La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a agitar el fantasma de la "democratización de la empresa", un eufemismo que, bajo el celofán de la participación laboral, esconde una preocupante voluntad de intervencionismo estatista. Al proponer incentivos fiscales y prioridades en la contratación pública para aquellas compañías que cedan sillones en sus consejos de administración a los sindicatos, el Ministerio no está fomentando la colaboración, sino orquestando una colonización ideológica del sector privado.
El especialista en economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Pinto, ha desmontado punto por punto el nuevo ataque del Gobierno a las empresas, esta vez, mediante la incorporación a los órganos de decisión de representantes de empleados. Aquí, decía Fernando, se desnaturalizan dos aspectos fundamentales. El primero, las vías de representación y comunicación que ya existen entre los trabajadores y la dirección de la empresa. Y el segundo, el del criterio último que debe regir la toma de decisión en una empresa, la persecución de un incremento de los beneficios.
Aunque el Gobierno pretenda suavizar la medida presentándola como una "vía voluntaria" —la zanahoria frente al palo—, la realidad es que estamos ante una extorsión fiscal en toda regla. Utilizar el sistema tributario para premiar un modelo de gobernanza específico rompe la neutralidad del Estado y altera la competencia. No se premia la innovación, la solvencia o la creación de riqueza; se premia la docilidad ante la agenda gubernamental. Es, en esencia, ingeniería social aplicada a la estructura misma de la propiedad privada.
El error de fondo es conceptual y peligroso. La función empresarial no es un ejercicio de asamblearismo, sino una actividad de riesgo donde quien aporta el capital toma las decisiones y asume las consecuencias. Forzar la entrada de agentes externos en los órganos de dirección no "empodera" al trabajador; lo que hace es politizar la gestión económica. La experiencia internacional, lejos de avalar este experimento, invita a la cautela. El tan cacareado "modelo alemán" muestra, bajo un análisis riguroso, una destrucción del valor de mercado de las empresas cercana al 26% y efectos nulos en la productividad. Por su parte, el fracaso del Plan Meidner en Suecia ya demostró que la socialización forzosa de los beneficios solo conduce al rechazo social y al estancamiento.
Si el modelo de gestión sindical fuera intrínsecamente más eficiente, el mercado lo habría adoptado de forma natural a través de las cooperativas. Sin embargo, los datos son tercos: estas estructuras suelen invertir menos y crecer con mayor dificultad. Pretender que el BOE corrija lo que la realidad económica ya ha sentenciado es una temeridad.
En definitiva, la propuesta de Díaz no busca mejorar la vida de los asalariados, sino expandir el control sindical sobre el último reducto de libertad que le queda al creador de empleo. La empresa debe seguir siendo un espacio de eficiencia y libertad, no un laboratorio para nostalgias intervencionistas que solo prometen menos inversión y más burocracia.
Mercados con Pablo González
Tras el repaso a los mercados, Luis F. Quintero ha analizado junto al Consejero Delegado de Ábaco Capital, una de las tesis de inversión que su gestora tiene en su fondo mixto flexible: los bonos americanos ligados a la inflación. Se trata de un activo flexible y capaz de equilibrar y diversificar una cartera ante el temor a un incremento de la inflación.