Por primera vez en democracia, el fiscal general del Estado se encuentra imputado por el Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz está siendo investigado por la filtración de datos confidenciales de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. Desde el principio, García Ortiz ha defendido que tenía que desmentir un "bulo" lanzado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, quien filtró a algunos medios de comunicación uno de los correos enviados entre el fiscal que lleva el caso de González Amador, Julián Salto, y su abogado.
En él se daba cuenta del pacto ofrecido por la Fiscalía a la pareja de Ayuso. Ese ofrecimiento existió, pero la búsqueda del acuerdo no partió del fiscal sino del letrado de González Amador. Y eso fue lo que García Ortiz quiso dejar claro por encima de todo, materializándose en una insólita nota de prensa hecha pública el 14 de marzo. "Es imperativo sacarla", le ordenó a la fiscal Almudena Lastra, tal y como desveló El Mundo. "Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato".
Distintos cargos y ministros socialistas, empezando por el de Justicia, repiten desde entonces ese mantra. "El caso quedará en nada porque contar la verdad y desmentir un bulo no pude ser delito", afirmó Félix Bolaños. Y cargan contra Miguel Ángel Rodríguez – MAR, como se le conoce al jefe de gabinete de la presidenta- por ser el impulsor de ese "bulo". ¿Cómo es que a MAR no se le investiga?, se preguntan desde la izquierda. Este lunes, durante una entrevista en Espejo Público (Antena 3), Ayuso contestó.
"Esto de meter a Miguel Ángel Rodríguez por el medio es patético porque esto es como si tú tienes un expediente médico. Tú cuando vas al médico tienes tu historial, que te pertenece a ti, y tú eres la que decide, como dueña de tus datos médicos, si se dan a conocer o no", comenzó explicando la presidenta. Decides, por ejemplo, que se dé a conocer "en Antena 3, para contar mi situación personal, cómo me encuentro". Pero "ni el médico ni el hospital tiene derecho a hacerlo por ti. Nadie tiene derecho a distribuir los datos de un particular" sin su consentimiento. Y ahí está la clave. Ni MAR era el funcionario que tenía el deber de custodiar esos datos ni lo hizo de espaldas al interesado.
"Lo mismo pasa con una multa de tráfico: el ayuntamiento no tiene derecho a prodigarlo por los medios", añadió Ayuso. Tanto "MAR como el perjudicado pueden contar lo que quieran, porque son sus datos personales, es su historial. Lo que no tiene derecho ningún poder del Estado, ningún funcionario y no digamos el fiscal general es a coger los datos personales y fiscales de nadie", subrayó.
Esto supone la destrucción del Estado de derecho, expuso la presidenta. "Ya no hay separación de poderes y, por tanto, todo el que sea incómodo será lapidado y acuchillado y es lo que quisieron mostrar ayer otra vez con Chaves y Griñán", durante el Congreso del PSOE. "Lo de enseñar a Chávez ya Griñán durante todo el fin de semana - olé, olé, de paseíllo por aquel Congreso en el que han enterrado a Felipe González- significa que aunque estos tíos vayan para adelante, aunque estén sentenciados en firme después de 40 años de corrupción en Andalucía, se van a ir de rositas porque los voy a indultar".
Es mostrar que "todo el que cometa delitos dentro del muro norcoreano será indultado y perdonado". Así, "están por encima de los jueces, están por encima de la ley, por encima de todo. Y el desguace de la democracia española y de sus instituciones va a ser irreparable", subrayó.