Los ordenadores de los abogados penalista y fiscalista que llevan la defensa penal y la inspección fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, fueron hackeados en la tarde del martes 2 de abril para hacerse con los emails cruzados con su cliente, "presumiblemente para descarga y/o extracción de ficheros adjuntos con cientos de páginas". Así consta en la denuncia presentada en las últimas horas en los Juzgados de Plaza de Castilla.
Los abogados consideran que los hechos denunciados son constitutivos, "al menos", de un delito de revelación de secretos previsto y sancionado en los artículos. 197.1, 197.2 y 197 bis del Código Penal, afectando a los derechos fundamentales de Alberto González Amador, a la intimidad - artículos 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), 18.1 de la Constitución Española (CE)-, a la protección de datos de carácter personal -artículos. 8 CEDH, 8 CDFUE, 18.4 CE- y al derecho de defensa -artículos. 6.3 CEDH, 48.2 CDFUE, 24.2 CE-.
Según relatan en su denuncia, las dos cuentas de correo recibieron en la mañana del día 2 de abril, a las 11 horas 39 minutos, un correo electrónico enviado desde el correo personal de González Amador, correo que fue respondido a las 12h y 11 minutos. Pero unas horas después de haberse recibido y respondido el correo, durante la tarde del día 2 de abril, esos correos desaparecieron de los sistemas informáticos para, transcurridas unas seis horas, volver a reaparecer en los sistemas, ya el día 3 de abril, a las 00 hora y 09 minuto3.
Al percatarse de estos movimientos, los hechos fueron puestos en conocimiento de un perito informático quién, tras analizar preliminarmente los sistemas, determinó que "se había sido objeto de un ciberataque", que había afectado a los correos mencionados del día 2 de abril de 2024, "no teniendo transcendencia al resto de correos ni buzones corporativos". Y que éste habría consistido en la retirada de información, contenida en estos emails, de los sistemas, "presumiblemente para su descarga y/o extracción de ficheros adjuntos con cientos de páginas" para "posteriormente volver a ser entregados al buzón de correo de los usuarios, no levantando de esta manera sospechas sobre las actuaciones realizadas".
Asimismo, informan de que se ha pedido ayuda a Microsoft para que facilite la información de la que disponga; cuando eso suceda, se aportará "en formato pericial" al juzgado, también las conclusiones del perito "así como las posibles vías para la culminación de la averiguación de los hechos y responsables", pero por ahora, añade la denuncia, se ha podido garantizar que los correos "fueron entregados, posteriormente eliminados y vueltos a entregar (simulando haber tenido una única entrega)" y que este tipo de técnicas "son comúnmente utilizadas cuando un tercero quiere acceder a determinada información hackeando un sistema y dejando el mínimo rastro técnico posible del acceso", de ahí que accedan, trasladen la información para su consulta y, posteriormente, la vuelvan a dejar en el sistema.
Según fuentes consultadas, y en relación a este último punto que se señala en la denuncia, el perito trasladó a los afectados que la manera de proceder en el hackeo ha sido "muy sofisticada" y "sólo al alcance" de muy pocos.
Ayuso interpela directamente al Gobierno
La información sobre esta denuncia fue facilitada desde la Puerta del Sol. Así, y durante la rueda de prensa que ofreció la presidenta madrileña tras firmar un convenio de colaboración con el alcalde José Luis Martínez-Almeida, fue preguntada por cómo se conjuga el que defienda que se trata de un caso de un particular y el hecho de que sea su gabinete el que difunda esta noticia.
Ayuso explicó que, efectivamente, ella no puede responder por González Amador porque los madrileños no le han elegido para que se "comporte como novia". Pero, sin embargo, sí puede mostrar su "preocupación" por lo que está sucediendo, algo que pueden hacer "todos los gobiernos, todas las administraciones y cualquier ciudadano" ya que "se supone que el Estado está para proteger a todos y cada uno de los ciudadanos y aquí está ocurriendo todo lo contrario". Por tanto, añadió, "no se trata de un particular sino del Estado de derecho".
"La sensación que tengo es que todo ciudadano que sea incómodo para este Gobierno tendrá que tener enfrente o contra él a todos los poderes del Estado y será despojado de sus derechos", algo que ya "estamos viendo", señaló.
En este punto, la presidenta pasó a relatar lo que ha sucedido desde que este asunto salió a la luz: la Fiscalía "no ha protegido un expediente" que se "ha esparcido convenientemente por determinados medios de comunicación"; se "ha revelado" su estrategia de defensa, algo por lo que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid así como asociaciones de fiscales pusieron "el grito en el cielo"; "está siendo condenado sin un juicio", y "se están vertiendo todo tipo de difamaciones por los medios"; "la ministra de Hacienda, lejos de cumplir con sus obligaciones de sigilo con respecto a un contribuyente, lo ha cacareado, y, luego, desde todas las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, ministerios, delegado del Gobierno y todo aquel que ha considerado, han comenzado a esparcir informaciones sobre un ciudadano particular a quien se le niega su derecho a la defensa".
Por tanto, para Ayuso, es una cuestión que "va más allá de un particular" y esto le lleva a "no" comportarse como pareja sino "como representante político" que "exige al Gobierno que garantice que todos los españoles sean tratados por igual ante la ley, aunque algunos de esos particulares tengan una relación sentimental con un adversario político".
Así las cosas, la presidenta pidió que se depuren responsabilidades y "que se sepa qué ha sucedido porque estaríamos ante un hecho gravísimo".