El ministro de Desregulación de Argentina, Federico Sturzenegger, ha revelado un cambio histórico en la Ley de Modernización Laboral que transforma por completo la relación entre trabajadores, empresarios y autoridades en Argentina, al tomar la decisión de hacer visible por primera vez la auténtica brecha fiscal que separa lo que cuesta un empleado de lo que realmente cobra una vez se aplican los pagos obligados por Hacienda.
A través del artículo 39, que modifica el punto "J" del artículo 140 de la Ley de Contratos de Trabajo, la nómina incluirá a partir de ahora el coste laboral íntegro. Los trabajadores verán claramente reflejados todos los pagos realizados por la empresa, de tal manera que conocerán su coste laboral íntegro y, a continuación, verán cómo se deducen los impuestos, cotizaciones o tasas que explican la diferencia entre lo que abona la empresa y lo que percibe el empleado, con un desglose detallado de cada partida para que quede meridianamente claro cómo se distribuye la carga fiscal soportada por el trabajador.
El ministro de Milei ha compartido en redes el testimonio del empresario Miguel Zonnaras, presidente de la empresa de alimentos Georgalos, quien declaró en una entrevista lo siguiente:
"Me encantaría pagarle el 100% del coste laboral al empleado y que después vengan todos a sacarle al trabajador la parte que les toca, que negocien con él, van a ver a quién p*tea y a quién deja de p*tear entonces…"
Las declaraciones de Zonnaras han generado un gran revuelo, puesto que se trata de un gigante del sector que da empleo a más de 1.700 trabajadores. Desde el Gobierno han recogido el guante y la Administración Milei ha confirmado que pronto permitirá que los trabajadores vean con claridad absoluta cómo se distribuye su salario real, contribuyendo de esta forma a generar conciencia sobre la verdadera incidencia de los impuestos y evitando que el empresario se convierta en el chivo expiatorio de unos sueldos que esconden una gran carga tributaria que permanece esencialmente oculta, como denunciaba el CEO de Georgalos.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal el 34,6% del coste laboral total se destina al pago de impuestos y cotizaciones que son retenidas antes de que el trabajador llegue a percibir tal fracción del coste laboral que abona el empresario para tenerlo en nómina, de modo que una medida así aflorará más de un tercio del coste laboral que, hasta ahora, se mantiene en la sombra y no resulta explícito, contribuyendo a que las disputas sobre el poder adquisitivo de los salarios se den entre trabajadores y empresarios, dejando a un lado el papel tan significativo que juegan los impuestos y demás exacciones en toda esta cuestión.
Aplicación en España
En 2017 defendí esta propuesta para España en mi libro Por qué soy liberal. Más recientemente, en 2024, el Instituto Juan de Mariana publicó un estudio de mi coautoría, Impuestómetro, en el que volví a poner encima de la mesa esta reforma. Entonces, el máximo responsable de la patronal, Antonio Garamendi, se hizo eco de la propuesta y planteó que la CEOE sería partidaria de avanzar hacia este tipo de transparencia fiscal. El pasado año, el destacado economista Benito Arruñada planteó medidas similares en su aplaudido libro La culpa es nuestra (La Esfera de los Libros, 2025).
En España, la edición de 2025 del Impuestómetro apunta que un sueldo bruto de 30.237 euros lleva parejo el pago de otros 9.243 euros en concepto de cotizaciones sociales a cargo de la empresa, de modo que el coste laboral total es de 39.480 euros. Además, el empleador soportará también una reducción de su salario de 1.959 euros, a razón de las cotizaciones que se anotan al asalariado, así como unas retenciones por IRPF que sumarán 4.720 euros al final del ejercicio, cuando ya se haya completado también su declaración anual por dicho gravamen. De esta forma, aunque el coste laboral es de casi 40.000 euros, la renta disponible después de cotizaciones e IRPF se quedará en poco más de 23.500 euros.