Ya sabemos que la política económica de Sánchez ha sido un desastre, porque se ha caracterizado por su desmedido gasto público, su déficit estructural creciente, su deuda exponencial, sus impuestos asfixiantes y su intervencionismo paralizante.
Todo ello ha provocado una influencia muy negativa en la estructura económica, camuflada en el corto plazo bajo la anestesia del gasto público y de un comportamiento extraordinario del sector exterior, que ya da síntomas de haber llegado al límite superior, pero que ha empeorado mucho el carácter estructural, como digo, de la economía.
Su falta de apoyos, además, junto con la ausencia completa de valores, principios y moral de Sánchez han originado esperpentos como el vivido con la negociación y votación de la reforma fiscal, donde pactó cosas distintas con cada una de las diferentes formaciones de esa amalgama conocida como Frankenstein, que simboliza la imposibilidad de gobernar, elemento que genera incertidumbre.
Todo ello, junto a sus impuestos demagógicos y oportunistas y su persecución a las empresas, ha creado una inseguridad jurídica que hunde la inversión, la cual está ahuyentando de manera acelerada, como se puede comprobar en los datos de contabilidad nacional y en los de inversión extranjera recibida.
Siendo todo eso horrible, el colofón de daños a la economía viene por la supuesta corrupción que asola a España, porque acorrala al Gobierno y a su presidente por todos los flancos: su mujer, su hermano y sus principales colaboradores en el PSOE se encuentran inmersos en procesos judiciales de investigación de presunta corrupción. A ello, ahora hay que añadir la investigación que se cierne sobre el presidente Rodríguez Zapatero, investigado, según el auto del juez, por blanqueo y organización criminal, entre otros presuntos delitos.
Esto es letal para la economía: nunca antes un presidente del Gobierno había sido investigado por corrupción, jamás, de la misma manera que tampoco lo había sido el entorno familiar más cercano de un presidente. Todo ello lastra la economía, porque genera inseguridad.
Si todo lo declarado por Aldama; si todo lo investigado por la UCO y por la UDEF se demuestra que es cierto y puede probarse, entonces, Sánchez y su gobierno no tienen escapatoria del hedor nauseabundo de la corrupción. Como digo, presunción de inocencia, desde luego, la que los socialistas siempre niegan al resto, incluido Ábalos, al que abrieron expediente cuando se sabía del caso mucho menos de lo que ahora puede salpicar a otros ministros o al presidente, pero el cerco de la corrupción se estrecha, cada vez más, en torno al palacio de La Moncloa.
Y la corrupción es letal para la economía. La corrupción es, por sí misma, algo deleznable, que muestra la peor cara de la condición humana, pues se aprovecha del esfuerzo y trabajo de otros. Esto es moralmente repugnante. Da igual de dónde venga la corrupción, no es cuestión de colores ni de partidos políticos: toda es lamentable, nociva y nauseabunda.
El coste económico de la corrupción
La corrupción, además, perjudica, y mucho, a la economía, porque emite una señal no sólo de desaprobación, sino de inseguridad jurídica en los negocios, ya que si para lograr un determinado contrato no sirve la pugna competitiva legal, sino que va a depender de un análisis subjetivo basado en la recomendación de una persona o personas, lo único que logra es ahuyentar inversiones ante la incertidumbre de poder operar legalmente en una economía.
En ese sentido, hay estudios que calculan que el impacto de una corrupción que no sea generalizada, pero que se sobreentienda como necesaria para lograr ciertos trámites, podría afectar a medio punto de crecimiento de la economía en el medio y largo plazo. En caso de volverse creciente, esa corrupción podría llegar a frenar hasta cinco puntos de crecimiento económico, como sucede en muchos países sumidos en la más absoluta de las corrupciones.
Por eso, no es un elemento positivo escuchar, día sí y día también, las sospechas sobre supuesta corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Y mucho menos es ver investigado a un presidente del Gobierno o ver cómo la propia Guardia Civil tiene que entrar en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil buscando expedientes que parece que pudieron ser realizados a agentes por investigar la presunta corrupción del PSOE y del Gobierno. Tampoco es positivo para la economía escuchar las acusaciones directas de Aldama contra el presidente del Gobierno, medio gobierno y la estructura del PSOE, con la acusación de cobro de comisiones, entrega de sobres y petición de un encuentro y foto con Aldama, según la versión de este último, que los socialistas niegan —como negaron el GAL, con aquel "no hay pruebas ni las habrá" de González; como negaron Filesa; como negaron el escándalo de Roldán; el de la Cruz Roja; el del BOE; el de los ERE, ahora perdonados por el Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido; como tantos otros—, pero foto, hay, y todo el entramado turbio, el rescate aprobado a Air Europa y otros elementos poco claros, también, con el de Plus Ultra como guinda de un proceder sospechoso. Presunción de inocencia, desde luego, pero cada vez las piezas parece que encajan más en lo que sería, de confirmarse, un escándalo mayúsculo de corrupción.
Manteniendo, como digo, toda presunción de inocencia, no resulta estético, ni tampoco ético, que la mujer del presidente del Gobierno firmase cartas de recomendación a empresas que después conseguían contratos o subvenciones públicas. Es posible que no haya relación causa-efecto, pero cuando menos estéticamente no da buena imagen, y eso perjudica también al crecimiento económico.
Pero, además, si se consigue que unas empresas desarrollen una herramienta informática para un programa de una universidad y ese programa se registra a nombre de un particular y se comercializa, tampoco parece que sea un signo positivo para la economía.
Un cerco judicial sin precedentes
Del mismo modo, desde el punto de vista tributario, resulta chocante que el partido que más exprime a los ciudadanos a golpe de impuestos esté presidido por una persona cuyo hermano se ha trasladado a Portugal para no tributar en España. Esto no es estético, y siempre se puede argumentar que uno no responde de su familia, pero cuando el sustento de ese familiar es un puesto concedido por una diputación gobernada por el partido del presidente del Gobierno, es todavía más chocante.
Como es sorprendente que la Agencia Tributaria no haya abierto una inspección para comprobar si el hermano del presidente del Gobierno reúne las condiciones para no ser residente fiscal en España, pues una cosa es que resida en Portugal más de 183 días, pero la siguiente condición no parece cumplirla, ya que el grueso de sus rendimientos procede de España, elemento que le haría residente fiscal en nuestro país y que, de ser así, conllevaría el haber cometido una infracción tributaria. Y mucho menos ejemplar es el hecho de que la AEAT emita un informe sin firma para justificar la actitud del hermano del presidente del Gobierno.
Por otra parte, el que dicha persona cuente con un patrimonio importante para un sueldo no excesivamente elevado, es motivo de sorpresa, ya que no parece que existan argumentos que sostengan esa acumulación de patrimonio con esos ingresos.
Probablemente, será un patrimonio lícito, pero nada mejor que explicarlo detalladamente para aparcar toda sombra de duda, porque las dudas sobre corrupción afectan negativamente a la economía.
Además, el hecho de que algunas empresas de la supuesta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas con el sector público se encuentren radicadas en el mismo pueblecito portugués en el que reside el hermano del presidente del Gobierno, tampoco es algo que genere confianza. De nuevo, puede que no haya relación causa-efecto, pero es tal el cúmulo de casualidades, que el tema requiere una explicación bien fundada.
Del mismo modo, y para disipar toda sospecha, debería ser aclarado el número ingente de viajes del Falcon a República Dominicana, con detalle de quiénes iban y qué llevaban esos aviones. Seguro que no habrá nada de extraño en ello, pero si se mantiene ese secretismo se aviva la idea de que hay corrupción detrás, que vuelve a afectar muy negativamente a la economía.
Por último, el juicio de las mascarillas, donde Ábalos y Koldo podrían ser condenados a importantes penas de prisión, señala el lugar poco sano en el que se habían convertido los aledaños del presidente del Gobierno, tanto familiares como profesionales.
Todo ello crea un ambiente irrespirable, donde el presidente del Gobierno debería dimitir o, al menos, convocar elecciones, porque la ciénaga que asola a los alrededores del palacio de La Moncloa es cada vez más extensa; todo, en fin, es desolador y hace mucho daño a la imagen de España y a su economía.
Pensemos que medio punto de PIB de merma económica por corrupción equivalen a unos 7.000 millones de euros de actividad económica y entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo.
Todo ello requiere que se convoquen elecciones cuanto antes. Sánchez no puede seguir en La Moncloa por imagen reputacional de España, y si lo hace, además de dañar la imagen de España, no podrá gobernar. Podrá agotar la legislatura, pero sin apoyos, en auténtica parálisis, todavía mayor que la que hay ahora que hace que lleve tres años sin presupuestos.