La coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, ha negado que existieran irregularidades en los contratos de compra de material sanitario al comienzo de la pandemia del covid-19 que suscribieron con los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina.
Collado era la encargada de compras de José Luis Martínez-Almeida al inicio de la pandemia y fue la persona que pactó directamente con Luceño los contratos a través de la empresa malaya Leno por valor de 11,9 millones de euros. Luceño y Medina están siendo investigados en el Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid por presuntos delitos de estafa, falsedad y blanqueo de capitales de en la venta del material sanitario al consistorio madrileño a comienzos de la pandemia a cambio de comisiones de 6,6 millones de dólares supuestamente pactadas con el proveedor malasio.
Fuentes presentes en la declaración consultadas por Libertad Digital aseguran que Elena Collado ha declarado como testigo durante más de cuatro horas este viernes ante el juez Carretero y ha ratificado su declaración inicial que realizó ante la Fiscalía Anticorrupción.
Collado ha asegurado que desde el Ayuntamiento de la capital no se denunció los contratos de Luceño y Medina porque no vieron "ningún indicio de irregularidad". Además, ha destacado que fue la mejor oferta en tiempo y forma, y que estos empresarios conseguían producir y servir el material antes que otros proveedores.
Además, ha asegurado que tampoco se denunció el lote de guantes de nitrilo defectuosos porque la empresa Leno devolvió el dinero. También ha negado que existiera "trato de favor" y que con Medina sólo intercambió dos correos electrónicos y el resto de la negociación la cerró con Luceño.
El juez para los pies al PSOE
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que durante el interrogatorio el instructor ha tenido que parar los pies a las acusaciones populares personadas en la causa, especialmente al PSOE, que han bombardeado a la testigo con numerosas preguntas impertinentes que intentaban implicar al Ayuntamiento de Martínez-Almeida en presuntas ilegalidades.
La declaración de Elena Collado ha tenido lugar después de que el juez rechazara el intento de las acusaciones populares de suspender la comparecencia alegando que no habían recibido la documentación requerida al Consistorio madrileño en relación a los correos que llegaron en esas fechas con las ofertas de distintos proveedores de venta de material sanitario.
Entre lo aportado por el Ayuntamiento, figuran los correos que envió Luis Medina al correo genérico de la Coordinación General de la Alcaldía, en cuyos mensajes se constata que el trato que recibió era como cualquier "otro proveedor". También aparece un listado de correos de otros proveedores distintos a los agentes de la empresa malaya Leno.
En un escrito, el Ayuntamiento de Madrid alegó que Collado debía acudir como testigo al no justificarse "la existencia de indicios de criminalidad" contra ella. Según la acusación particular, "de las declaraciones practicadas hasta ahora se desprende que no existía entre ellos (Luis Medina y Alberto Luceño con Collado) relación previa alguna".