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La enésima treta de Sánchez con los Presupuestos

España acumula tres años sin Presupuestos Generales del Estado mientras el Gobierno anuncia unos para 2027 que difícilmente podrá aprobar.

España acumula tres años sin Presupuestos Generales del Estado mientras el Gobierno anuncia unos para 2027 que difícilmente podrá aprobar.
Pedro Sánchez, durante su participación en la clausura del 27ª Congreso de JSE. | EFE/Daniel González

Sánchez, acorralado por los casos de presunta corrupción, ha anunciado que presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2027, poniendo en marcha la orden de elaboración de los mismos. Todo ello no es más que un esperpento, un vodevil que no lleva a ninguna parte, porque, aunque finalmente consiguiese aprobar los PGE, no es de recibo empezar la elaboración de los mismos en junio, cuando el techo de gasto no financiero debería estar aprobado el treinta de este mes, cosa que, en cualquier caso, no va a suceder. Como no es de recibo que, de esta manera, ya haya confirmado que renuncia a los de 2026.

Teatro presupuestario

España lleva tres ejercicios sin Presupuestos Generales del Estado y el Ejecutivo da muestras de no tener intención de sacar adelante los de 2027, pese a esta escenificación, que no es más que una distracción, pues si no ha podido aprobar los de los años anteriores, difícilmente podrá conseguir el apoyo necesario para los de un año electoral como es 2027.

El Gobierno da muestras de una gran irresponsabilidad presupuestaria, tanto interna como externa, al jugar con estos temas. Es más, hace un año se atrevió a decir que presentar los presupuestos es "una pérdida de tiempo", argumentando que descarrilarían al no contar con apoyos. Ahora, dice que va a presentar los de 2027, pero que no sabe si conseguirá sacarlos adelante. En definitiva, deja entrever claramente que no tiene apoyos para poder gobernar. De hecho, con la ruptura de hace tiempo con Junts, es inviable que los saque adelante.

Presentar los PGE no es una pérdida de tiempo, sino la obligación legal del Gobierno, y si le son devueltos o ve que no tiene apoyos para sacarlos adelante, entonces debe o dimitir para dejar que se intente formar otro ejecutivo, o convocar elecciones para que pueda salir de las urnas una composición de las Cortes que permita formar un gobierno fuerte, capaz de gobernar, no sólo de estar.

Los PGE son la ley más importante del año, que plasma la política económica del Gobierno, a través de los ingresos y gastos presupuestados. Es, además, imprescindible para marcar el restablecimiento de la senda de estabilidad presupuestaria, esencial para conseguir una estructura económica sana, que se mantenga por sí misma, no por el gasto público creciente, que ahoga a la economía con deuda y más deuda. Adicionalmente, la credibilidad de la economía española no puede ponerse en juego por un desistimiento intencionado de sus obligaciones debido a la debilidad parlamentaria del Gobierno, que no puede sacar adelante casi ninguna iniciativa legislativa. Esta decisión del Gobierno hace un gran daño a la economía española por los siguientes motivos:

1. Los plazos importan, y el no respetarlos resta credibilidad.
2. Si no lo presenta, se debe o a falta de ideas, que nos llevaría a pensar que son incapaces de pensar en una política económica que no sea la del aumento del gasto sin criterio, o a un camuflaje de la realidad de los ajustes, para que los apoyen sus socios.
3. Esto muestra la deriva del Gobierno, sin ideas, sin apoyos y sin capacidad para proponer reformas que saneen a la economía española.
4. Todo ello, resta seguridad jurídica, ahuyenta inversiones y perjudica a la economía y al empleo.

Esta desidia se une a la irregularidad que ya representa el hecho de que tengamos unos presupuestos prorrogados, los de 2023, y que el Gobierno desistiese también de presentar un proyecto para 2024, para 2025 y para 2026. Incumple, así, una de sus obligaciones, que es elaborar un anteproyecto de presupuestos cada ejercicio. Así, desde hace tres años, España está sin Presupuestos Generales del Estado, manteniendo la prórroga presupuestaria que opera en estos momentos.

Ya es irrelevante que presente o no los de 2027, pues ese año será, probablemente, el de la despedida del actual Gobierno y sería ahora más lógico que dejase las manos libres al nuevo Ejecutivo. El Gobierno debe irse, es decir, debe dimitir o convocar elecciones, máxime tras los supuestos casos de corrupción que lo acorralan, pero sólo por su falta de compromiso presupuestario es suficiente para que no continúe. Esa enseñanza se transmite en la primera asignatura de Economía del Sector Público que se cursa en la
carrera, porque la ley de presupuestos, que es la más importante de cada ejercicio, lo es porque es donde se reflejan las directrices de ingresos y gastos del sector público, es decir, la política fiscal del Gobierno, parte fundamental de la política económica. No es lógico ni ortodoxo que un gobierno simplemente esté, por el hecho de que gobernar no puede, ya que la ley que vertebra toda la acción del gobierno, que es la de las cuentas públicas, no puede sacarla adelante. Constituye, así, una anomalía.

Obligación, no opción

El Ejecutivo debe convocar elecciones. Dada la composición del parlamento, sin mayorías factibles, la mejor solución es la celebración de elecciones generales que permitan formar un gobierno fuerte que pueda sacar adelante unos presupuestos. Sin ellos, la confianza en la economía española puede decaer, con las consecuencias negativas que puede tener.

Dicha convocatoria electoral es lo que el presidente Sánchez debió hacer cuando tuvo que renunciar a que hubiese PGE en 2024, en 2025 y en 2026, y es lo que debería hacer ahora, sin esperar a que la legislatura expire dentro de poco más de un año. Su empecinamiento en permanecer sin presupuestos, en definitiva, sin poder articular una acción de gobierno respaldada por la ley más importante del año, está restando credibilidad a España ante Europa.

En conclusión, todo es teatro que trata de tapar la podredumbre que muestra la presente corrupción, con una incapacidad de gobernar manifiesta, en la que no tiene mayoría parlamentaria para gobernar, aunque quizás sí la reuniese para que se denegase un potencial suplicatorio y poder tener sobreseimiento libre en virtud de la ley de 9 de febrero de 1912, que explicaría el empecinamiento en no convocar elecciones no pudiendo gobernar. Sea como fuere, es inaudito que haya gobernado sin presupuestos la práctica totalidad de la legislatura, perjudicando a la economía española.

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