El apagón eléctrico del pasado 28 de abril sigue teniendo consecuencias económicas para los ciudadanos. Según explicó el experto energético Manuel Fernández Ordóñez en el programa Con Ánimo de Lucro de esRadio, la respuesta técnica adoptada por Red Eléctrica tras la crisis ha provocado un sobrecoste de millones de euros que ya se está trasladando al recibo de la luz, aunque de forma encubierta. "Estamos pagando millones más por quemar gas y evitar otro apagón", advirtió.
Más ciclos combinados, más gasto en gas
El colapso de la red eléctrica española obligó a revisar de urgencia la forma en que se opera el sistema, especialmente en lo relativo a la estabilidad de la red. A raíz del apagón, Red Eléctrica activó lo que denomina una "operación reforzada", que implica introducir más potencia síncrona en el mix eléctrico, fundamental para evitar variaciones bruscas de tensión.
"Estamos quemando más gas, no por una decisión económica o medioambiental, sino por necesidad técnica", explicó Fernández Ordóñez. Este refuerzo consiste en usar más ciclos combinados, es decir, centrales térmicas de gas, con el objetivo de estabilizar el sistema ante la alta penetración de energías renovables intermitentes.
Un coste que no aparece claro en la factura
El experto aseguró que esta medida tiene un coste añadido estimado en más de 2.000 millones de euros en 2025, aunque el impacto real en la factura no aparece como un concepto desglosado. "El sobrecoste se disfraza con peajes y otras fórmulas opacas", denunció, señalando que el consumidor medio ya lo está pagando sin saberlo.
Además, advirtió de que este modelo de operación "no es sostenible" y que no hay ninguna garantía de que el sistema resista otro colapso si no se hacen reformas estructurales. "El apagón fue un aviso, pero el sistema sigue siendo vulnerable", afirmó.
Consecuencias de una planificación deficiente
Según Fernández Ordóñez, el apagón del 28 de abril se debió a una combinación de exceso de renovables sin respaldo y fallos en la programación de la red, que ya estaban advertidos desde 2020. A pesar de ello, los procedimientos técnicos no se revisaron hasta después del colapso.
"La CNMC tuvo cinco años un expediente de revisión bloqueado. Red Eléctrica pidió actualizar la normativa, pero se ignoró", explicó. Tras el apagón, el Gobierno mantuvo durante semanas la hipótesis de un ciberataque, a pesar de que Red Eléctrica lo descartó desde el primer día. "Prefirieron desviar la atención en lugar de asumir responsabilidades", denunció.
Un sistema cada vez más caro y menos previsible
El experto también cuestionó la estrategia de cierre de centrales nucleares. "Después del apagón, han tenido que introducir potencia síncrona para estabilizar el sistema, justo lo que daban las nucleares", señaló. A su juicio, el modelo actual lleva a una mayor dependencia del gas y a una factura eléctrica más elevada y menos transparente.
"No se puede vender como transición verde lo que en realidad es un sobrecoste técnico que pagan todos los consumidores", concluyó.