El gobierno de Javier Milei ha logrado sacar adelante en el Senado una de las piezas clave de su agenda de reformas: la nueva Ley de Modernización Laboral, que introduce cambios profundos en la regulación del empleo en Argentina y que ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados. La norma pretende corregir décadas de rigidez normativa, altos costes de despido y una litigiosidad laboral que, según el Ejecutivo, ha lastrado la creación de empleo formal.
El texto aprobado supone un cambio de enfoque claro: se refuerza la negociación individual y colectiva frente al corsé de los convenios rígidos, se amplía la flexibilidad en jornadas y descansos y se redefine el cálculo de las indemnizaciones por despido. El objetivo declarado es introducir previsibilidad para empresas y trabajadores, en un mercado laboral caracterizado por la informalidad y la desconfianza mutua.
Uno de los elementos más relevantes es la introducción del Fondo de Cese Laboral, inspirado en la llamada "mochila austriaca". Este sistema permite que el trabajador acumule aportaciones periódicas en una cuenta individual que podrá cobrar al finalizar la relación laboral, ya sea por despido o renuncia. El Gobierno defiende que este mecanismo reduce la incertidumbre y abarata los costes de salida, facilitando nuevas contrataciones.
La creación de un "salario dinámico"
La reforma no elimina de forma automática la indemnización tradicional, pero sí abre la puerta a que, mediante negociación colectiva, se opte por este nuevo modelo. En paralelo, se modifica el cálculo del despido, excluyendo conceptos no mensuales como pagas extras, vacaciones o premios, y se permite fraccionar el pago de la indemnización, especialmente en el caso de pymes, para evitar tensiones financieras severas.
Otro pilar del nuevo marco laboral es la creación de un "salario dinámico". Este concepto rompe con la lógica de salarios uniformes fijados de forma centralizada y permite introducir componentes variables ligados al mérito personal, la productividad o la situación concreta de la empresa. Los convenios dejan de ser un suelo rígido y pasan a funcionar como un marco adaptable a la realidad económica.
En materia de jornada laboral, la ley habilita una mayor flexibilidad: se podrá ampliar la jornada diaria hasta 12 horas, siempre que se respeten los descansos mínimos de 12 horas entre turnos y los límites semanales. Además, se incorpora la posibilidad de bancos de horas y sistemas de compensación voluntarios, algo habitual en economías más flexibles pero hasta ahora muy limitado en Argentina.
Una pérdida de derechos
La norma también busca reducir drásticamente la litigiosidad laboral, uno de los grandes problemas estructurales del país. Entre otras medidas, se establece que, una vez abonada la indemnización, no puedan presentarse nuevas demandas por el mismo hecho, se endurecen los plazos procesales y se refuerza el papel del juez para evitar dilaciones estratégicas.
Las reacciones no se han hecho esperar. Como cabía esperar, los sindicatos y la oposición peronista denuncian una pérdida de derechos y alertan de un aumento de la precariedad, mientras que el Ejecutivo insiste en que se blindan los derechos básicos y que la reforma es imprescindible para reducir la economía informal y atraer inversión. Las protestas en Buenos Aires reflejan la voluntad de los sindicatos de generar toda la tensión posible en torno al proceso de reforma.
No evita la precariedad
Conviene subrayar, en este sentido, que buena parte de las críticas emitidas desde la izquierda parten de una premisa falsa. El marco laboral vigente en Argentina no solamente no ha evitado la precariedad, sino que la ha desplazado hacia la informalidad. Desde hace años, en torno a 4 de cada 10 trabajadores se encuentran fuera del empleo formal, lo que significa que están ocupados en la economía sumergida, donde operan sin cotización, sin protección efectiva y al margen de los convenios que los sindicatos dicen defender.
La rigidez extrema del sistema —con altos costes de despido, inseguridad jurídica y una litigiosidad desbordada— ha incentivado precisamente aquello que se dice combatir: empleo "en negro", contratos simulados y relaciones laborales frágiles. En ese contexto, presentar la reforma como una pérdida de derechos resulta engañoso: los derechos no existen allí donde no existe empleo formal, y es ese fallo estructural el que el gobierno de Milei pretende corregir.
Si la Cámara de Diputados ratifica el texto, Argentina dará un paso decisivo hacia un mercado laboral más flexible y alineado con estándares internacionales. Para Milei, la reforma laboral es inseparable de su estrategia económica general: menos intervención estatal, más libertad contractual y un marco legal que incentive el empleo formal y el crecimiento a largo plazo.