La presidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado este miércoles las novedades del programa Mi Primera Vivienda, para facilitar el acceso a una hipoteca a los jóvenes que quieran adquirir una casa y donde se ha anunciado que la edad se amplía hasta los 40 años. Isabel Díaz Ayuso ha destacado que este plan está dirigido a personas, especialmente "jóvenes solventes y con empleos fijos que no disponen de ahorro y tienen grandes dificultades para afrontar la compra, pasando largos años con alquileres". Se trata de una iniciativa que apoyan ya siete entidades bancarias y que ha beneficiado desde su puesta en marcha a más de 2.000 madrileños, informa la Comunidad de Madrid.
Durante el acto de firma del aval número 1.300, en la sala Antonio Palacios de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la capital, la jefa del Ejecutivo autonómico ha destacado como principales avances la ampliación del límite de edad para acceder al proyecto, pasando de los 35 años a los 40, y el incremento del porcentaje avalado que pasa del 95 al 100%. Las medidas aprobadas entrarán en vigor mañana, jueves, a partir de su publicación en el Boletín Oficial regional de la modificación de la Orden.
Igualmente, Díaz Ayuso ha anunciado que Mi Primera Vivienda también se amplía a familias numerosas o monoparentales o por nacimiento de un hijo y adopción, en estos casos sin restricciones de edad. Este refuerzo estará acompañado por un presupuesto de 25 millones de euros en 2024, que se suma a los 36 ya invertidos desde 2022, posibilitando la concesión de 235,5 millones en préstamos hipotecarios, con una cuantía media de 184.187 euros.
Esta iniciativa es un programa de colaboración público-privada del que forman parte el Banco Santander, Caixabank, Ibercaja, Kutxabank, Abanca, Unicaja e ING. Además, es una medida que se integra en la Estrategia de Protección de la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y Conciliación para el periodo 2022-2026, ya que favorece tanto la emancipación como la formación de una familia.
Los interesados en acceder a Mi Primera Vivienda tienen que ser mayores de 18 años y, a partir de ahora, no superar los 40. Igualmente, debe tratarse de la primera adquisición de un piso al que opten en régimen de propiedad y acreditar residencia legal en la Comunidad de Madrid, de manera continuada e ininterrumpida, durante al menos las dos anualidades inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud
Rechaza la intervención del Gobierno en la vivienda
La presidenta defendió su modelo ante la preocupación por la vivienda, que es "una prioridad" para su Gobierno. "Estamos defendiendo un marco de colaboración público-privada donde se garantiza el acceso a la vivienda, pero respetando la propiedad la libertad y sin intervencionismo ni ocurrencias políticas que lo único que están haciendo es aún multiplicar más los problemas".
Ayuso arremetió contra la la Ley Estatal de Vivienda de 2023, que "ha provocado un descenso de la oferta de pisos y ha incrementado los precios de manera desorbitada, ha disparado la ocupación y ha generado todavía mayor inseguridad jurídica", que es "la condición mínima para vivir en libertad y para servir al interés general. Si se perjudica esta seguridad jurídica y al Poder Judicial, se hunde la empresa, la vivienda, la prosperidad".
Así las cosas, ha incidido en que "no se puede intervenir la vivienda ni el mercado, tampoco mercado laboral, la Justicia, los medios de comunicación. No se puede hacer esto al servicio de las administraciones no podemos hacerlo porque una democracia liberal necesita unas instituciones fuertes, unos contrapesos, unos contrapoderes donde no puede haber autoritarismo y tampoco arbitrariedad en la toma de decisiones". Si esto no es así, "primero empiezas la decadencia y después llegan problemas todavía mayores como estamos viendo allá donde se aplican estas normas. Creo que no hay que prohibir por prohibir, ni limitar sin más, sin criterio".
Contra los planes sobre los pisos turísticos
En este punto, Ayuso trajo a colación la ofensiva del Gobierno contra los pisos turísticos. También de la oposición madrileña, muy especialmente de Más Madrid. "Evidentemente tiene que haber una regulación, una intermediación y una seguridad, pero no puede haber una prohibición total, como se pretende ahora, puesto que el problema va a ir a mayor si los propietarios de los pisos no se atreven a poner su vivienda en alquiler por la inseguridad jurídica que crean las nuevas normas y el intervencionismo de las administraciones".
La presidenta auguró que llegará un momento en que "los dueños no van a querer comprar viviendas para ponerlas en alquiler y vamos a hundir todavía más la oferta y, por tanto, disparar los precios". Así, considera que "hay que regular las cosas de manera comedida, con contrapesos, preservando la seguridad y la convivencia en las viviendas, el descanso vecinal, pero también teniendo en cuenta las nuevas formas de turismo las nuevas necesidades de los propietarios"
"Y teniendo en cuenta a su vez la oferta hotelera de España, que es de primera calidad, de las mejores del mundo, y que sabe solucionar estos problemas por sí sola. Eso lo sabe hacer la empresa cuando no está tutelada y dirigida, sino cuando se la acompaña y se le dan herramientas para salir adelante. Esto es lo mismo que creo que debemos hacer con la vivienda, no prohibir a cada problema sino todo lo contrario: dar flexibilidad confianza y seguridad".
Gratuidad de los servicios del ‘Plan Alquila’
Asimismo, la presidenta anunció también la extensión de la gratuidad de los servicios de su Plan Alquila a todos los propietarios que arrienden un piso con el objetivo de incentivar este servicio y, además, facilitar el aumento en la oferta del mercado de alquiler de viviendas en la región. Ayuso explicó que esta herramienta de intermediación "reduce los trámites y da garantías y confianza que falta muchas veces a los dueños de los inmuebles y a los arrendatarios".
Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una modificación del catálogo de precios públicos, de la que ya disfrutaban desde 2022 los caseros si los inquilinos eran menores de 35 años, por la que se amplía a todas las edades y que les supondrá un ahorro de 190 euros que hasta ahora los propietarios abonaban por contrato.
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