Como informamos en Libre Mercado, a finales del año pasado el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Función Pública, se comprometió a implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado.
De este modo, se preveía comenzar las reuniones en enero, siendo la intención implementar esta reducción de la jornada en el mes de febrero. Finalmente, los funcionarios se beneficiarán de la reducción de la jornada laboral desde el mes de marzo y no se prevé incrementar la contratación para cubrir los servicios esenciales. No obstante, cabe destacar que el empleo público se ha desbordado con Sánchez, superando la barrera de los 3,6 millones de funcionarios.
Menos horas para los funcionarios
Desde el próximo mes de marzo, los funcionarios disfrutarán de una jornada semanal de 35 horas. Así lo aseguran desde UGT Servicios Públicos, que adelanta que a la reducción de jornada en la Administración General del Estado sólo le queda pasar un último trámite en la mesa general –para la que todavía no hay fecha de reunión–.
Del mismo modo, desde el sindicato explican que no está previsto que se tenga que incrementar la contratación al aplicar la nueva jornada. De hecho, como confirman las agencias de comunicación, el Ministerio de Función Pública ya había comunicado a CCOO y UGT, que firmaron el Acuerdo Marco donde se establecían estas medidas, que había iniciado el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado.
En este sentido, el secretario de la AGE de UGT Servicios Públicos, Carlos Álvarez, ha explicado en el encuentro informativo que el problema con la jornada de 35 horas surge en las instituciones penitenciarias y personal docente y sanitario de Ceuta y Melilla, que tienen una instrucción específica y para las que se requiere dar "un paso más". No obstante, desde UGT señalan que la jornada de 35 horas semanales llegará para este grupo en abril.
Asimismo, los sindicatos también están presionando para mejorar sus condiciones de jubilación de las que se beneficiarán los funcionarios. Al respecto, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha asegurado que desde UGT Confederal han trasladado al Ministerio de Seguridad Social que no avanzarán en ninguna materia competencia de este departamento hasta que no se llegue a un acuerdo sobre la situación de la jubilación parcial anticipada del personal laboral.
Concretamente, Araque defiende que "aquí hace falta un desarrollo de un texto por parte de Seguridad Social" y asevera que "este texto no ha llegado todavía". No obstante, la secretaria general de UGT Servicios Públicos ha asegurado que confía en que se puede alcanzar un acuerdo para que el personal laboral pueda disfrutar de este derecho reconocido. En cualquier caso, desde la organización denuncian que esta medida se encuentra "bloqueada" ante la diferente regulación en el acceso que hay entre los empleados públicos de las administraciones y el resto del personal laboral.