La deriva fiscal que comenzó como una respuesta de emergencia a crisis pasadas se ha convertido, bajo el mandato de Pedro Sánchez, en una maquinaria de recaudación implacable que ha llevado la presión fiscal a máximos históricos, aprovechando además el viento a favor de una inflación que actúa como un impuesto invisible y cruel. Dicho de otra manera, Sánchez ha aprovechado la crisis inflacionaria que vivimos y que actúa como un agente empobrecedor sistemático de toda la población, para llenar las arcas del Estado como nunca antes se había visto.
Si echamos la vista atrás, la trayectoria es alarmante. José Luis Rodríguez Zapatero inició la senda del gasto que terminó en un desplome de ingresos, obligándole a subir el IVA en 2010 como último recurso. Mariano Rajoy, a pesar de sus promesas electorales, se valió de Cristóbal Montoro para ejecutar una subida masiva de impuestos en 2012 para evitar el rescate, fijando el IVA en el 21% y elevando el IRPF. Sin embargo, lo que entonces se presentó como medidas "temporales y excepcionales", con el actual Gobierno se ha convertido en la norma estructural.
El perfeccionamiento del "atraco" silencioso
El Gobierno de Pedro Sánchez no solo ha mantenido los niveles de sus predecesores, sino que los ha corregido y aumentado con una sofisticación técnica preocupante. La estrategia es doble: por un lado, la creación de nuevas figuras impositivas (tasas Google, Tobin, grandes fortunas y gravámenes a la banca y energéticas); por otro, el aprovechamiento político de la inflación.
Al negarse sistemáticamente a deflactar el IRPF —ajustar los tramos del impuesto al aumento de los precios—, el Ejecutivo ha incurrido en lo que los economistas llaman "progresividad fría". El resultado es perverso: cuando un trabajador logra una subida salarial para no perder poder adquisitivo frente al encarecimiento de la vida, Hacienda le salta al cuello, desplazándole a un tramo impositivo superior. No es más rico, pero el Estado le trata como si lo fuera. De cada 100 euros de subida salarial, se estima que el fisco se queda con hasta 57 euros entre impuestos y cotizaciones.
Un récord de recaudación sobre el empobrecimiento
Los datos de 2024 y las proyecciones para 2025 son escalofriantes. La recaudación tributaria ha pulverizado todos los registros históricos, superando los 294.000 millones de euros. Mientras las familias hacen malabarismos para llenar la cesta de la compra —un 36% más cara que hace tres años—, las arcas del Estado rebosan. La presión fiscal en España ya roza el 39% del PIB, cerrando la brecha con Europa a base de asfixiar a las clases medias y empresas.
La cuña fiscal española —la diferencia entre lo que paga el empleador y lo que recibe el empleado— se sitúa ya entre las más altas de la OCDE. Esta voracidad no solo empobrece al ciudadano hoy, sino que lastra la competitividad y el ahorro de mañana. España no tiene un problema de falta de ingresos; tiene un gobierno con un apetito fiscal insaciable que ha convertido la inflación en su mejor aliado recaudatorio, a costa de la prosperidad de quienes trabajan.