Los propietarios de vivienda víctimas de okupas e inquiokupas en España contienen la respiración. Este martes, el Gobierno lleva al Congreso de los diputados la convalidación del decreto ómnibus aprobado el pasado mes de diciembre y en el que el Ejecutivo volvía a mezclar medidas tan dispares como el decreto antidesahucios y la revalorización de las pensiones.
No es la primera vez que el Gobierno utiliza la subida de las pensiones para aprobar al mismo tiempo otras medidas que nada tienen que ver con el colectivo de los jubilados. De hecho, hace justo un año, el Ejecutivo de Pedro Sánchez utilizó la misma estrategia para colar, entre otras medidas, la prórroga del decreto antidesahucios en otro ómnibus. Plataformas de propietarios como la de "Afectados por la ocupación y la inquiocupación" han calificado esta treta de "trampa legislativa" y "chantaje".
Mal pronóstico para Sánchez
"El gobierno ha vuelto a incluir la prórroga de la suspensión de desahucios y lanzamientos dentro de un paquete de medidas urgentes, mezclándola de forma estratégica con pensiones y ayudas sociales necesarias, con el fin de blindar una política que fomenta la impunidad de ocupas e inquiocupas y la desprotección del pequeño propietario" señalaron hace unos días en un comunicado. Sin embargo, todo apunta a que, esta vez, el Gobierno no se va a salir con la suya.
Y es que, PP, Vox y Junts ya han mostrado su intención de votar en contra en el Congreso, precisamente, para hacer caer el polémico decreto antidesahucios, lo que supondría una gran victoria para los caseros del país.
El daño a la propiedad privada
La intención del Ejecutivo de Sánchez era prorrogar hasta 2026 la prohibición de desahucios de okupas e inquilinos morosos (inquiokupas) considerados "vulnerables". Esa dudosa calificación de vulnerabilidad lleva en vigor desde el año 2020 y ha secuestrado las casas de decenas de miles de propietarios en nuestro país causándoles graves daños económicos y psicológicos.
"Están intentando usar las pensiones como moneda de cambio, pero confío en que PP, Vox y Junts van a votar que no, lo que pondrá fin a un decreto que ha obligado a las familias durante seis años a hacerse cargo de sus okupas que, en muchos casos eran falsos vulnerables" comenta a LM el portavoz de esta plataforma.
"Muchos propietarios, en su mayoría particulares, se han arruinado teniendo que asumir el gasto de tener a un okupa en su casa al que además, hay que pagarle la luz y el agua" señalan. Y es que "las indemnizaciones a los dueños afectados aprobadas el año pasado tampoco han llegado" añaden.
El no al ómnibus del Gobierno supondría la reactivación de miles de desahucios paralizados desde 2020. Eso sí, los desalojos no serían inmediatos y debido a la lentitud de la justicia en España prolongaría todavía un tiempo la agonía. El golpe a la seguridad jurídica y al mercado de la vivienda todavía tardará en superarse.