Hace tan solo unos días contábamos en Libre Mercado que el Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Hacienda, había contratado los servicios de una empresa "antiokupas" para instalar medidas de seguridad contra la ocupación ilegal en un local comercial de propiedad pública, por un importe de 18.189,28 euros. Este hecho ha llamado poderosamente la atención, ya que se produce al mismo tiempo que el Gobierno y sus socios niegan o minimizan el problema de la okupación.
Sin embargo, si consultamos la Plataforma de Contratación del Sector Público, podemos comprobar que durante el año 2025 la Administración Pública (a través de sus distintas organizaciones) llegó a gastar 722.940 euros en diversos servicios de protección frente a los okupas, ya fuera mediante la instalación de puertas antiokupas, sistemas de alarma u otro tipo de medidas de vigilancia.
A continuación, vamos a realizar un desglose de todos los contratos adjudicados durante el año 2025:
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Un contrato de 491.204,58 euros adjudicado a la empresa Wallner Europa por "suministro de cerramientos antivandálicos para la reforma y/o rehabilitación de las viviendas pendientes de adjudicación (sin inquilino), integrantes del patrimonio de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid".
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Un contrato de 3.993 euros adjudicado a la empresa Soluzone Asistencia por el "suministro e instalación de 6 puertas antiokupa para viviendas y locales con altos riesgos de ocupación" por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura. La unidad encargada del seguimiento y ejecución de este contrato es la Concejalía de Vivienda.
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Un contrato de 72.479 euros adjudicado a la empresa "Wallner Europa" por el "suministro e instalación de puertas de seguridad ‘anti-intrusión’ en las viviendas destinadas a realojamiento temporal efectuadas en virtud de las obras en cuestión en los ámbitos de Regeneración Urbana de la ciudad de Barcelona y del Programa de Regeneración Urbana del Instituto Municipal de Urbanismo de Barcelona, con medidas de contratación pública sostenible. Por parte del Instituto Municipal de Urbanismo de Barcelona, dependiente del Ayuntamiento de Barcelona.
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Un contrato de 31.844 euros adjudicado a la empresa Wallner Europa por el "suministro, en régimen de alquiler, e instalación de puertas y pantallas antivandálicas, así como de sistemas de alarmas y otros sistemas de seguridad para la protección de los inmuebles y otras instalaciones gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez de la Frontera S.A., (EMUVIJESA), en el término municipal de Jerez de la Frontera."
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Un contrato de 123.420 euros adjudicado a la empresa Grupo Torneo Seguridad por el "suministro de puertas antiokupa, arrendamiento de kits de alarma y vigilancia en Viviendas de Protección Pública Básica (VPPV) en Málaga, por parte de la Junta de Andalucía.
Si sumamos todas las cifras enumeradas anteriormente, el total asciende a 722.940 euros.
Como vemos en las descripciones de los contratos, varias adjudicaciones son para el suministro e instalación de medidas de seguridad en viviendas públicas.
Esto pone aún más en evidencia la hipocresía del Gobierno de España al negar o minimizar el problema de la okupación. Si, según ellos, es un fenómeno tan minoritario y residual que apenas afecta a unas pocas viviendas, ¿por qué gastan tanto dinero público en solo un año para blindarlas contra algo que supuestamente "no existe"?
En resumidas cuentas: mientras el Gobierno dice en público que la okupación no es un problema real (o es "minoritario"), en la práctica la Administración Pública contrata servicios de seguridad y vigilancia para blindar viviendas públicas contra ocupaciones ilegales. Porque una cosa es lo que se predica y otra muy distinta lo que se hace a puerta cerrada.