En un mercado malherido como el de la vivienda, con escasez de la oferta, el segundo Real Decreto acordado por el Gobierno de coalición este viernes supone un motivo más de preocupación en el sector. Y es que el texto que Yolanda Díaz ha conseguido sacar adelante incluye una prórroga automática por dos años de los más de 600.000 alquileres que vencen este año y que es motivo de preocupación de SUMAR desde el pasado mes de octubre que empezaron a denunciarlo.
El ala socialista del Gobierno ha acabado cediendo a las pretensiones de los de Díaz, quienes no obstante han tenido que conformarse con un Real Decreto paralelo al de las medidas de escudo social para paliar los daños económicos provocados por la guerra de Irán. Y este segundo texto tienen visos de no ser convalidado en el Congreso cuando se vote, pues PNV y Junts –cuyos votos son necesarios para que salga adelante- no lo apoyan. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de ministros extraordinario ha justificado que en otras ocasiones el Ejecutivo ya ha aprobado esta medida. "Este Gobierno y también el PSOE ha aprobado esta medida en distintas crisis que hemos venido sufriendo, durante la pandemia y durante la guerra de Putin en Ucrania. Ha habido otros momentos en los que efectivamente hemos considerado -el ala socialista- que no había razones que justificaran la prórroga de estas medidas excepcionales pero evidente nos ha sobrevenido una nueva crisis, una nueva guerra", explicaba.
Sin embargo la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha denunciado en un comunicado que este tipo de medidas van a ser "contraproducentes" y agravará la situación del alquiler. "La congelación de rentas o la prórroga forzosa de contratos como medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán pueden agravar la situación del alquiler en un contexto de incertidumbre internacional", advierte. Por eso le pide a las administraciones públicas que "actúen con responsabilidad" ya que la crisis habitacional "no es coyuntural", recuerda. Así mismo el presidente de la FAI, José María Alfaro, ha destacado que "las intervenciones excesivamente restrictivas tienden a retraer la oferta disponible, reduciendo las opciones para los inquilinos y afectando a los colectivos más vulnerables".
Un punto con el que coincide la CEOE, que en un comunicado también ha expresado "su profunda preocupación" por incluir en el segundo Real Decreto iniciativas en materia de vivienda "ajenas a dicho contexto y fruto de una presión política incomprensible de una parte del Ejecutivo", en alusión a SUMAR. Denuncia que suponen una "injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada y generan una preocupante inseguridad jurídica".
Fuentes de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias aseguran a Libre Mercado que precisamente esta inseguridad jurídica e incertidumbre es lo que genera miedo entre los propietarios, los cuales "pueden reaccionar retirando las viviendas del alquiler habitual hacia otras modalidades reduciendo aún más la oferta, que es la principal razón de subida de precios". Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, grupo que jalea a la izquierda española, han salido a celebrar que se vayan a prorrogar los contratos de alquiler vencidos. En la red social X además aseguran sentirse los padres de la idea.
🚨 IMPORTANTE: si tu contrato de alquiler termina en las próximas semanas, se renovará automáticamente 2 años más.
Gracias a nuestra lucha, hemos conseguido que las prórrogas obligatorias se incluyan en el RD anti-crisis aprobado por el Consejo de Ministros hoy.
— Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (@InquilinatoMad) March 20, 2026
Mientras tanto, la CEOE asegura que va a estar vigilante sobre el alcance de las medidas mientras reivindica que se eviten "planteamientos intervencionistas e ideológicos", desde la FAI denuncian que se "aprueben medidas complacientes sin tener en cuenta todas las variables y consecuencias". Por eso exigen claridad.