El fenómeno de la inquiokupación se diferencia de la okupación tradicional. En este caso, los inquilinos acceden al inmueble de manera legal mediante contrato, pero luego dejan de pagar el alquiler y los servicios básicos, generando un grave perjuicio económico para los propietarios.
Este es el caso de María José, una pensionista de Madrid que alquiló su casa en Cercedilla con la intención de ayudar a su hija a iniciar una nueva etapa laboral en Francia. Sin embargo, la experiencia se ha convertido en una pesadilla. La familia que okupa el inmueble está formada por una pareja venezolana y su hijo menor, quienes hasta hace un tiempo pagaban con normalidad el alquiler.
Actualmente, los inquilinos llevan 16 meses sin pagar el alquiler ni los suministros, lo que ha generado una deuda que supera los 10.000 euros. María José detalla la magnitud de la situación: "Me encuentro destrozada. Es como si estuviese viviendo un infierno porque siento que no sé qué más hacer, cuánto va a durar esto. Me siento completamente atada de pies y manos", contó en el programa Buenos días Madrid de Telemadrid.
Además del alquiler, la pensionista debe hacerse cargo de los recibos de electricidad y agua, que se han elevado a cifras insostenibles. "Estoy pagando absolutamente todo. De electricidad, el mes pasado fueron 146 euros", relata, y sobre el agua agrega: "Dejan el grifo abierto de forma continuada para fastidiarme, es muy angustioso".
Los daños en la vivienda
El impago del alquiler se suma a la hipoteca que María José sigue afrontando, lo que complica aún más su situación financiera. La propietaria tuvo que trasladarse temporalmente a Francia con su hija, sin poder asumir un nuevo alquiler y ayudando a su hija que está desempleada. "No he podido asumir otro alquiler. Además, estoy ayudándola porque ella es demandante de empleo y no puedo más. Los gastos me están comiendo", explica.
A los problemas económicos se añaden los daños en la vivienda: los inquilinos han roto azulejos y la mampara de la ducha, lo que genera un nivel de estrés adicional para la propietaria. "Me supone una fuente increíble de preocupación, de estrés, de amargura, estoy realmente destrozada. Hay veces que creo que no puedo soportar más", lamenta.
"La Justicia me ha dado la espalda"
María José también ha buscado ayuda en los Servicios Sociales de Cercedilla, pero asegura que no ha recibido apoyo. "No me han atendido, me han dicho que no se puede hacer nada por mí, que acudiese a mi abogado. Su actitud ha sido muy despectiva", denuncia.
La familia inquilina, al tener un menor, se considera vulnerable, lo que dificulta aún más el desalojo. "Según sé, él es 'manitas', pero ahora mismo se ha declarado desempleado. Presuntamente tiene ingresos, son falsos vulnerables", critica María José, quien insiste en su propia vulnerabilidad: "Vulnerable yo que mi salud está muy perjudicada, estoy en tratamiento y ya no puedo más".
Hasta la fecha, la propietaria ha presentado una demanda y trabajado con cuatro abogados, pero asegura que la Justicia avanza muy lentamente: "He tenido que acudir al juzgado cinco veces para asegurarme de que estaban haciendo su trabajo porque no avanzaba para nada, es una tortura porque ha sido tan lento. Tengo la sensación de que la Justicia me ha dado la espalda".