
Ante el fracaso de la Ley de Vivienda promovida por la ministra Isabel Rodríguez, algunas comunidades autónomas tiran del ingenio para dar respuesta a la alta demanda. Es lo que ha hecho el gobierno del País Vasco, que aún siendo un gobierno de coalición PNV-PSE, ha planteado un proyecto piloto para construir más plantas en 65 edificios con cubierta plana que forman parte del parque público de alquiler y así triplicar el parque actual.
En la actualidad hay más de 100.000 personas inscritas en el portal de la vivienda vasco -Etxebide-, por lo que ante la falta de respuesta, el gobierno de Imanol Pradales ya está preparando anteproyectos para levantar 2.000 alojamientos dotacionales sobre edificios ya existentes en las tres provincias (Vizcaya, Guipúzcoa y Álava). "Los 6 pilotos los desarrollaremos a partir de 2026 y podrían estar terminados en 2028" si todo sigue su curso, afirman desde la Consejería de Vivienda vasca en conversación con LM.
A ojos de los expertos inmobiliarios se trata de una idea interesante pero cortoplacista. Para Juan José Perucho, vicepresidente y director general del Grupo IBOSA -compañía especializada en la promoción y gestión inmobiliaria- "la música suena bien pero hay que ver la letra pequeña". Se pregunta qué ocurrirá con el resto de servicios que ofrecen esos edificios como pueden ser los aparcamientos subterráneos. "¿Cómo generas más plazas de garaje si ya hay construido un sótano con plazas limitadas?", reflexiona. Algo parecido puede ocurrir con las infraestructuras y es que "cuando dimensionas edificios de viviendas haces un cálculo de las acometidas de luz, agua, saneamiento en función de lo que se va a utilizar", insiste Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios quien se pregunta si habrá que ver si los edificios están preparados para tener más vecinos o tendrán que hacer adaptaciones.
La propuesta se ha puesto encima de la mesa en algunos foros pero plantea muchos problemas. Para Salcedo, puede haber dificultades de tipo técnico "ya que habrá que ver si la estructura del edificio ya levantado puede soportar el peso de añadirle dos plantas encima". Lo mismo ocurre desde el punto de vista arquitectónico, pues "hay que conservar la fachada", recuerda. En este sentido desde la Consejería de Vivienda vasca, aseguran que los edificios de VPO presentan una casuística muy amplia y variada, pero que ellos se han centrado "en edificios con cubierta plana, posteriores a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (2006) y de titularidad única", en este caso los pertenecientes a la agencia pública de alquiler de su autonomía -Alokabide-, que es la que gestiona este tipo de viviendas. Esto no quita que una vez aprobada la medida, haya que hacer un estudio previo "exhaustivo", aseguran desde el Gobierno vasco, para poder proceder a un levantamiento.
Para Perucho -con una dilatada experiencia en construcción de vivienda aseguible en España- la idea es demasiado creativa. "Los políticos recurren a la imaginación ante una situación desesperada", asegura. Considera que la propuesta que llega desde el País Vasco puede ser un parche y que lo que habría que cambiar es el sistema con el que se está urbanizando en nuestro país. "El mercado no es libre. Las administraciones te dicen si se puede construir o no", denuncia. Y recuerda que si lo fuera las promotoras podrían construir sin parar, lo que haría que los precios bajaran. Así mismo denuncia la lentitud con la se construye en España y le pide al Ejecutivo que "se estruje el coco" para dar respuesta a la necesidad de vivienda que tenemos. Que piensen en un plan efectivo "a veinte o treinta años vista", reclama a la desesperada puesto que, a pesar de ser de los que más vivienda asequible construyen en España desde hace cincuenta años, el Ministerio ni les recibe para escuchar las propuestas que le hacen llegan junto a otros promotores privados.
Mientras la Consejería de Vivienda vasca justifica la idea diciendo que lo que plantean son "alojamientos dotacionales para no aumentar la edificabilidad urbanística, solo la edificabilidad física" y que pretenden levantarlos con métodos constructivos industrializados". Pero para ello primero deben aprobar la ley de medidas urgentes y después presentársela a los ayuntamientos.


