El periodista Rubén Arranz ha denunciado en esRadio el proceso de colonización institucional y empresarial que, a su juicio, impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez a través de nombramientos políticos en empresas estratégicas y el control ideológico de los medios públicos, todo ello con coste directo para los ciudadanos.
Durante su intervención en el programa Con Ánimo de Lucro, Arranz explicó que el Ejecutivo "ha convertido parte del tejido empresarial español en una extensión del poder político", situando a perfiles afines o directamente vinculados al PSOE o al PNV en consejos de administración de empresas públicas o participadas, como Indra, Prisa o compañías del sector audiovisual.
"Estas personas no están ahí por méritos profesionales, sino por proximidad ideológica o lealtad política", afirmó.
Empresas estratégicas con cargos afines
Entre los casos más evidentes, Arranz mencionó los nombramientos en Indra, donde el Gobierno logró el control del consejo con el respaldo de la CNMV, y donde situó a Marc Murtra, de perfil político, como presidente. También denunció el uso del accionariado público de SEPI para influir en decisiones empresariales, incluidos nombramientos en medios de comunicación privados, como en el grupo Prisa.
En este contexto, criticó que los intereses estratégicos del Estado están siendo subordinados a intereses partidistas, sin transparencia ni control parlamentario. "No se gestiona con criterios empresariales, sino con lógica de poder", denunció.
Control ideológico de RTVE y tertulias públicas
Arranz puso también el foco en RTVE y otros medios públicos, a los que acusó de actuar como vehículos de propaganda ideológica del Gobierno. "Los contribuyentes pagan millones para mantener programas donde solo hablan portavoces oficiosos del Ejecutivo", dijo, citando los casos de Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz o Jesús Cintora.
Señaló que muchos de estos presentadores o colaboradores "no sobrevivirían en el sector privado, pero encuentran refugio bien remunerado en la televisión pública", y denunció el uso de los presupuestos públicos para financiar debates dirigidos políticamente, sin pluralidad ni competencia.
"Mientras muchos españoles no llegan a fin de mes, se destinan millones a tertulias ideológicas que no tendrían audiencia en una televisión privada", afirmó.
Un modelo que castiga al sector privado
Según Rubén Arranz, este modelo de gestión pública y empresarial genera un doble perjuicio: aumenta el gasto y carga al contribuyente, y desincentiva el mérito en el sector privado.
"El Estado crece, coloca a los suyos, reparte sueldos públicos, y quien sostiene todo eso —el sector privado— está asfixiado", advirtió. Además, alertó del riesgo para la inversión y la reputación de España: "Los fondos internacionales no vienen a un país donde las empresas se controlan desde un despacho de Moncloa".
También criticó el uso de organismos reguladores como la CNMV para facilitar tomas de control con fines políticos y el silencio institucional ante los costes que esto implica para el conjunto de los ciudadanos.