La expansión de las energías renovables en nuestro país ha visto como se sacrificaban espacios naturales y paisajes a la mayor gloria de la supuesta alarma climática, en un proceso en el que los indicios de corrupción cada vez son más evidentes y que se ha visto con especial intensidad en algunas regiones como Aragón.
Ahora, uno de estos casos se ve bajo la lupa de la Justicia y ya hay imputados dentro del ministerio que dirigía Teresa Ribera: el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha citado como investigados a dos responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por la autorización de la planta solar fotovoltaica TAGUS, proyectada en Alcántara (Cáceres), al apreciar indicios de un presunto delito de prevaricación administrativa.
Los citados son la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenque, y el subdirector Eugenio Domínguez, según ha informado la organización conservacionista Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex), que presentó la denuncia.
La investigación judicial se centra en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable emitida en 2023 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el proyecto promovido por Iberenova Promociones SAU, filial de Iberdrola.
La planta fotovoltaica TAGUS prevé una potencia instalada de 379,97 megavatios pico (MWp) y se ubica en el término municipal de Alcántara, dentro de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ‘Llanos de Alcántara y Brozas’, integrada en la Red Natura 2000 y en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional, reconocida por la Unesco en 2016. En su denuncia, Fondenex cuestiona la legalidad de la DIA al considerar que el proyecto se sitúa en un "espacio especialmente protegido".
El informe "crítico" de Medio Ambiente
El juzgado, cuyo titular es el magistrado José Luis Peinado, solicitó el informe a la Fiscalía de Medio Ambiente. El Ministerio Público ha emitido un dictamen "crítico" con la tramitación ambiental del proyecto y respalda "sustancialmente" los argumentos expuestos en la denuncia.
Según las conclusiones fiscales, la implantación de la planta presentaría "discrepancias" con el Plan Director de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura, que establece que las instalaciones industriales de producción de energía deben localizarse preferentemente fuera de áreas protegidas.
El informe sostiene además que la alternativa seleccionada para la construcción de la planta, basada en criterios económicos, técnicos y sociales, podría resultar incompatible con la Directiva 92/43/CEE de Hábitats y con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Tampoco se informó a Portugal, pese a estar en la frontera
La Fiscalía aprecia también "una posible infracción de la normativa sobre evaluación ambiental" al no haberse comunicado el proyecto al Gobierno de Portugal, pese a su carácter fronterizo, como exigen la Ley 21/2013 de evaluación ambiental y la Directiva 2014/52/UE en casos con potencial afección transfronteriza.
En su informe, la Fiscalía advierte de que el desarrollo de grandes instalaciones fotovoltaicas implica "transformaciones significativas del paisaje", con pérdida o deterioro de hábitats naturales, fragmentación del territorio y reducción de la conectividad ecológica.
Según recoge el dictamen, estas afecciones podrían impactar en especies protegidas presentes en la zona, como el águila imperial ibérica, el buitre negro, la cigüeña negra o el lince ibérico.