El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos que el Gobierno de Pedro Sánchez presentó contra las leyes Trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid coincidiendo con la celebración del Orgullo y ha suspendido varios artículos, como el que exigía a los menores trans informes y acompañamiento psicológico para iniciar un tratamiento de transición. La suspensión cautelar automática viene impuesta por la Constitución y la LOTC cuando el recurso de inconstitucionalidad contra una ley autonómica lo plantea el Gobierno (art 161.2 CE y 30 LOTC).
El Ejecutivo central llevó ante la corte de garantías diversos preceptos de esas dos normas autonómicas al considerar que vulneran la Constitución, son contrarios a los derechos fundamentales, suponen una "patologización" de los menores e invaden competencias exclusivas del Estado.
Al admitir a trámite su recurso este jueves, el pleno del Tribunal Constitucional suspende la vigencia y aplicación de los artículos impugnados, entre los que figura el que abre la puerta al asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica, que el Ejecutivo estima que supone una excepción a la prohibición absoluta de las terapias de conversión.
El TC ya estaba estudiando la constitucionalidad de la ley trans madrileña, después de que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recurriese el inciso que establece como "requisito necesario" para iniciar el tratamiento farmacológico que los menores "reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil" y si existe comorbilidad -dos o más enfermedades al mismo tiempo-, recibir un informe médico favorable. Como el Defensor, también el Gobierno cree que este precepto supone una "patologización de los menores" y choca contra los derechos reconocidos en la ley trans nacional.
Al anunciar el recurso, la titular de Igualdad, Ana Redondo, consideró también "claramente discriminatorio" que la norma detalle que las personas trans pueden usar espacios o equipamientos "sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres". Una cita que para la ministra da a entender que las mujeres trans ponen "en peligro los derechos del resto de mujeres".
El TC también estudiará esa parte de la norma y analizará si, como dice el Gobierno, ambas leyes madrileñas invaden competencias exclusivas del Estado al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos sancionadores, incluso cuando representen a una víctima o perjudicado con su permiso explícito. El Ejecutivo cree que las mencionadas leyes, aprobadas en 2023, modifican dos leyes autonómicas previas en un sentido regresivo para los derechos de las personas LGTBI.
"Respeto a la Constitución, primando el interés de los menores"
Tras esta decisión, la presidenta madrileña ha defendido la constitucionalidad de la norma y el interés de los menores por encima de todo. "Nuestras reformas de las leyes Trans y LGTBI se han hecho desde el respeto a la Constitución", afirma Isabel Díaz Ayuso en X, antes Twitter. "Siempre primando el interés de los menores, para que en las decisiones irreversibles que tomen cuenten con la asistencia de profesionales", añade.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, también se ha pronunciado sobre la decisión del tribunal en un audio remitido a los medios, en el que que acata la decisión del juzgado pero insiste en que es una "ley plenamente constitucional que responde al criterio de las sociedades médicas y de los profesionales, entre otros, de la pediatría y la salud mental". "Este Gobierno regional va a proteger siempre a los menores, va a acompañarles junto a sus familias ante un proceso que puede ser irreversible y, sobre todo, para que primen los criterios profesionales y la ciencia frente a la ideología".
Tanto desde el Ejecutivo autonómico como el PP madrileño acusan al Gobierno y, en concreto, a la ministra de Igualdad de faltar a la verdad cuando anunció el recurso. "Es un nuevo bulo del Gobierno de Pedro Sánchez y una nueva forma de tratar de confrontar con el Gobierno de la Comunidad de Madrid. (…) La ministra mintió, no se ha presentado ningún recurso contra las terapias de conversión" porque éstas "están prohibidas", aclaró el portavoz y consejero de la presidencia, Miguel Ángel Martín.
En el Gobierno madrileño causó una honda sorpresa esta decisión. "No sé quién puede estar en contra de que los menores puedan recibir asesoramiento experto, técnico, y no doctrina o ideología cuando tienen que someterse a un proceso tan complejo como es éste", señaló el portavoz.
La portavoz parlamentaria del PP en la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea, Mónica Lavín, lo resumió así después de conocer el recurso de inconstitucionalidad: "Las mentiras de la ministra de Igualdad". Lavín, encargada de defender la reforma en el Parlamento madrileño, explicó que "es mentira que las terapias de conversión las prohíban ahora con este recurso. Las terapias de conversión ya estaban prohibidas y lo seguían estando con nuestra reforma, expresamente".
La también secretaria de familia de los populares madrileños se mostró asombrada por que Redondo presente como "un avance" que ya no se requerirá informe psicológico ni psiquiátrico para iniciar el tratamiento en menores, algo que "contraviene" todas las reivindicaciones de sociedades médicas y científicas, de las familias y de los propios interesados, que venían clamando dicho acompañamiento, y la descriminalización de la actuación de los médicos.
Lavín también consideró que con esto se da la espalda a la evidencia científica y a los últimos estudios conocidos en Reino Unido, que está conduciendo a cambiar las legislaciones para garantizar un abordaje más sensato, en aras de la protección de la infancia. Para la diputada del PP en la Asamblea, el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez con este recurso es claro: "Usan este asunto para ganar réditos políticos y tener algo que enseñar en la semana del Orgullo".
"Esto era el verdadero avance, señora, y ese debía ser también el compromiso del Gobierno: el de la protección de la infancia y de la mujer, especialmente de los más vulnerable, y no el fanatismo sectario de sus organizaciones afines", le indicó a la ministra.