El número de funcionarios en España ha alcanzado niveles históricos. Se trata de uno de los datos más preocupantes de la última EPA: se ha roto la barrera de los 3,6 millones de empleados públicos en las distintas Administraciones de nuestro país entre los pasados meses de septiembre y diciembre.
Así, el número de funcionarios bajo el mandato de Pedro Sánchez ha pasado de los más de 3,1 millones de ocupados que había en el segundo trimestre de 2018 a cargo del erario público, hasta el máximo histórico de los más de 3,6 millones. Es decir, el empleo público se ha disparado en 523.600 personas durante la etapa sanchista.
Cabe recordar que el aumento del empleo público favorece al Gobierno en términos estadísticos debido a que sirve para maquillar sus cifras de empleo. Sin embargo, para la economía productiva supone un problema, ya que son las 18,8 millones de nóminas privadas las que tienen que sufragar este coste. Y no es el único.
Recientemente hemos conocido también otro máximo histórico: el número de jubilados en nuestro país superó en enero los 9,45 millones de personas. Año a año, esta partida no para de crecer. Entre todos cobran más de 10,4 millones de prestaciones porque hay pensionistas que cobran más de una pensión.
Y aquí no acaba la factura. El número de personas que cobran el IMV también está en máximos. En enero superó los 2,4 millones de beneficiarios a lo que habría que sumar el número de personas que cobra la prestación por desempleo, que también superó los 1,8 millones de parados.
En definitiva, hay 18,8 millones de nóminas privadas que tienen que sostener a más de 17,2 millones de personas en nómina pública, algunas, cobrando varias prestaciones. ¿Esto es sostenible? Lo cierto es que se parece más a una bomba de relojería presupuestaria.