"Los fiscales manejamos material muy sensible y manejamos también muchísima información. Le aseguro que yo, si quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra – que, por supuesto, no voy a usar jamás- para insinuar, para filtrar, para decir". Esta afirmación la pronunció el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una entrevista que concedió a TVE tras ser imputado por unanimidad de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos que atañen al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.
"La responsabilidad del fiscal general del Estado es mantenerse neutral e imparcial. Por eso no puede salir a los ataques políticos, por eso es muy sencillo que sea objeto de ataques por parte de diferentes sectores, medios. Y la sensación es un poco de indefensión", añadió García Ortiz, que ha decidido aferrarse al cargo a pesar su imputación, que llega tras la denuncia que interpuso González Amador después de que se filtraran los correos de su abogado y el fiscal que lleva su caso en el que se le investiga por presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.
La entrevista del fiscal general fue el pasado 16 de noviembre. Una semana más tarde, este miércoles, la Cadena Ser publicaba una información en la que daba cuenta de que el novio de la presidenta madrileña "intentó desgravarse gastos de sus vacaciones" con ella. Además, la emisora de Prisa asegura que la jefa del Ejecutivo utilizó la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas para ese mismo viaje privado y cargó los gastos – 290,4 euros – al erario público.
También este miércoles, y al hilo de esta información, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzaba en los pasillos del Congreso de los Diputados que en los próximos días la prensa "tendrá acceso a más información que a todos nos escandalizará". "Me imagino", añadió. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso respondió: "Le recuerdo a la ministra que el fiscal general del Estado está imputado por eso y, por si no lo sabe, que el Código Penal castiga con penas de hasta tres años de cárcel y hasta cinco años de inhabilitación la revelación de datos privados que solo debe conocer un particular y la Administración". El portavoz y consejero de Presidencia del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, también desmintió de forma categórica los gastos relativos a la presidenta. "Todos los gastos de sus viajes de carácter personal los paga ella".
"España ya es un estado policial"
A última hora fue la propia Ayuso la que se refirió a todo lo acontecido durante los últimos días. "España ya es un estado policial", afirmó. "España está viviendo el peor momento institucional de su historia democrática" al instaurarse "las prácticas que han arrasado con la democracia en muchos países hispanoamericanos". Y han llegado "de la mano de nuestro presidente aconsejado por el anterior".
"La definición clásica de un estado policial es: un gobierno que ejerce un control excesivo y autoritario sobre la sociedad. En un estado policial, los derechos y libertades civiles están restringidos, y las autoridades tienen capacidad de vigilar, reprimir y castigar a la población con poca o ninguna supervisión judicial. La policía actúa con amplios poderes, cuerpo en el que confío y siempre he creído, a menudo lo hace fuera de los límites del Estado de derecho, y se utilizan prácticas como la vigilancia masiva, la censura y la represión de la disidencia para mantener el control social", espetó la presidenta, que en este punto recordó que el Tribunal Constitucional "y muchos órganos judiciales ya han sido colonizados por el Gobierno; recordemos el poder del ministro del Interior sobre la Policía; recordemos el abuso de las instituciones".
"Las características comunes de un estado policial incluyen vigilancia extrema; usar tecnologías para vigilar y monitorear las actividades de los ciudadanos; represión política: persecución y castigo de disidentes y críticos del gobierno y activistas; ausencia de derechos civiles; restricciones significativas a la libertad de expresión, reunión y prensa; intervención judicial limitada. El sistema judicial no actúa de manera independiente o se intenta controlar para apoyar las acciones del gobierno", subrayó. "Y esto está ocurriendo en España a 23 de octubre de 2024".
La presidenta se refirió al decreto firmado este martes por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por el que cambia el acceso a los puestos de policía judicial eliminando la necesidad de contar con una formación específica para optar a las plazas de unidades que dependen de los tribunales. "Esto es, que no investigarán la corrupción que afecta a su Gobierno, a Sánchez, a Begoña, que están destapando medios de comunicación libres e independientes", resumió.
También habló del decreto del Gobierno para cambiar la elección del Consejo de RTVE por el que se impone un modelo de elección de sus consejeros que aisla al PP y refuerza a los socios de gobernabilidad de Pedro Sánchez. "Televisión Española, desde hoy totalmente amordazada desde el control político, va a enriquecer a las empresas audiovisuales que se encarguen de ofrecer sus programas en las otras televisiones. Ahí está el ejemplo de la serie del matrimonio Sánchez hablando en el desayuno desde La Moncloa, que ha emitido El País, seguramente gratis".
"La judicatura, la policía, las grandes instituciones públicas están tomadas por políticos. Un ciudadano particular ve troceada y convenientemente publicada su declaración de Hacienda, con escarnio, algo que es completamente ilegal por ser el novio de una adversaria política. Eso es un estado policial", reiteró. "Yo entiendo que haya quien no pueda o no quiera verlo, y que no lo haga, pero muchos ya hemos avisado".
Su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, también valoró lo acontecido con la pareja de la presidenta en las últimas horas. "Se están violando los derechos civiles de un español porque sale con una decidida adversaria del señor Sánchez: la ministra de Hacienda anuncia que sacará información que no debería saber. Se persigue a la prensa. Como dijo el fiscal general, ‘tengo información de muchos políticos que no voy a usar’", recordó. "Brutal amenaza".
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