No acabo de entender esa regla, a modo de principio diplomático, que consiste en presentar siempre un gesto amable cuando puede haber razones sobradas para mostrarse antipático, desagradable e incluso grosero, dadas las circunstancias que acompañan a las buenas palabras y que, en demasiadas ocasiones, terminan por vaciarlas de contenido. En este momento tengo en mente el discurso público de nuestras relaciones —es decir, las de España— con la Unión Europea, de la que formamos parte.
Sin embargo, nuestra historia más reciente debería llevarnos a preguntarnos si somos realmente conscientes de nuestra responsabilidad, como país miembro de la Unión, a la hora de presentar propuestas para los planes que se aprueban en el seno de la Comunidad y que, una vez concedidos y con los correspondientes fondos asignados, terminan con frecuencia en una renuncia o incluso en una devolución por incumplimiento.
Y, dado que no se trata de una rareza, pues ya se han producido renuncias y devoluciones en los créditos asignados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, donde las renuncias llegaron al setenta y cinco por ciento de los créditos asignados —unos 60.000 millones de euros—, resulta obligado preguntarse qué ocurre para que nuestras propuestas fenezcan con tanta rapidez.
Algo semejante a lo ocurrido con esos fondos se ha repetido nuevamente con los fondos comprometidos en los programas Kit Digital y Kit Consulting, dirigidos fundamentalmente a las pymes y los autónomos en el ámbito de la digitalización.
El volumen ejecutado del presupuesto propio del programa Kit Digital superó los 3.600 millones de euros, sobrepasando en quinientos millones la cifra asignada presupuestariamente. Sin embargo, las renuncias producidas en 2025 a las ayudas concedidas superaron el setenta por ciento, con un importe superior a los 525 millones de euros.
Análogamente, los beneficiarios del Kit Consulting renunciaron a unos 83 millones de euros, casi la mitad de lo adjudicado. Con la particularidad de que, en este caso, el programa incorporaba también una función asesora para el beneficiario. Menos mal.
Resultado semejante tuvieron los bonos destinados a subvencionar el acceso a internet de las pymes. De los 7,3 millones de euros concedidos, se devolvieron 4,4 millones; es decir, un 60,27 por ciento de lo concedido.
Aunque la peor fortuna, sin duda, cabe atribuirla a los 13 millones de euros concedidos para el desarrollo de proyectos relacionados con la incorporación y el desarrollo de la inteligencia artificial. Todo ese dinero fue devuelto.
Pese a ello, el Gobierno, erre que erre, sigue pretendiendo que las pequeñas y medianas empresas incorporen nuevas tecnologías y, muy particularmente, que estén dispuestas a incorporar la inteligencia artificial a su actividad empresarial, en su sentido más amplio, con vistas a su desarrollo en 2027.
También sería posible que ocurriera lo que sucede en otros menesteres: que el regulador que estrangula un mercado —el de la vivienda en España— sea el mismo que después pretende re-regularlo para resolver los problemas de escasez de viviendas que él mismo ha contribuido a generar mediante la regulación, con el consiguiente aumento de los precios, tanto de la propiedad como del arrendamiento.
Y de las miles de viviendas a precios socialmente asequibles que prometió ofrecer el presidente Sánchez, ¿qué se sabe? Nada. Aún no hemos visto la primera, eran solo promesas…