El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no se va a quedar de brazos cruzados ante el plan aprobado este martes en el Consejo de Ministros contra los medios de comunicación. Así lo anunció nada más arrancar su rueda de prensa de los miércoles el portavoz y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García. "Seremos una vez más los gobiernos autonómicos, y en particular el de la Comunidad de Madrid, el que sí le ponga límites al presidente Pedro Sánchez y defenderemos en los tribunales o donde corresponda todo aquello que entendemos que invade nuestras competencias o que atenta contra la Constitución, el Estado de derecho y contra los principios constitucionales".
"No callaremos ante un nuevo atropello del presidente del Gobierno", subrayó García, que calificó el llamado Plan de Acción por la Democracia como "Plan de Degeneración Democrática". "No tiene otros objetivos que tratar de controlar a la prensa libre". Así, es un "Plan de Censura" no visto en España "en muchísimas décadas".
Aún es pronto para tomar cualquier tipo de acción puesto que su estado es todavía embrionario por lo que el Ejecutivo autonómico estará pendiente de su "desarrollo. En estos momentos "no hay nada oficial más allá de las intenciones que expusieron ayer" en Moncloa, explican a Libertad Digital fuentes del Gobierno madrileño. "Ahora mismo es un enunciado" pero "nos preocupa, más que lo que pone – que ya es grave-, lo que subyace" tras algunas medidas, apuntó García en la rueda de prensa. "Nos preocupa mucho que le digan a otras administraciones públicas con qué medios tienen que relacionarse o con cuáles no o dónde, cómo, de qué manera y cuantía tenemos que desarrollar nuestras campañas de publicidad institucional", indicó el consejero.
"¿También el Gobierno de Pedro Sánchez le va a decir a la Comunidad de Madrid dónde puede invertir, anunciarse, a qué medios me tengo que dirigir en esta rueda de prensa y a cuáles puedo contestar?", se preguntó el portavoz gubernamental, que incidió en que el Ejecutivo madrileño lo "va defender y a pelar allí donde haga falta sin ninguna duda y como hemos hasta ahora". "Pedro Sánchez no tiene límites pero hay que ponérselos y, desde luego, la Comunidad de Madrid se los va a seguir poniendo porque es nuestra obligación".
Las miradas en Moncloa están puestas en los que ellos califican como "tabloides digitales" o "pseudomedios" y que, según sus sospechas, están financiados en gran medida por gobiernos autonómicos y locales del PP. "La asignación opaca y sesgada de dichos fondos es, en consecuencia, un instrumento poderoso para ejercer influencia sobre la libertad editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicación, o de subvención o financiación encubierta de dichos prestadores de servicios para adquirir una ventaja política o comercial injusta o una cobertura favorable", recoge el texto de 25 páginas aprobado en Consejo de Ministros.
Así, en ese documento se recoge lo siguiente: "Se hace necesario fijar límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios esencialmente impulsados por o dependientes de administraciones públicas". Pero no especifica nada más. Así, el Gobierno madrileño estará muy pendiente de este punto de cara a las acciones legales que vaya a emprender en un futuro.
"Es un plan que pretende decirle a los periodistas lo que pueden y no pueden publicar", afeó el portavoz que, en este punto, se centró sobre la reforma del derecho de rectificación acerca de "noticias falsas o abiertamente tendenciosas", tal y como aparece recogido en el documento gubernamental. "¿Quién va a decidir qué es una noticia tendenciosa?", se preguntó el consejero madrileño.
Miguel Ángel García no se limitó a criticar las reformas planteadas por el Ejecutivo central, sino que desmontó algunas de ellas. Es un plan, dijo, "deslavazado", "de medidas poco desarrolladas", que ya se deberían estar cumpliendo porque "ya están recogidas en el ordenamiento jurídico" o en planes del Gobierno.
Cinco ejemplos. Lo que plantea en materia de transparencia, "cuando no están cumpliendo la actual ley: hay 1.780 peticiones de transparencia denegadas desde que Pedro Sánchez es presidente" por lo que, en su opinión, "no hace falta reformar la ley", bastaría con cumplir la actual. En segundo lugar, su propuesta de reforma de la publicidad institucional para introducir - dice textualmente el plan del Gobierno- criterios "de transparencia, proporcionalidad y no discriminación", algo que también ya recogen las leyes estatales y autonómicas a este respecto. También puso como ejemplo el consejero la creación de una "comisión de desinformación en el Congreso". Y lo propone "un presidente que lleva más de seis meses sin acudir al Senado", resaltó. También la "obligación de celebrar un Debate sobre el estado de la Nación de forma anual", "un presidente que lleva seis años en la Moncloa y que ha celebrado un único Debate", recordó.
Por último, destacó la propuesta de crear un "registro público sobre medios de comunicación", que calificó de otro "artificio" más puesto que ya existe el Registro Mercantil donde todas las empresas "tienen que inscribirse y depositar las escrituras, el capital social", etc.
El Gobierno de Ayuso lo tiene claro: "Este plan, de ejecutarse, es un paso más para convertir a España en una autocracia y es un paso atrás en calidad democrática". En este sentido, alertó cómo nuestro país ha retrocedido en esta calidad como así lo ponen de manifiesto índices como Freedom House. "Hemos pasado del puesto número 20 al 40 desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno".
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