El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con CCOO y UGT (y sin la CEOE y Cepyme), para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, lo que se traduce en 1.424 euros brutos en 12 pagas. Dicho acuerdo tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero, tal y como ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
"No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel. Hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran hoy acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible", ha subrayado Pérez Rey.
Todo esto se ha producido tan solo unas semanas después de que el Ministerio de Trabajo planteara esta subida del 3,1% del SMI para 2026, algo que contamos recientemente en Libre Mercado.
Es el sexto año consecutivo que el Gobierno pacta la subida del SMI con los sindicatos y sin contar con las patronales. Esta subida del SMI, acordada con los sindicatos de CCOO y UGT, supone sumar 37 euros más al mes respecto a la cuantía del año 2025 (que fue de 1.184 euros al mes en 12 pagas) o 518 euros más al año, volviendo a quedar este SMI excluido de la tributación de IRPF.
Estas subidas salariales del SMI se siguen llevando a cabo a pesar de los numerosos informes del Banco de España, y de otros organismos, donde alertan de la destrucción de empleo que se produce como consecuencia de subir tan continuamente el SMI y en las cantidades que se sube.
En este medio nos hemos hecho eco en multitud de ocasiones de informes que cuantificaban la destrucción de empleo que se ha producido como consecuencia de incrementar el SMI de forma tan drástica en los últimos años (aquí un ejemplo).
Dicha reforma, ha precisado el secretario de Estado, se llevará a cabo a través del Real Decreto para la transposición de la directiva europea de salarios mínimos, sin necesidad, por tanto, de rango de ley, pues, al contrario de lo que sostiene la patronal, Trabajo tiene "fundamentos jurídicos sólidos" para hacerlo por esta vía y no mediante un anteproyecto de ley. Por tanto, esta aprobación del SMI no pasará por el Congreso.
Aún estará por ver cuánto empleo se destruirá con esta nueva subida del SMI, unos datos que difícilmente verán la luz a través de organismos públicos como el Banco de España o de la AIReF.
Sin incentivo
La mesa de negociación no ha abordado la propuesta del Ministerio de Hacienda de establecer un incentivo fiscal, mediante una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, dirigida a las empresas para impulsar contrataciones con sueldos superiores al SMI.
Tras reconocer que esta propuesta no era la que quería Trabajo -que aboga por indexar el SMI a los contratos públicos-, Pérez Rey ha explicado que no se ha tratado esta medida en la mesa de esta tarde, pues apenas unas horas después de conocerse y antes de ser formalizada, ha sido tachada de "trilera e intervencionista" por la patronal.
"De manera que el Ministerio de Trabajo ha decidido no someter la propuesta de Hacienda a la mesa de diálogo social por considerar que era una pérdida de tiempo y aquí no estamos para perder el tiempo", ha remarcado.
Para Pérez Rey, lo que demuestra el proceso de negociación que se ha seguido es que desde el Gobierno "no se han escatimado esfuerzos para recuperar el diálogo social" y para establecer un territorio "que fuera más transitable" para un futuro acuerdo entre patronal y sindicatos en materia de negociación colectiva, que Trabajo espera que se produzca.
"Aquí ha habido una voluntad genuina de meter a la patronal en la senda del diálogo social, de los acuerdos, de la mutua comprensión. Hemos hecho todo lo posible por hacerlo y ni aun así ha sido posible. Hemos sido descalificados casi de manera inmediata de trilerismo e intervencionismo. A mí esta situación me apena mucho", ha afirmado el secretario de Estado.