El debate sobre la neutralidad de la televisión pública en España quizás nunca ha sido tan intenso. A un lado, los que dicen que siempre ha sido igual (un argumento un tanto peligroso, porque apunta al "y tú más"); al otro, los que acusan a Pedro Sánchez de tomar por asalto RTVE para su engrandecimiento personal; y más allá los que no ven nada reseñable en los Broncano, Cintora, Ruiz o Intxaurrondo.
Un reciente análisis técnico del Instituto Juan de Mariana, "Propaganda y TV pública: midiendo el sesgo izquierdista de TVE" basado en el procesamiento de datos mediante software especializado, revela una desproporción sistemática en el tratamiento de los actores políticos. Los resultados cuantitativos arrojan una conclusión nítida: por cada mención crítica dirigida hacia las fuerzas que integran el Gobierno o sus socios, se contabilizan tres impactos negativos contra los partidos de la oposición. Esta dinámica rompe el principio de equidad que debería regir en un ente financiado con recursos comunes, convirtiendo la fiscalización del poder en una fiscalización de quienes aspiran al mismo.
El informe, que analiza programas de diversas franjas horarias, destaca cómo la carga ideológica impregna incluso la selección de los datos económicos y sociales. La brecha no solo se manifiesta en el tono de las noticias, sino también en el tiempo de intervención concedido a los representantes de distintos espectros políticos. Mientras que los portavoces de la izquierda disponen de una media de doce segundos por declaración (los llamados "totales"), los de la derecha se ven reducidos a la mitad. Esta asimetría se complementa con el uso de terminología estigmatizante; conceptos como "extrema derecha" se aplican de forma mayoritaria al bloque conservador, mientras que términos equivalentes son prácticamente inexistentes para calificar al flanco izquierdo del tablero político.
Presupuesto y contenidos
El modelo de gestión de la corporación pública también suscita interrogantes sobre el uso eficiente del presupuesto público, que ha escalado hasta los 1.200 millones de euros. A pesar de contar con una plantilla cercana a los 7.000 empleados —una cifra muy superior a la de los principales grupos de comunicación privados—, el ente destina más de 230 millones de euros a la subcontratación de contenidos con productoras externas. Esta práctica, una forma de "privatización de la línea editorial", permite asignar espacios estratégicos a productoras afines, desplazando a los profesionales de la casa a horarios de menor relevancia y consolidando una redacción paralela más dócil ante las directrices del Ejecutivo.
La estrategia de programación busca además maximizar el alcance de estos mensajes mediante el denominado efecto arrastre. Eso sí, un efecto arrastre financiado con el dinero de todos los españoles. De esta manera, el uso de grandes eventos deportivos, adquiridos a precios por encima del mercado, sirve como plataforma para derivar audiencias masivas hacia programas de contenido político o de entretenimiento con un marcado sesgo ideológico. En este contexto, el humor y la sátira han dejado de dirigirse hacia quien ostenta el mando para centrarse en la crítica a la oposición, revirtiendo la función tradicional de la comedia como contrapoder. Esta estructura de comunicación se integra en un ecosistema más amplio donde la publicidad institucional y el control de agencias estatales refuerzan un estado de opinión favorable a los intereses del gestor público.
Para comprender en profundidad los datos de este informe y las implicaciones de este modelo mediático, le invitamos a escuchar el episodio de esta semana de Economía Para Quedarte Sin Amigos, en el que nos metemos en este terreno tan pantanoso. Y lo hacemos con un invitado de lujo, Diego Sánchez de la Cruz, coordinador de publicaciones del Instituto Juan de Mariana.