Ayuso y Guardiola exhiben el poder territorial del PP contra Sánchez: los principales acuerdos de la Cumbre de Mérida
Ayuso y parte de su Gobierno ya están Mérida para celebrar dos jornadas de trabajo junto al Ejecutivo extremeño con la preocupación común por el cierre de la central de Almaraz.
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Cumbre de máxima altura entre Madrid y Extremadura, con la preocupación por el cierre de la central nuclear de Almaraz como telón de fondo. La presidenta de la Comunidad se llevó este lunes a parte de su Consejo de Gobierno a Mérida para celebrar dos jornadas de trabajo con su homólogo extremeño. Desde allí, Isabel Díaz Ayuso reclamó la ampliación de la vida útil de la central, una infraestructura que calificó como “esencial para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y el desarrollo económico regional”, cuyo cierre está programado a partir de 2027. “No podemos permitir que el Gobierno apague el futuro de España”, enfatizó Ayuso, abogando por criterios técnicos y de seguridad de las plantas y no de carácter ideológico.
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Ayuso y Guardiola firmaron una declaración institucional para solicitar la ampliación de la vida útil de Almaraz. “Ahora que su vicepresidenta -Teresa Ribera- está en la UE y habla sin tapujos de la energía nuclear, quizás es el momento de que tomen nota porque es la encargada de ejecutar esta catástrofe de cierre de las centrales nucleares y luego se pone al frente de la apertura de las mismas en otros países, como hemos visto ahora recientemente con Bélgica", señaló Ayuso. Hace unos días, de hecho, la presidenta extremeña le trasladó personalmente esta petición en Bruselas.
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La presidenta destacó que la clausura de Almaraz pone en riesgo la garantía de suministro y el desarrollo económico en CCAA como la madrileña, perjudicando gravemente la competitividad de su tejido empresarial, teniendo en cuenta que el 15% de la energía que se consume en la región proviene de esta instalación cacereña. Para Ayuso, la campaña “trasnochada y sin rigor de algunos contra las centrales nucleares nos va a hacer todavía más rehenes de los combustibles fósiles”, y sobre todo del gas que vende Rusia, el 21% de todo el que compra España. “Exigimos una política energética apegada a la realidad, sin ideología, con rigor científico y rigor, que esté a la altura de los tiempos, cuide verdaderamente del medio ambiente, la industria, el empleo y la autonomía energética de España”, subrayó la presidenta, que pidió al Gobierno que “no ponga a las empresas energéticas en el disparadero para luego usarlas de coartada”.
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Ayuso también se refirió a recientes estudios que calculan que su fin en España provocaría un aumento del 23% en la factura de la luz para hogares y pequeñas empresas, con pérdidas inasumibles para quienes generan empleo y riqueza. Y un cierre prematuro de las centrales supondría un perjuicio de cerca de 30.000 puestos de trabajo y un encarecimiento de la factura eléctrica de 22.500 millones de euros. Asimismo, lamentó el incremento de la carga fiscal un 70% en los últimos cinco años a estas empresas “para desincentivarlas” y que no se invierta, lo que a su juicio va “en contra de la industria, el empleo, las familias y la digitalización”. En definitiva, concluyó, “está comprometiendo incluso nuestra seguridad nacional".
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Ayuso y Guardiola también firmaron un protocolo para reforzar la coordinación y cooperación entre sus servicios públicos en beneficio de sus más de 8 millones de habitantes y una declaración institucional en la que se reclama el cumplimiento de los plazos del tramo español de la Línea de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Lisboa. La presidenta madrileña lamentó que los extremeños no hayan estado “nunca en la prioridad del Gobierno” por haber sido una tierra “leal con España”. “No hay derecho a que regiones españolas tan importantes como ésta estén tan aisladas, ni ésta ni ninguna".
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En el primer documento se pide al Gobierno central la derogación de la ley de Vivienda estatal, reformas legales para dar mayor seguridad jurídica a los propietarios para el alquiler y también para combatir la ocupación ilegal de viviendas y la inquiocupación. En vísperas del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Madrid y Extremadura exigen también en este texto renunciar a la independencia fiscal solicitada por el separatismo, dotando de seguridad al blindaje del régimen común, que no se trocee la Agencia Tributaria y acordar un nuevo sistema de financiación autonómica entre todas las CCAA de régimen común, exigiendo garantías de que ninguna se salga de su marco común. Sobre inmigración, Díaz Ayuso y Guardiola exigen al Gobierno con su protocolo que no se la utilice para negociar con las CCAA o partidos políticos el fraccionamiento de estas competencias o la elaboración de un plan que fomente la inmigración regular vinculada al empleo y otro sobre el control del caos migratorio actual reforzando los controles a través de las rutas marítimas y en aeropuertos.
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En materia sanitaria, se comprometen a reforzar la coordinación de sus dispositivos a todos los niveles asistenciales –urgencias, atención hospitalaria, salud mental, atención sociosanitaria y salud pública-, así como estrechar lazos para compartir buenas prácticas como la atención a pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En el caso particular de esta enfermedad, la Comunidad de Madrid es pionera gracias a iniciativas como la Red ELA o el Centro Especializado de Atención Diurna CEADELA situado en el pabellón 1 del Hospital público Enfermera Isabel Zendal. En este punto, Ayuso aseguró que este recurso de la sanidad pública madrileña está “al servicio” de todo el sistema sanitario español. “Aunque haya un solo caso de esta enfermedad tan cruel, nuestra obligación es poner todos los recursos a disposición de las familias y los pacientes”. Asimismo, la Comunidad de Madrid y Extremadura, ante el evidente déficit de profesionales sanitarios agravado desde la pandemia, instan al Gobierno central a que aumente su número en proceso de formación para que puedan atenderse las necesidades actuales y futuras del Sistema Nacional de Salud. “Nos siguen faltando médicos en toda España, a médicos extracomunitarios no se les homologan los títulos porque no se está mirando a medio y largo plazo”, constató la presidenta madrileña. Relacionado con el cuidado de los ciudadanos, el protocolo hace hincapié en la atención a la dependencia, personas con discapacidad, la infancia, los mayores, las víctimas de violencia contra la mujer y el apoyo a la familia.
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La Comunidad de Madrid y Extremadura exigieron al Gobierno central que el AVE Madrid-Lisboa, con parada en Badajoz, esté finalizado y operativo en 2030, aprovechando que España y Portugal serán sede del Mundial de Fútbol en ese año, tal y como refleja el Protocolo suscrito por ambos Gobiernos autonómicos encabezados por Isabel Díaz Ayuso y María Guardiola, en defensa de la conexión ferroviaria con la capital lusa. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, y su homólogo extremeño, Manuel Martín, mantuvieron un encuentro en Mérida, en el marco de este viaje oficial. “En pleno siglo XXI no es admisible que la conexión ferroviaria entre ambas capitales, que no dista de 600 kilómetros, se eternice entre nueve y quince horas”, señaló Rodrigo.
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Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, se reunió con su homóloga de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en la Junta de Extremadura, Mercedes Morán. Ambos ejecutivos acordaron la posibilidad de intercambiar especies cinegéticas y protegidas para proteger la biodiversidad. Es el caso del conejo, con excedentes en las poblaciones del sur de la región, o el lince ibérico, con amplia presencia en tierras extremeñas y que podría contribuir a su reintroducción en Madrid. Los consejeros debatieron también fórmulas de colaboración como el intercambio de personal de centros de investigación y laboratorios agrarios, el uso de metodologías comunes para calcular las necesidades hídricas de los cultivos o la unión en candidaturas a proyectos transnacionales financiados por fondos europeos. También estudiaron la posibilidad de promocionar conjuntamente productos con Denominación de origen protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP).
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La Comunidad de Madrid expuso su modelo de mercado abierto y eliminación de trabas burocráticas para incentivar el crecimiento económico. Fue durante la reunión de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, con sus homólogos de la Junta de Extremadura en Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría; y Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano. “La libertad para trabajar en Madrid sin tener que pedir permiso o no encontrar obstáculos administrativos innecesarios son algunos de los factores que hacen de la región el motor económico de España, con el 19,4% del PIB nacional”, destacó Albert, que recordó herramientas pioneras como la Ley de Mercado Abierto, que permite a cualquier empresa o autónomo de todo el país operar sin necesidad de licencias adicionales; o la Línea Abierta contra la Hiperregulación para comunicar a la Administración las barreras regulatorias que encuentran los emprendedores a la hora de desarrollar su actividad, y que ha ayudado en la supresión o simplificación de más de 300 medidas.
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A última hora del día, y tras la intensa jornada de trabajo, la presidenta madrileña y su equipo se trasladaron a Trujillo.
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Ayuso junto a sus consejeros Miguel Ángel García, Rocío Albert, Carlos Novillo y Jorge Rodrigo en Trujillo.
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En la localidad nacieron, entre otros, Francisco Pizarro, conquistador del Perú, cuya escultura ecuestre se levanta en la plaza Mayor, y Francisco de Orellana, descubridor del río Amazonas. Su importancia histórica, su situación, su entorno natural y su gastronomía han hecho de Trujillo un importante centro turístico de Extremadura.
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Muchas personas se acercaron a saludar a la presidenta madrileña durante su visita.
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Junto a Ayuso y su equipo viajó la presidenta de Extremadura, María Guardiola, acompañados por la alcaldesa de la localidad , María Inés Rubio.
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Ya este martes las dos presidentas acudieron a la central nuclear de Almaraz. Ayer en Mérida firmaron una declaración institucional reclamando la prolongación de la vida útil de esta infraestructura ante la decisión del Gobierno central de apagarla en 2027. Ambas advirtieron de que el cese de operaciones de la central causará un daño irreversible a España, que no cuenta con infraestructura tecnológica necesaria y no está preparada para reemplazar a la energía nuclear.
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Ayuso denunció que la suspensión de actividad en Almaraz pone en riesgo el suministro en zonas de alta demanda como la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que genera el 15% de la energía en la región, con una necesidad cada vez mayor por la creciente apertura de centros de datos. Además, señaló que recientes estudios constatan que el fin de estas centrales provocaría un aumento del 23% de la factura de la luz para hogares y pequeñas y medianas empresas, con un coste de 22.500 millones de euros. Asimismo, supondrá una pérdida de alrededor de 30.000 puestos de trabajo, la mayor parte en municipios rurales en riesgo de despoblación, a los que se privaría del 70% de sus ingresos.
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Con su cierre, advirtió la presidenta madrileña, “se llega incluso a comprometer la seguridad nacional”. Además, “España sería más dependiente de los combustibles fósiles, sobre todo del gas proveniente de Rusia”. Por todo ello, Ayuso reclama necesario emular la continuidad de dos nucleares en Bélgica, que cuentan ahora con el beneplácito de la comisaria europea Teresa Ribera y ayudas de 32.000 millones de euros para que sigan abiertas. Y exige al Gobierno central que aplique una política exenta de ideología, con rigor científico y técnico y que cuide del medio ambiente, la industria, el empleo y la autonomía energética de España.
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