El Gobierno ha presentado las bases del nuevo modelo de financiación autonómica y, aunque María Jesús Montero ha evitado dar un cuadro completo de reparto por comunidades, la información disponible permite reconstruir con bastante claridad hacia dónde se orienta el sistema. El Ejecutivo de Pedro Sánchez propone una reforma que beneficia de manera evidente a Cataluña y a algunas autonomías tradicionalmente infradotadas, mientras que penaliza a otras regiones —con Galicia como principal damnificada— y aumenta una vez más la presión fiscal y financiera sobre Madrid.
El primer elemento de esta reforma es el incremento de la recaudación que gestionarán las autonomías. El porcentaje del IRPF cedido pasa del 50 al 55 por ciento, y la parte del IVA gestionada por las comunidades aumenta del 50 al 56,5 por ciento. Montero asegura que esta modificación permitirá que las comunidades dispongan de 16.000 millones adicionales en 2027, aunque evita cualquier desglose por región.
El segundo gran eje es la modificación del cálculo de la población ajustada, que es la variable esencial para determinar los recursos que recibe cada autonomía. El plan aumenta el peso de la superficie, la dispersión y los costes fijos. Estas variables favorecen a territorios extensos o con núcleos dispersos, pero perjudican claramente a Madrid, cuyo modelo demográfico se basa en concentración, densidad y economías de escala.
El tercer punto es el más abiertamente político. La ministra ha anunciado que impondrá límites al llamado "dumping fiscal", señalando el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas como la vía a seguir. Esto abre la puerta a un ataque directo contra las bonificaciones autonómicas en Sucesiones y Donaciones, un elemento central de la estrategia fiscal madrileña. Madrid ya fue castigada con el resurgir práctico del Impuesto de Patrimonio; ahora se prepara una segunda ofensiva.
El cuarto cambio es institucional y rompe con la lógica multilateral del sistema que ha regido desde los años noventa. El Gobierno permitirá que comunidades como Cataluña recauden directamente impuestos como el IVA de las pymes si así lo solicitan y creará una nueva comisión bilateral paralela al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se introduce así una vía preferente para regiones que exigen tratamiento singular.
El quinto elemento es la creación de nuevos fondos verticales. Destaca el Fondo Climático, dotado con 1.000 millones, cuya distribución favorece claramente a las autonomías mediterráneas y, de forma especialmente intensa, a Cataluña. El Gobierno asegura que el nuevo modelo incrementará en 21.000 millones los recursos regionales, de los cuales 4.700 millones irán directamente a Cataluña. Más del 22 por ciento del total.
El gráfico que desnuda la reforma
Una representación especialmente clara del impacto territorial de estos cambios es el gráfico elaborado por Santiago Calvo para la Universidad de las Hespérides. La figura compara la financiación efectiva por habitante ajustado antes y después del nuevo modelo, tomando como base 100 la media nacional.
Los resultados son inequívocos. Cataluña, el gran objetivo político de Sánchez y epicentro de las demandas separatistas, pasa de 100,9 a 104. La Comunidad Valenciana, otra autonomía clave en el tablero político del Gobierno, avanza desde 94,8 hasta 102,1. Castilla-La Mancha registra un salto extraordinario, de 97,3 a 106,3. Andalucía mejora ligeramente, de 95,4 a 98,8.
En contraste, varias comunidades sufren recortes severos. Galicia cae de 104 a 96,7, convirtiéndose en la región peor financiada bajo el nuevo sistema. Asturias desciende abruptamente de 106,3 a 99,4. Extremadura baja de 112,9 a 99,3. La Rioja pasa de 114,6 a 102,7. Cantabria, la gran privilegiada del modelo actual, retrocede de 127,2 a 111,8.
Madrid se mantiene en un punto intermedio que, sin contexto, podría parecer neutral. Pasa de 98,3 a 100,5. Sin embargo, esta mejora marginal debe interpretarse en paralelo al aumento de la aportación madrileña al Fondo de Garantía, la incorporación de nuevos tributos al cálculo redistributivo y la ofensiva contra su autonomía fiscal. Es decir, Madrid recibe un punto y medio más en el cuadro, pero pagará mucho más de lo que gana.
Diseñado para contentar a quienes sostienen al Gobierno
El nuevo modelo de financiación nace con un propósito político evidente. No corrige las ineficiencias del sistema actual, no refuerza la responsabilidad fiscal ni clarifica los mecanismos de reparto. En cambio, introduce más bilateralidad, más discrecionalidad, más fondos ideológicos y menos igualdad territorial. Cataluña recibe un trato preferente en recaudación, fondos verticales y cálculo de financiación. Galicia, Asturias, Extremadura y La Rioja son enviadas al foso sin una explicación técnica sólida. Y Madrid, una vez más, queda como el gran pagador silencioso del sistema.
En definitiva, la reforma no responde a criterios técnicos ni a una visión de Estado. Es un mecanismo de compensación política diseñado para satisfacer las demandas de quienes sostienen al Gobierno. Cataluña sube. Galicia cae. Y Madrid paga.