La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha acusado este miércoles a Más Madrid de tener "la cara de cemento armado" por acudir ahora a la Fiscalía contra José Luis Martínez-Almeida por su gestión de los pisos turísticos ilegales, cuando durante su etapa al frente del Ayuntamiento "cerraron cero" de estas viviendas.
Sanz ha respondido así al anuncio realizado por la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, quien ha avanzado esta mañana que su formación llevará la próxima semana al Gobierno municipal ante el Ministerio Fiscal por su "inacción" contra la proliferación de VUT ilegales en la capital. Según la formación, en esa falta de medidas "es donde radica la clave de nuestra denuncia".
"Tienen la cara de cemento armado porque después de cuatro años de Gobierno, en el que exactamente cerraron cero pisos ilegales y no hicieron absolutamente nada para combatir esa ilegalidad, pues ahora han descubierto que los hay", ha criticado la vicealcaldesa desde el Centro de Formación de Seguridad y Emergencias (CIFSE).
El Ejecutivo de Almeida, ha defendido Sanz, lleva "bastante tiempo" trabajando en el problema y ya ha cerrado "más de 500" de estas viviendas, aplicando un régimen sancionador que se ha "endurecido" en los últimos meses. Además, ha reprochado que desde el PSOE tampoco se haya abordado la cuestión en años anteriores: "Reyes Maroto, ministra de Turismo durante cinco años, no tuvo nunca ni un segundo entre Aldama y Aldama para hablar de estas cuestiones y ahora resulta que a todos les preocupa muchísimo", ha ironizado.
Maestre, por su parte, ha acusado al Ayuntamiento de consentir deliberadamente la proliferación de estos alojamientos ilegales y ha señalado que existen "más de 15.000 en Madrid desde que Almeida es alcalde". Según su denuncia, el gobierno popular no solo ha sido pasivo ante esta realidad, sino que su inacción podría constituir un "delito de prevaricación" por omisión, en base al artículo 320 del Código Penal.
En este sentido, la portavoz de Más Madrid ha indicado que el equipo jurídico de su formación ve indicios de responsabilidad penal en la falta de inspecciones y controles por parte del Consistorio, lo que justificaría su denuncia ante la Fiscalía. Además, ha subrayado que la crisis de la vivienda en la capital es "extraordinariamente grave" y ha reiterado que tanto la Comunidad como el Ayuntamiento, ambos gobernados por el Partido Popular, "tienen competencias exclusivas en esta materia, pero consideran que este problema no les atañe".
"Aquí no se trata sólo de mirar para otro lado, sino que en este caso mirar para otro lado puede ser un delito. Un delito por parte del Ayuntamiento de Madrid que ha hecho de la omisión de acción su práctica cotidiana. Han negado durante años el problema y ahora sencillamente dicen que no tiene competencias o recursos o que la responsabilidad es de otro", ha aseverado Maestre.
Desde el Ayuntamiento, sin embargo, se insiste en que se está actuando dentro de sus competencias y que se seguirá con el plan establecido sin "dejarse llevar por la demagogia de la izquierda, que cuando gobierna nunca hace nada y luego se acuerdan de los problemas".
En cuanto a la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que entra en vigor este jueves y obliga a contar con el visto bueno del 60% de los propietarios para abrir una vivienda turística, Maestre ha celebrado la medida "a medias". "Si Madrid fuera una ciudad en la que la normativa y la ley se aplica, esta noticia sería fantástica", ha señalado, lamentando que "los pisos turísticos ilegales actúan fuera de la norma y nadie va a comprobar esa ilegalidad".