El viernes pasado, a las 12:01, Trump demostró su compromiso proteccionista una vez más. Fue entonces cuando su Gobierno empezó a aplicar aranceles de entre 10% y 12,5% a 60 economías del mundo, el Perú incluido. Una de las economías es la de la Unión Europea, por lo que la medida afecta a más de 80 países. Según las autoridades estadounidenses, la orden cubre el 99,4% de las importaciones a ese paíis.
¿Puede el presidente estadounidense erigir barreras comerciales tan extensas sin autorización del Congreso? La ley en la que se basa la nueva medida la han usado él y otros presidentes sin causar mayor cuestionamiento legal.
Antes de intentar responder la pregunta, un repaso de la historia reciente ayudaría. En su primera presidencia, Trump impuso aranceles contra ciertos productos y países, muchas veces alegando motivos de seguridad nacional. Empezó una guerra comercial con China que fue parcialmente resuelta, pero que contribuyó a que Estados Unidos terminara siendo más proteccionista.
Al iniciar su segundo mandato el año pasado, Trump recurrió a una ley para imponer aranceles "de emergencia" contra prácticamente todos los países del mundo. Esa medida no fue constitucional según el fallo del Tribunal Supremo de hace cuatro meses. La ley en que Trump se basó no le dio derecho a gravar impuestos masivos, papel que le corresponde al Congreso. Además, la supuesta emergencia que declaró –el déficit comercial estadounidense– no representaba una amenaza económica y ya era una realidad desde hace décadas.
Inmediatamente tras el fallo, Trump recurrió a parte de una ley vieja para imponer aranceles de 10% a las importaciones del resto del mundo. Eso también fue ilegal porque el propósito de tal sección de la ley era revertir déficits en la balanza de pagos, algo que Estados Unidos no ha tenido desde los setenta. Afortunadamente, según esa ley solo se podían aplicar tales aranceles de manera temporal.
Fue en el momento que caducaron la semana pasada que Trump aplicó los aranceles nuevos. Pero las nuevas barreras comerciales son absurdas y también parecen ser ilegales. Aun así, no está claro que los tribunales fallarán en contra del Gobierno esta vez.
Las nuevas medidas de Trump se basan en otro aspecto de la ley comercial que autoriza al Gobierno a investigar prácticas comerciales injustas. Si los encuentra, puede aplicar sanciones. En este caso, el Gobierno de Trump dice que los países afectados no han hecho lo suficiente para prohibir el trabajo forzoso.
Pero el Gobierno estadounidense no explica bien cómo determinó estas violaciones en los distintos países. Un resultado es que Suiza, Japón y Noruega están sancionados de la misma manera que Rusia, Angola y Kazajistán. Según el experto comercial Scott Lincicome, las conclusiones del Gobierno fueron predeterminadas. Típicamente demora largo tiempo hacer una investigación sobre un paíis y se produce un análisis detallado. No fue así en este caso. Además, el Gobierno estadounidense no da ninguna explicación de cómo un paíis puede ser removido de la lista si mejora su comportamiento o se comprueba que no se está aprovechando de trabajo forzoso.
El Liberty Justice Center está demandando al Gobierno, al que acusa de actuar "de forma arbitraria y caprichosa al imponer aranceles prácticamente uniformes a 60 economías sustancialmente diferentes, sin ofrecer una explicación razonada y basada en pruebas sobre cómo dichos aranceles abordarían las prácticas identificadas" por el Gobierno.
En el pasado, las cortes le han dado al Ejecutivo mucha libertad de actuación respecto a la medida legal a la que Trump está recurriendo. Independientemente de cómo fallen en este caso, el activismo proteccionista constante de Trump está garantizado.
Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 28 de julio de 2026.