En un ejercicio de equilibrismo político que desafía las leyes de la física y la economía, el Gobierno de España parece decidido a liderar una cruzada contra la energía nuclear, justo cuando el resto de Europa comienza a abrazarla como tabla de salvación. Lo más alarmante no es solo la hoja de ruta del cierre, sino el empeño oficial en rodearse de voces afines para dotar de barniz científico a una decisión que emana del dogma y no de la realidad técnica.
El relato oficial, alimentado por organizaciones como Greenpeace, insiste en que prescindir del parque nuclear no tendrá impacto en la factura. Sin embargo, los datos son tozudos. Cuando la política energética se construye desde el prejuicio, el resultado es una electricidad más cara y un sistema más frágil, como ya se evidenció con apagones previos. Mientras el Gobierno busca informes a la carta, consultoras como Price Waterhouse Coopers (basándose en datos de REE y OMIE) proyectan un escenario desolador: sin energía nuclear, el precio medio del mercado eléctrico en 2024 habría escalado de los 62,9 €/MWh hasta los 99,7 €/MWh, un incremento del 58%.
Este encarecimiento no es una abstracción estadística; se traduce en un ahorro anual de 8.000 millones de euros que España perdería de un plumazo. La factura eléctrica para hogares y pymes subiría un 23%, y un demoledor 35% para la industria, comprometiendo gravemente la competitividad y miles de empleos en el mundo rural.
La paradoja es sangrienta. Mientras España insiste en el cierre, Europa vira hacia la energía atómica tras verle las costuras al modelo alemán. Incluso en el ámbito doméstico, la sociedad empieza a reaccionar. Las recientes elecciones en Extremadura —donde el futuro de la central de Almaraz fue un eje decisivo— mostraron que los partidos defensores de su continuidad (PP y Vox) concentraron más del 60% de los votos. El PSOE, abanderado del cierre a través de figuras como Cristina Narbona, firmó su peor resultado histórico en la región.
Mantener el plan de desmantelamiento hoy es una anomalía histórica. Prescindir de una energía que garantiza el 20% del consumo nacional basándose en dogmas es, lisa y llanamente, un apagón de la razón que pagaremos todos en la factura del mes que viene.