El Gobierno ha aprobado este martes una nueva "estrategia" para el año 2030, bajo el título ‘Estrategia de Desarrollo Sostenible’, con la que supuestamente se pretende "reforzar el estado de bienestar con 100 metas" que pasarían, por ejemplo, por triplicar la inversión en vivienda o aprobar una prestación universal por crianza. Según el Ejecutivo, 75 de las 100 medidas propuestas "amplían los objetivos internacionales con políticas adaptadas a las administraciones, situando a España como un referente del desarrollo sostenible a nivel mundial".
En este sentido, ha resultado especialmente llamativo que, en este conjunto de medidas, el Gobierno haya incluido una prestación universal por la crianza de los hijos con el fin de "erradicar la pobreza infantil más severa a corto plazo". De esta forma, desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy habría confirmado a Europa Press que la cuantía de esta prestación será de 200 euros por cada hijo menor de edad. No obstante, como siempre, este anuncio tiene una letra pequeña que el Ejecutivo no ha detallado.
Letra pequeña de la nueva paga
El Ministerio de Consumo informó este miércoles de que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible. Concretamente, tal y como figura en las referencias de la reunión del Consejo de Ministros, el Gobierno ha aprobado el Informe sobre la Revisión 2025 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, donde se incluye una prestación universal por crianza con el objetivo de que "llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo y acabar con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030".
Ahora bien, el anuncio realizado por el Gobierno tiene una letra pequeña que desde el Ejecutivo no han detallado. De entrada, cabe destacar que este conjunto de medidas tiene como horizonte temporal el año 2030. Al respecto, Bustinduy defendió que la Estrategia de Desarrollo Sostenible "ejemplifica la respuesta de nuestro país a un mundo en el que se suceden las emergencias, las restricciones de derechos y libertades y la involución en materia de transición ecológica".
En este sentido, el ministro de Consumo explicó que "el empeño que hay detrás de la revisión de esta estrategia es un empeño precisamente de reforzar el compromiso de España con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se traduce en la fijación de cuatro grandes retos que tienen que ver con el fortalecimiento del estado del bienestar, que tienen que ver con el desarrollo de un sistema económico circular basado en la justicia social, laboral y ambiental".
Precisamente, profundizando en su exposición de la revisión de esta Estrategia, el ministro Bustinduy detalló que "estos cuatro pilares representan el compromiso renovado de España con la hoja de ruta del desarrollo sostenible y establecen objetivos concretos para el año 2030". Sin embargo, lo cierto es que el actual Ejecutivo no puede tener la certeza de seguir gobernando en el año 2030, dado que en 2027 se celebrarán los próximos comicios.
En cualquier caso, llama también la atención lo difuso del anuncio realizado por Bustinduy. Lo cierto es que en la Estrategia de Desarrollo Sostenible el Gobierno se comprometía a extender la protección a los más vulnerables. De esta forma, incluía la "extensión de la protección social contra la pobreza infantil con voluntad de universalidad y como herramienta para apoyar a las familias en la crianza, prevenir y reducir la pobreza infantil". Además, se señalaba que "se extenderá la protección apoyando a las familias en la crianza, complementando la protección que da el IMV, con otras transferencias sociales y/o beneficios fiscales". Pero no se detalla que la cuantía sea de 200 euros por hijo.
Por su parte, en el informe de revisión de la Estrategia tampoco se explica que esta ayuda vaya a otorgar 200 euros por cada hijo menor de edad a las familias españolas. En cambio, el Gobierno se compromete a "implementar una prestación universal para reducir las altas tasas de pobreza infantil, complementada con el refuerzo del sistema público de educación, sanidad y servicios sociales, y medidas específicas como el Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI) del IMV".
Ahora bien, es cierto que en el año 2024 el Gobierno sí adelantó que la cuantía de esta prestación sería de 200 euros por hijo. Concretamente, en junio de 2024, Pablo Bustinduy defendió incluir en los Presupuestos Generales del Estado una prestación universal por crianza de 200 euros al mes. En este contexto, el ministro de Consumo aseguraba que "igual que hicimos con la subida del SMI o con la reforma laboral, la prestación universal por crianza supondrá también un elemento capaz de dinamizar toda la actividad económica".
No obstante, Bustinduy no ha sido el único ministro del Gobierno de Pedro Sánchez que se ha pronunciado al respecto. Como hemos informado en Libre Mercado, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también ha defendido esta propuesta. Así las cosas, en mayo de 2024, en una entrevista en RNE Díaz anunciaba que tenía intención de incluir en los Presupuestos del año 2025 un permiso por crianza de 200 euros al mes.
¿Cuánto nos costaría?
Con todo, cabe destacar que esta propuesta está relacionado con las conclusiones de un informe elaborado por Unicef, presentado en noviembre de 2025, en el que se detallaba que la pobreza infantil en España podría reducirse 7,1 puntos porcentuales si se aplica la prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo. Según este informe, esta medida ayudaría a sacar de la pobreza a más de medio millón de niños en el país –unos 530.000–.
Al respecto, Unicef sostiene que con una prestación de 100 euros al mes "aumenta la densidad de hogares cercanos al umbral de pobreza, lo que reduce el número de niños, niñas y adolescentes en esa situación". Del mismo modo, explica que "al elevar la prestación a 200 euros/mes, el desplazamiento se intensifica, concentrando más hogares justo por encima del umbral".
No obstante, el organismo admite también que "el efecto adicional presenta rendimientos decrecientes, ya que la mejora relativa es menor en los niveles de renta más altos dentro del grupo beneficiario". Por ello, subraya que esta ayuda "refuerza sobre todo los ingresos de los hogares con menos recursos, con un impacto más moderado en los de renta elevada".
Así las cosas, el informe de Unicef también estima cuál sería el coste de implementar esta medida. Concretamente, el organismo detalla que "con una cuantía fija de 100 euros mensuales por menor (1.200 al año), el coste bruto anual se situaría en unos 9.052 millones de euros a nivel nacional". Asimismo, "con 200 euros mensuales ascendería a 18.103 millones".
Ahora bien, en Libre Mercado hemos informado de que otros informes sostienen que el coste de esta prestación sería aún mayor. De acuerdo con los cálculos presentados en 2024 en un trabajo de la Fundación Iseak, esta ayuda supondría un coste 19.276 millones de euros al año para el Estado español. De esta forma, el Gobierno se gastaría 1.606 millones de euros cada mes para hacer frente al pago de esta prestación.
¿Falta de transparencia?
Así las cosas, desde Libre Mercado hemos tratado de ponernos en contacto con el Ministerio de Consumo para confirmar cuál será la cuantía de esta prestación y conocer los detalles de la propuesta. Sin embargo, ha sido imposible que desde el Ejecutivo aclaren en qué consistirá esta nueva iniciativa y aporten más detalles de los conocidos.
De este modo, tras contactar con la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía del Ministerio de Sanidad, encargada de atender telefónicamente para consultas sobre materias de la competencia del Ministerio de Consumo, hemos sido remitidos a un formulario de contacto que, a pesar de haber sido cumplimentado solicitando el envío del documento aprobado por Consejo de Ministros el pasado miércoles, no ha sido respondido hasta este momento.