
La inflación sigue siendo uno de los principales problemas económicos de los hogares españoles, y así lo pone de manifiesto el informe anual del Instituto Juan de Mariana dedicado a esta cuestión. En 2025, el IPC se ha situado cerca del 3%, confirmando que los precios continúan aumentando a un ritmo elevado, muy por encima de lo deseable para una economía que arrastra un elevado desempleo estructural. El encarecimiento es aún más acusado en partidas esenciales como la vivienda y los suministros, donde las subidas rondan el 6%, mientras que algunos alimentos básicos, como los huevos, han registrado incrementos superiores al 30% en apenas un año.
En comparación con el resto de Europa, España presenta un peor comportamiento de la inflación. El IPC medio de los países de la Unión Europea ha sido un 25% inferior al español, lo que sitúa a nuestro país en la zona media-alta de la tabla. Si a este diferencial de precios se le suma la elevada tasa de paro, no resulta sorprendente que España lidere el Índice de Miseria, un indicador que combina inflación y desempleo para medir el deterioro del bienestar económico.
El balance de precios bajo el Gobierno de Pedro Sánchez resulta especialmente negativo. Desde su llegada al poder en 2018, los precios han aumentado un 24,2%, más del triple que el 7,2% acumulado durante los años de mandato de Mariano Rajoy. Si se comparan periodos equivalentes de 78 meses, el IPC ha crecido 12,5 puntos más con el actual presidente. En términos prácticos, 20 euros en julio de 2018 equivalen hoy a poco más de 15 euros, reflejo directo de la pérdida de poder adquisitivo sufrida por los ciudadanos.
Según el informe, las subidas de los precios han sido especialmente intensas en bienes y servicios básicos. La vivienda, el agua y la energía se han encarecido más de un 20% desde que gobiernan el PSOE y sus socios, mientras que los alimentos y las bebidas no alcohólicas acumulan aumentos superiores al 40%. Además, mientras que desde 2023 la inflación ha comenzado a moderarse en Europa, en España el proceso se ha enquistado.
El impacto sobre el ahorro de las familias es igualmente severo. El documento del Instituto Juan de Mariana encuentra que, si bien el volumen nominal de los depósitos bancarios ha aumentado en 253.865 millones de euros desde mediados de 2018, su valor real apenas ha crecido en 45.931 millones. De hecho, desde 2022 el valor real de los depósitos ha caído en 28.500 millones, lo que supone una fuerte erosión del poder de compra del dinero ahorrado.
Además, pese a que el Ejecutivo defiende su política económica como redistributiva, los datos disponibles muestran un escenario muy distinto: todos los hogares pierden poder adquisitivo, pero el impacto es mayor cuanto menor es la renta. En paralelo, la renta media de los hogares españoles apenas ha crecido un 0,5% anual en los últimos veinte años, el tercer peor registro de toda la Unión Europea, de modo que el empobrecimiento es generalizado.
El IJM denuncia que "buena parte de esta pérdida de bienestar se explica por el efecto empobrecedor de un gasto público desbocado, que absorbe recursos, desplaza al sector privado y fomenta mercados más intervenidos y menos competitivos. A ello se suman políticas intervencionistas en ámbitos clave como la energía o la vivienda. El resultado es una economía cada vez más castigada por la inflación, con menor crecimiento y un deterioro sostenido del poder adquisitivo, en un contexto marcado por las decisiones de política económica del socialismo gobernante".

