El Gobierno de Sánchez ha demostrado poseer un afán intervencionista irrefrenable. La única vía política que desde el Ejecutivo se vislumbra, sea cual sea el ámbito del que se trate, es la injerencia y el dirigismo sobre la iniciativa privada. Ya lo hemos visto en materia de vivienda, pensiones o mercado de trabajo, entre otros. La solución planteada por Sánchez y sus ministros pasa, continuamente, por la participación activa y directa del Estado y la exigencia cada vez de más condiciones a los agentes económicos.
En este sentido, el ámbito del consumo no podría ser una excepción. Así, con la excusa de velar únicamente por el beneficio de los ciudadanos, desde el Gobierno se está desarrollando una nueva normativa con la que se tratará de reducir el consumo derivado de la utilización de máquinas expendedoras. Así lo anunciaba el Ministerio de Consumo en un comunicado publicado el pasado mes de diciembre.
Cero azúcar
Una de las excusas que utilizan los gobiernos, y el Ejecutivo de Sánchez particularmente, para implementar políticas de tutela sobre los ciudadanos, es la del bienestar de la población y el fomento de los hábitos de vida saludables. De este modo, se desarrollan campañas contra el consumo de determinados productos o a favor de hábitos de vida en concreto, lo cual, además de denotar una concepción infantil de los ciudadanos por parte del Gobierno, es un ataque directo contra la libertad individual.
En consecuencia, lo que pretende regular ahora el Ejecutivo es el consumo de azúcar, regulando la oferta existente en las máquinas de vending ubicadas en hospitales y en residencias de mayores. Concretamente, de acuerdo a lo adelantado por el Gobierno a finales de año, el nuevo real decreto sobre la alimentación en hospitales y residencias "limitará la presencia de ultraprocesados y de los productos menos saludables". De hecho, esta normativa establecerá también que estos productos "sólo podrán situarse en las filas de menor visibilidad".
Para justificar esta medida, desde el Gobierno denuncian que la ingesta de ultraprocesados en nuestro país se ha triplicado en solo 20 años, pasando del 11% al 32%. Así, haciendo referencia a una publicación de la revista The Lancet, "el consumo de alimentos ultraprocesados se ha convertido en una amenaza creciente para la salud pública", insistiendo en que "organismos internacionales como la OMS y UNICEF han reiterado su llamamiento urgente a los gobiernos para frenar esta tendencia".
Al respecto, la intención del Gobierno es que el 80% de la oferta que incluyan estas máquinas consista "en productos saludables como agua, leche, fruta, frutos secos no fritos y bajos en sal, zumos, panes y sándwiches integrales, yogures sin azúcares, entre otros". Del mismo modo, desde el Ministerio adelantaban que "las bebidas calientes ofertadas en máquina de venta automática serán dispensadas sin azúcar por defecto y el usuario podrá añadir una cantidad máxima opcional de 5 gramos".
Con todo, la normativa que prepara el Gobierno favorecerá "el acceso al agua mediante la implantación de fuentes de agua, en las instalaciones, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita". Asimismo, se incluirá la retirada de los ultraprocesados en los menús que se ofrecen a los menores ingresados en los hospitales –excluyendo los ultraprocesados de la sección de platos y menús infantiles de las cafeterías y comedores abiertos al público en estos centros–.