público en ese periodo procede de un único capítulo: las pensiones.
El gasto total de las administraciones públicas ascendió en 2024 a 725.001 millones de euros, lo que supone un incremento real del 3,7% respecto al año anterior. Si se toma como referencia el periodo 1995-2024, el gasto público medido en euros constantes ha aumentado en 330.387 millones. La mitad de esa cifra se explica por el aumento del gasto social, y prácticamente la totalidad de esa subida corresponde a pensiones. Solo este concepto aporta 162.223 millones adicionales respecto a 1995, una cuantía que equivale por sí misma a cerca del 50% del crecimiento total del gasto público observado desde entonces.
La evolución reciente amplifica esta tendencia. Entre 2010 y 2024, el gasto público aumentó en términos reales en 112.603 millones. De ese incremento, 97.990 millones se corresponden con pensiones y otros 14.739 millones con sanidad. El resto de políticas públicas muestra una aportación mucho más modesta: educación apenas suma un 8,3% del incremento total; los asuntos económicos, alrededor del 6%; vivienda, defensa o cultura han visto incluso reducido su peso relativo. El desplazamiento presupuestario hacia pensiones y sanidad se explica tanto por el envejecimiento demográfico como por el aumento del número de pensionistas y la actualización de las prestaciones en un contexto de revalorizaciones sistemáticas.
Los datos de gasto por habitante permiten apreciar con claridad esta reconfiguración. En 2024, cada residente soportaba un gasto público equivalente a 4.212 euros en pensiones, 2.102 euros en sanidad y 1.345 euros en educación. Más atrás quedan la inversión pública (885 euros), las ayudas a familias e hijos (312 euros) o las políticas de vivienda (155 euros). Además, las pensiones son la única política cuyo gasto por habitante ha crecido de forma significativa desde 2009, hasta situarse en niveles equivalentes al 12,9% del PIB.
La concentración del gasto en protección social se traduce en un peso creciente sobre el presupuesto total. En 2024, este capítulo ya absorbe el 41% del gasto público, y las pensiones representan el 69% dentro de ese bloque. El resultado es que el 28,4% de todo el gasto público en España está dedicado exclusivamente al pago de pensiones. Este patrón contrasta con el descenso del peso de otras áreas: los servicios públicos generales —especialmente debido al menor pago de intereses— han caído en 2,2 puntos del PIB; los asuntos económicos en 0,7 puntos; vivienda en 0,6 puntos; defensa en 0,5 puntos; educación y seguridad en alrededor de dos décimas cada una. Solo medio ambiente y sanidad han mejorado su peso relativo, aunque muy lejos del ascenso del gasto pensionista.
Los datos muestran, pues, que la economía española ha dedicado los márgenes generados por el menor coste de la deuda pública, la reducción de la inversión y el aumento de la recaudación propiciado por una cascada de medidas recaudatorias a reforzar fundamentalmente el capítulo de pensiones y, en menor medida, la sanidad. Este cambio estructural tiene implicaciones de calado.
La llegada masiva de la generación del baby boom a la jubilación, unida a la longevidad creciente y al ritmo de revalorización automática de las prestaciones, anticipa un escenario de estrechos márgenes presupuestarios. Si no se introducen reformas, el espacio para financiar políticas de alivio fiscal o medidas destinadas a impulsar el crecimiento será cada vez menor, desplazado por un gasto social disparado y cada vez más concentrado en los pensionistas.