Hay una pregunta que el sistema financiero lleva décadas sin responder: si la energía es el activo más estratégico del siglo XXI, ¿por qué el ciudadano no puede poseerla como posee una acción o un bono? Una empresa española acaba de construir la respuesta.
El mercado mayorista de electricidad en Europa es uno de los más complejos y volátiles del mundo. En los últimos tres años, el precio del megavatio hora en los mercados ibero y centroeuropeo ha oscilado entre valores negativos —cuando la sobreproducción renovable satura la red— y picos que superaron los 400 euros, como ocurrió durante la crisis energética de 2022 desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.
Esta volatilidad no es coyuntural: es estructural. La transición hacia las energías renovables implica una mayor dependencia de fuentes intermitentes —sol y viento— que no siempre coinciden con los picos de demanda. El sistema eléctrico necesita, con urgencia, nuevas herramientas de almacenamiento, flexibilidad y, sobre todo, financiación privada.
El problema es que, a diferencia del petróleo, el gas o las materias primas agrícolas, la electricidad carece de instrumentos financieros accesibles para el inversor no institucional. La electricidad se compra y se vende, pero no se "posee" como activo financiero. Hasta ahora.
Las cifras que explican la urgencia
- La UE se ha comprometido a alcanzar el 42,5% de energía renovable en su mix para 2030 (Directiva RED III).
- La potencia de almacenamiento en baterías instalada en Europa deberá multiplicarse por cien de aquí a 2030.
- La financiación necesaria para esta transición supera los 800.000 millones de euros anuales hasta 2030, según la Comisión Europea.
La estructura dual: cómo funciona KIWIH
Commodities Securitization S.A. ha construido un modelo de dos niveles que operan simultáneamente sobre los mismos activos físicos, con marcos regulatorios distintos y perfiles de inversor complementarios.
En el nivel tradicional, la compañía ha constituido, con la colaboración de Titulización de Activos SGFT, el fondo KIWIH-TDA1, registrado ante la CNMV. Este fondo convierte los ingresos futuros de las instalaciones energéticas en bonos con ISIN español (ES0306006000), destinados a inversores institucionales y cualificados, con un cupón anual del 7,5% y cotización prevista en el segmento MTF de la Bolsa de Viena.
En el nivel blockchain, los mismos activos energéticos respaldan el token KIWIH —denominado ELAT, Energy Linked Asset Token—, desplegado sobre la red BASE, la capa 2 de Ethereum desarrollada por Coinbase, bajo estándar ERC-20. El token tiene un precio fijo de emisión y reembolso de 0,25 euros, con una oferta inicial de 768 millones de unidades. Regulado bajo MiCA como token de utilidad, es accesible a cualquier inversor, sin inversión mínima, con un rendimiento por staking de aproximadamente el 5,5% anual financiado con los flujos de caja de las instalaciones.
Lo que hay detrás: activos físicos, no promesas digitales
Lo que diferencia a KIWIH de la mayoría de proyectos de tokenización no es la tecnología ni la arquitectura jurídica. Es que el emisor no es una plataforma digital ni una entidad instrumental creada ad hoc: es el propietario directo y operador de la infraestructura energética que respalda cada token y cada bono.
Según la documentación registrada ante la CNMV, la infraestructura tiene cuatro componentes: sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) instalados bajo contrato EPC con Energy China International Corporation; instalaciones fotovoltaicas en configuración híbrida; participación en el mercado mayorista de OMIE para arbitrar el diferencial entre precio bajo y precio alto; y prestación de servicios auxiliares a Red Eléctrica de España —regulación de frecuencia y control de tensión—, por los que el fondo percibiría pagos periódicos.
El modelo de negocio es tan sencillo de entender como difícil de replicar: las baterías compran electricidad cuando la producción renovable supera la demanda y los precios caen —a veces hasta valores negativos—, la almacenan y la venden cuando la demanda se dispara. El diferencial entre precio de compra y precio de venta genera los flujos de caja que financian el cupón de los bonos y el staking de los tokens.
La apuesta por la legalidad frente al ecosistema cripto
La mayoría de los proyectos cripto trabajan en los márgenes regulatorios. KIWIH hace lo contrario: ha construido su arquitectura para encajar simultáneamente en dos marcos normativos, uno tradicional y uno emergente, con documentación preparada y presentada ante el regulador.
Por el lado de los bonos, el fondo KIWIH-TDA1 opera bajo la Ley 5/2015. Por el lado del token, se ha elaborado un dictamen jurídico que lo clasifica como token de utilidad bajo el artículo 3(1)(9) del Reglamento MiCA, acogido a la exención del artículo 4(3)(c), aplicable cuando el token proporciona acceso a bienes o servicios ya operativos. El resultado es que el token no es un valor negociable bajo MiFID II ni un token referenciado a activos con obligaciones mucho más estrictas.
Hay, no obstante, un matiz técnico relevante: el token tiene precio fijo en euros, pero se negocia en mercados secundarios contra stablecoins en dólares (USDC), lo que genera un arbitraje que replica el par EUR/USD del mercado FOREX. El dictamen concluye que esta dinámica no convierte al token en un instrumento de estabilización de precios, sino que surge de fuerzas externas de mercado sin intervención del emisor. Es un matiz fino con consecuencias regulatorias de primer orden.
Las preguntas que el mercado tendrá que responder
Toda estructura financiera nueva genera interrogantes legítimos, y KIWIH no es una excepción. El primero es regulatorio: la clasificación del token como utilidad bajo MiCA está respaldada por un dictamen jurídico sólido, pero la CNMV conserva facultades para analizar cada caso de forma independiente. El marco MiCA es reciente y su aplicación práctica está todavía definiéndose en toda Europa.
El segundo interrogante es de mercado. El modelo de arbitraje de baterías es rentable mientras exista un diferencial suficiente entre el precio de la electricidad en horas valle y horas punta. Ese diferencial existe hoy y tiene base estructural, pero su evolución depende de factores externos: la velocidad de incorporación de más almacenamiento al sistema europeo y los cambios regulatorios en el mercado eléctrico.
El tercero es tecnológico, y compartido con cualquier proyecto que opere sobre blockchain: los contratos inteligentes requieren auditorías rigurosas, y la dependencia de oráculos de precios externos introduce una variable que el emisor no controla directamente. Son elementos que el propio proyecto ha identificado y documentado, lo que es en sí mismo una señal de madurez respecto al resto del ecosistema cripto.
Lo que nadie había construido todavía
La gran banca no lo ha construido. Los gobiernos no lo han construido. Un proyecto español que lleva años gestando su infraestructura y ha hecho el trabajo regulatorio dice que sí puede. Si funciona, puede abrir una vía de financiación privada para la transición energética europea sin depender exclusivamente de fondos públicos. Si no, dejará lecciones valiosas sobre los límites de la tokenización en uno de los sectores más complejos del mundo.
Por ahora, Commodities Securitization S.A. tiene lo que la mayoría de proyectos del sector no puede mostrar: un fondo constituido con ISIN registrado, un dictamen legal presentado ante la CNMV y una infraestructura energética documentada en escritura notarial. El siguiente paso es que el mercado decida si eso es suficiente.