La desesperación en el Gobierno por prorrogar el decreto antidesahucios que exigen Podemos y Sumar, pero que Junts rechaza, ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a llevar al Consejo de Ministros una nueva norma esta semana.
La semana pasada, el Gobierno fracasó en su intento de colar esta medida en un decreto ómnibus , mezclándolo con medidas como la revalorización de las pensiones. Y es que, desde el año 2020, el Ejecutivo tiene prohibidos los desahucios de okupas e inquilinos morosos (inquiokupas) considerados "vulnerables".
Esa dudosa calificación de vulnerabilidad ha supuesto el secuestro de las casas de decenas de miles de propietarios en nuestro país causándoles graves daños económicos y psicológicos. Las exigencias de Junts por acabar con esta situación han llevado a Sánchez esta semana a modificar el polémico decreto vía Consejo de Ministros para que vuelva a ser evaluado en el Congreso.
La nueva propuesta del Gobierno
Tal y como explicó el Gobierno tras el Consejo de Ministros del martes, su nueva propuesta consiste en prorrogar hasta final de año la suspensión de desahucios para "hogares vulnerables sin alternativa habitacional" con la excepción de que, si sus dueños son "propietarios de una o dos casas", sí podrán emprender los trámites legales necesarios para recuperar su propiedad. Esta decisión supone una discriminación de unos propietarios frente a otros.
Tanto es así que, "como novedad, en caso de propietarios de tres o más viviendas no se ejecutará desahucio cuando haya contrato y el propietario no sea vulnerable".
Caos entre los abogados
Sin embargo, la norma publicada en el BOE está generando un caos interpretativo entre abogados y propietarios. Este periódico ha contactado con el Ministerio de Vivienda para aclarar las dudas hasta en tres ocasiones, pero no ha obtenido respuesta. Por un lado, el texto del Gobierno incluye la siguiente disposición transitoria.
Disposición transitoria única. Procedimientos de desahucio o lanzamiento suspendidos. Los procedimientos de desahucio o lanzamiento que se encontraran suspendidos a fecha de 27 de enero de 2026 conforme a lo previsto en los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, continuarán suspendidos conforme a lo previsto en el presente real decreto-ley sin necesidad de nueva solicitud.
En este punto, la Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO) considera que la nueva norma del Gobierno no estaría incluyendo a los 80.000 propietarios afectados por inquiokupas antes del cambio, aunque sean pequeños propietarios. Según declara su portavoz, Ricardo Bravo, a Libre Mercado, "nuestro abogado nos ha avisado de que se puede interpretar que solo y exclusivamente este Real Decreto-ley tendrá efectos en los procesos y lanzamientos nuevos, no en los procedimientos de desahucio y lanzamientos ya paralizados por los que estamos luchando".
En la misma línea va la abogada de Derecho Inmobiliario de AM2 Legal, Marta Martín. La letrada señala a LM que "interpreto literalmente lo que dice. Es decir, que los desahucios suspendidos a fecha 27/01 seguirán suspendidos. A mí ya no me sorprende nada. Cada norma que aprueban está redactada con prisas y sin ningún rigor. La disposición transitoria o bien la han puesto sin pensar o bien está ahí con toda la mala idea". Eso sí, Martín asegura que "yo no me quedaré de brazos cruzados y apelaré al artículo 1.2 si mi cliente tiene 1 o 2 viviendas y exigiré que se le aplique la excepción y se levante la suspensión".
Distinta visión tiene la directora de Le Morne Brabant Abogados, Alegría Cuevas. "En la disposición transitoria yo interpreto que la prórroga de los desahucios continúa, pero sí se aplican las excepciones si tienes una o dos casas, aunque los contratos se hayan firmado antes del 27 de enero".
Un enfoque similar tiene la abogada del departamento de inmuebles de Legálitas, Elena Herranz. "Esa disposición transitoria salvaría a los pequeños propietarios porque dice conforme a lo previsto en este decreto-ley", aunque considera que "la norma es una trampa" por otro motivo.
En el BOE figura que "se introduce como novedad y en atención a la posible situación de vulnerabilidad para los arrendadores, que esta suspensión de los lanzamientos no se aplicará a aquellos arrendadores que sean propietarios de dos o menos viviendas" señala Herranz. "Aquí parece que están condicionando también que el pequeño propietario se tenga que declarar vulnerable, y eso paraliza automáticamente el desahucio hasta que lo demuestre, y además, con los estudios de patrimonio que les hace la Administración, teniendo dos casas, nunca se lo van a declarar" considera.
Incertidumbre entre los propietarios
Mientras tanto, la incertidumbre se apodera de afectados por la inquiokupación como Tamara Jiménez. Esta mujer lleva más de tres años sufriendo a unos inquilinos morosos que se niegan a abandonar su domicilio. "Mis padres alquilaron su piso en Elche a una familia de marroquíes que empezaron a no pagar a tiempo casi desde el principio los poco más de 500 euros de la renta" relata a LM.< 보시면 se ha eliminado el espacio no separable.
"Yo me separé y necesitaba la casa para vivir con mis dos hijos. En el contrato constaba que si algún familiar directo necesitaba el piso se tendrían que ir. Pero esta familia se negó a irse y dejó de pagar por ser vulnerable. Desde entonces, tengo que vivir en casa de mis padres yo en una habitación, ¿quién me ayuda a mí que estoy malviviendo entre cajas y con mis hijos que no tienen ni sitio para jugar?" se pregunta.
Tras la reciente caída del decreto ómnibus en el Congreso, la afectada cuenta que "nos alegramos muchísimo, pero tenemos mucho miedo porque el año pasado pasó lo mismo y luego lo prorrogaron (Sánchez convenció a Junts)". Eso sí, nada más caer la norma, el abogado de la mujer "fue a solicitar el desahucio paralizado al día siguiente, pero nos ha dicho que hay un colapso bestial, que puede ir para 8 meses y que tampoco está la norma clara" lamenta.