El programa de visados de inversores en bienes inmuebles expedidos en España cerró su etapa final con un claro dominio de solicitantes asiáticos y norteamericanos en las concesiones del año 2025.
Este mecanismo, creado por Mariano Rajoy y eliminado por Pedro Sánchez, se conoce popularmente como Golden Visa y permitía obtener permisos de residencia mediante adquisiciones inmobiliarias por encima de 500.000 euros.
En su último balance, los postulantes de China ocuparon la cima, seguidos por los procedentes de Irán y en tercer lugar, ciudadanos de EEUU. Esta configuración refleja un viraje significativo en los patrones de procedencia comparado con períodos inmediatamente anteriores.
Los nacionales de Rusia, que anteriormente figuraban entre los grupos más activos, se ausentaron por completo en estas cifras definitivas. Este cambio responde a restricciones previas implementadas desde 2022 en respuesta a la invasión ucraniana, que limitaron el acceso de esa procedencia a tales beneficios.
Carolina de Manueles Álvarez, Directora General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, firmó la resolución. Libre Mercado obtuvo esta información en exclusiva gracias a una petición formal bajo la Ley de Transparencia. Estos datos marcan el epílogo de un esquema iniciado en 2013 para captar capital durante la crisis financiera. Su eliminación ha suscitado discusiones sobre el equilibrio entre atracción de fondos externos y preservación del acceso a la vivienda para residentes locales. Aunque el volumen de transacciones vinculadas representaba una porción limitada del mercado total, su concentración en áreas urbanas y costeras generaba debates sobre presiones en las zonas de alto nivel adquisitivo.
Distribución por procedencias
El recuento total de autorizaciones por compra de inmuebles a extranjeros alcanzó 414 en 2025, mostrando una amplia variedad geográfica aunque con claras concentraciones en ciertas regiones del planeta.
Los aspirantes procedentes de China lideraron con 150 aprobaciones, lo que representa aproximadamente el 36,23 % del conjunto. En segundo lugar, los originarios de Irán obtuvieron 47 permisos, equivalentes al 11,35%. Muy próximos aparecieron los habitantes de Estados Unidos, con 46 concesiones que abarcan el 11,11%. Los ciudadanos del Reino Unido acumularon 34 validaciones, constituyendo un 8,21% del total. Los mexicanos, por su parte, lograron 21 aprobaciones, que suponen el 5,07 %.
Los filipinos tuvieron 16, los turcos 15, los egipcios 9, colombianos 6, canadienses y ucranianos 5, libaneses 4, argelinos, australianos, bolivianos, chilenos, ecuatorianos, israelíes, paquistaníes y vietnamitas 3, respectivamente, sauditas, indios, kuwaitíes, peruanos, serbios, sirios y taiwaneses 2, respectivamente, y ya con una sola aprobación, argentinos, bareiní, cubanos, emiratíes, indonesios, japoneses jordanos, keniatas, neozelandeses, paraguayos, qataríes y venezolanos.
Los rusos desaparecieron en 2024
En 2024 se expidieron 1.037 visados para inversores vinculados a adquisiciones inmobiliarias, con 532 a nacionales chinos, lo que equivale al 51,3% del total. En este año, los iraníes ocuparon la segunda posición con 87 concesiones, seguidos por filipinos con 64. En contraste, desde 2013 hasta 2023, el total fue de 6.272 permisos de Golden Visa, de los cuales 2.822 correspondieron a chinos (44,99%) y 1097 (17,49%), según datos del medio.
La exclusión de los ciudadanos rusos del programa de Golden Visa en España (visados/autorizaciones de residencia por inversión, incluida la inmobiliaria de más de 500.000 euros) no se produjo mediante una modificación legislativa formal publicada en el BOE que alterara la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
En cambio, se trató de una decisión administrativa y política del Gobierno español, adoptada en el marco de las sanciones internacionales contra Rusia por la invasión de Ucrania.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dictó una orden interna para suspender inmediatamente la concesión de estos visados y permisos de residencia a inversores rusos (incluyendo la vía inmobiliaria y otras inversiones financieras/empresariales). Esta medida se anunció y entró en vigor en marzo de 2022, concretamente alrededor del 15-16 de marzo de 2022, poco después del inicio de la guerra (24 de febrero de 2022).
La decisión formaba parte de las sanciones impuestas por la Unión Europea y se alineaba con recomendaciones de la Comisión Europea para revisar estos programas por riesgos de seguridad, lavado de dinero y posible elusión de sanciones por parte de oligarcas rusos.
LM contacta con una de los últimos inversores
"Fue un proceso lleno de incertidumbre y tensión", relata una inversora hispana residente en Egipto, que logró obtener una de las últimas Golden Visa por adquisición inmobiliaria justo antes de su eliminación definitiva. La solicitante, que prefiere mantener el anonimato, había planificado la operación para 2024, pero todo se complicó cuando, en abril de ese año, durante su primer viaje a España para reunirse con sus abogados, el Gobierno anunció la intención de suprimir el programa. "Mis abogados no podían garantizar que fuera a poder acceder, porque no había información oficial sobre la fecha exacta de cierre", explica.
Durante meses —abril, mayo y junio— permaneció a la espera de una normativa clara, sin éxito. Solo a través de contactos informales de sus letrados llegó el rumor de que las últimas solicitudes podrían tramitarse hasta finales de agosto. Decidió entonces avanzar asumiendo riesgos: firmó el contrato de asesoramiento, obtuvo el NIE en comisaría y comenzó la búsqueda del inmueble.
La inversión, centrada en el centro de Madrid, superó el medio millón de euros exigido (sin contar impuestos, notaría ni honorarios). La compra tuvo que realizarse al contado, con transferencia internacional directa desde el extranjero y sin posibilidad de hipoteca. Trabajó primero con Remax y luego con otros agentes hasta encontrar la propiedad adecuada.
Las mayores complicaciones llegaron después: la inscripción registral coincidió con las vacaciones de agosto, lo que generó demoras. Además, para presentar la solicitud era imprescindible permanecer físicamente en España un mínimo de 31 días hábiles, algo que tuvo que calcular milimétricamente dentro de los seis meses que permite la visa de turista (tiempo que ya había consumido parcialmente en viajes previos para ver propiedades y firmar contratos).
Una vez inscrita la vivienda, regresó a España para entregar la documentación definitiva: seguro médico privado sin copagos (alrededor de 85 euros mensuales), demostración de medios económicos equivalentes a dos años de vida en España (basado en unos 1.650 euros mensuales) y certificados de antecedentes penales de los últimos cinco años, traducidos del árabe al español, legalizados y apostillados. "Todo tenía que ser impecable; cualquier error podía echarlo todo a perder", concluye. Finalmente, tras meses de nervios y trámites, consiguió una de las últimas autorizaciones antes del cierre del programa.