La presidenta de la Comunidad de Madrid quiso realizar este miércoles una rueda de prensa previa a la que después realizó su portavoz en el Ejecutivo madrileño tras el Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos y en donde se trataron "dos asuntos muy graves que forman parte de la estrategia sanchista para mantenerse en el poder a costa del Estado de derecho, la unidad nacional, el buen nombre de España, la libertad y la prosperidad de todos los españoles" y que "afectan directamente" a la región, "objetivo prioritario" del sanchismo.
Isabel Díaz Ayuso parte hoy mismo hacia Perú, donde será distinguida con la Orden al Mérito en Grado de Gran Cruz. Antes, aunque con los tiempos muy ajustados, compareció ante la prensa a la que anunció que su Gobierno dará "todas las batallas posibles" contra la llamada Ley Begoña. "Si tenemos potestad, dentro de nuestras competencias, haremos lo posible para evitarlo", aseguró al ser preguntada si se plantea la posibilidad de acudir a la Justicia.
La presidenta explicó que la Consejería de Presidencia ha presentado un informe en el que alerta sobre las "graves repercusiones" que tendrá la modificación del sistema procesal a manos del Ejecutivo de Pedro Sánchez al limitar la acción popular en las causas judiciales. "La conocida como Ley Begoña va a tener consecuencias muy graves, que van más allá de la impunidad que se busca para el entorno personal y político del presidente".
En este punto, Ayuso puso como ejemplo las causas abiertas relacionadas con la "violencia que se ejerce sobre las mujeres" y en las que la Comunidad se encuentra personada. Si este proyecto legislativo prospera, ésta "no podría seguir personada, por ejemplo, en los 28 casos de violencia contra la mujer que se siguen en los juzgados de la región. Fíjense en la gravedad", alertó la presidenta. "Actualmente ejercemos la acción popular en estas causas en cumplimiento de la legislación autonómica pero no podríamos volver a hacerlo nunca más. ¿Alguien ha reparado en todo esto?, ¿en el daño que esto causa?", se preguntó.
La Comunidad de Madrid tampoco podría ejercer la acción popular "en los delitos de terrorismo que se pudieran cometer" en la región, "tal y como prevé nuestra ley autonómica", señaló. "Y las asociaciones de víctimas tampoco podrían impulsar acciones para perseguir a los terroristas, por ejemplo, en casos aún no resueltos de ETA", añadió. "Resulta revelador que este proyecto de pseudoley también limita al máximo el número de delitos perseguibles por la acción popular". Entre los que se deja fuera, enumeró la presidenta, están los delitos contra la Hacienda Pública, "lo que ha supuesto la imputación del hermano de Sánchez"; el delito de revelación de secretos, "que afecta al fiscal general del Estado"; y la corrupción en los negocios, la aprobación indebida y el intrusismo, "que afectan a Begoña Gómez".
Así, para Ayuso, Sánchez pretende con esta reforma "atar las manos a los jueces, usurpando sus funciones, acabar con la libertad de prensa y limitar el derecho a la tutela judicial efectiva". Y todo, de nuevo, "sólo por blindarse y mantenerse en el poder". "¿A costa de qué?", se preguntó la jefa del Ejecutivo regional. A costa "de lo que sea". "Esta proposición de ley es una especie de amnistía preventiva a la familia de Sánchez y a su entorno más cercano, incluido el imputado fiscal general del Estado. Y justo cuando han utilizado a la más alta institución fiscal para atentar contra el adversario político, contra la alternativa democrática a costa de las garantías más básicas del Estado de derecho y de la confianza en las instituciones".
Díaz Ayuso considera que este proyecto legislativo, que se ha registrado como proposición de ley y que, por tanto, no necesitará de los informes del Consejo de Estado o del CGPJ, se podría haber resumido en "un artículo único que dijera: ‘Queda terminantemente prohibido ejercer la acción popular contra el presidente Sánchez, sus familiares, el PSOE o cualquier socialista afín al sanchismo’".
La presidenta madrileña puso en valor el papel de la prensa, cuyas investigaciones han acabado en presuntos casos de corrupción que ahora se investigan en los juzgados. "Todo es parte de un plan implacable para alterar la Constitución, la que nos dimos entre todos, y hacerlo por la vía de los hechos, por la puerta de atrás en complicidad con aquellos que odian esa Constitución, odian la libertad y por supuesto a España". Ayuso incidió en esta cuestión: "Nos encontramos ante un golpe a la Constitución y la convivencia, el tipo de golpe que en el siglo XXI hace caer a las democracias liberales poco a poco, un paso detrás de otro para que la población se vaya resignando y para fingir que nada de esto es un acto de fuerza mientras España deja de ser un socio fiable de las instituciones internacionales de las que somos parte esencial".
Todo ello por interés personal del presidente. Y es que "Sánchez sabe que si convoca elecciones va a tener que irse, y por eso da un golpe en el tablero para dejar sin castigo sus actos y para asegurarse la impunidad futura", afirmó. Durante toda la comparecencia de Ayuso, sobrevoló el demoledor auto que el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, firmó este lunes contra el fiscal general.
"Lo hemos visto las claras esta misma semana cuando el Tribunal Supremo se ha referido en un auto a la dinámica delictiva de la Fiscalía General del Estado y Presidencia del Gobierno. Su nerviosismo y su falta de escrúpulos le lleva a cometer esta clase de errores y a buscar en mi entorno falsos pretextos para atacarme (…). Por eso, a medida que la Justicia avanza e identifica delitos, el Gobierno solo puede ir cambiando las reglas para amnistiarse a sí mismo y no cabe mayor acto de corrupción".