El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene varios frentes abiertos en cuanto a los menores extranjeros no acompañados (menas) se refiere. La jornada del miércoles se inauguró con críticas directas de varios ministros, que acusaron a la Comunidad de Madrid de manipular la cifra de estos menores que ha trasladado al Ejecutivo central para dar cumplimiento al real decreto ley aprobado hace unas semanas y que marcaba como plazo a las autonomías para facilitar estos datos el pasado 31 de marzo.
El Ministerio de Infancia y Juventud quería saber el número de menas que las comunidades autónomas habían atendido a lo largo de 2024 para después proceder al reparto de los más de 4.000 de estos menores que se encuentran en Canarias y Ceuta, atendiendo a una serie de parámetros especificados en el texto legal. A pesar de las dificultades que supone realizar una foto fija de la situación, la Consejería del ramo, dirigida por Ana Dávila, cifró en 2.442 los menores extranjeros no acompañados atendidos durante el año pasado e informó también de que los centros madrileños encargados de acogerlos, así como los profesionales que allí trabajan, están sumamente "tensionados" al encontrarse al 132% de su capacidad.
Esta cifra no ha convencido al Gobierno central. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, avanzó que pedirá a algunas comunidades que aclaren algunos de estos datos aportados ante la "asimetría", dijo, de las cifras que impiden realizar una "fotografía real" del sistema. Rego precisó que se refería fundamentalmente a la Comunidad de Madrid porque ha dado "una cifra general" que no permite establecer la dimensión adecuada del sistema de protección. A modo de símil con el sistema hospitalario, la ministra explicó que el ministerio ha pedido el número de camas ocupadas y la Comunidad de Madrid ha facilitado el dato de "todas las personas que han hecho uso de un hospital, tanto en consultas externas como en camas ocupadas". Y cree que detrás de esto hay "una cuestión ideológica profundamente ligada a cuestiones más racistas que otra cosa".
También el ministro Ángel Víctor Torres acusó al Gobierno regional de hacer un "uso torticero de los números". "Si Ayuso afirma que su Comunidad con 2.000 menores está saturada, ¿qué opinaría de una comunidad que tiene muchos millones de habitantes menos, como es Canarias, que tiene 6.000?", lanzó. También se pronunció la titular del tercer ministerio implicado en esta cuestión. Elma Saiz pidió "lealtad institucional" y que no manipulen las cifras. "Estamos hablando de menores, de niños y niñas, donde no cabe deslealtad institucional, no cabe manipulación alguna, así que apelo a la responsabilidad de las comunidades autónomas", subrayó la ministra de Seguridad Social y Migraciones.
"Es una acusación muy grave"
"Decir que una administración está mintiendo es una acusación muy grave", respondió después el Gobierno madrileño, que este mismo miércoles ha interpuesto ya el recurso de inconstitucionalidad que anunció contra este real decreto ley del Ejecutivo. "Nosotros hemos dicho que en el año 2024 hemos atendido a 2.442 menores, que han sido exactamente los que han sido atendidos por los servicios de la Comunidad de Madrid, y que nuestros centros en este momento se encuentran en una sobreocupación del 132%", afirmó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García. Este último dato, el de la sobreocupación, dado de manera adicional, pues no era exigible. "Si el ministerio maneja otros, pues no lo tendrá que decir, pero los centros que tenemos en nuestra región han atendido a estos menores", subrayó .
"Lo primero que debería saber Ángel Víctor Torres es que es ministro del Gobierno central. Y, por tanto, debería poner medios o debería pedir al Ministerio del Interior que pusiera medios para controlar las fronteras, para que lo que está ocurriendo en Canarias no ocurra", contestó el también portavoz del Ejecutivo madrileño que incidió en que las cifras "ponen de manifiesto que la Comunidad de Madrid, junto con Andalucía, es la región que más menores no acompañados ha atendido en el año 2024, incluso por encima de alguna otra comunidad autónoma con la que han llegado acuerdos con los partidos independentistas, como puede ser Cataluña. Por tanto, no tendríamos necesidad de incrementar las plazas si el ministro y el Gobierno central hicieran su trabajo", replicó mientras subrayaba la necesidad de volver al origen del problema, que no es el reparto de menores sino la crisis migratoria que sufre nuestro país fruto de las políticas y el descontrol absoluto por parte del Ejecutivo.
Vox, contra Ayuso
El segundo frente que tienen abierto en la Puerta del Sol tiene que ver con los altercados que algunos de estos menores generan. Y es que precisamente esta semana doce de ellos fueron detenidos tras una pelea multitudinaria en el centro de La Cantueña, en Fuenlabrada, donde resultaron heridos educadores y un vigilante de seguridad. Los hechos ocurrieron el lunes y el martes quedaron en libertad, volviendo la mayoría de ellos a La Cantueña, menos los dos más conflictivos a los que se les trasladó al centro de Batán en la Casa de Campo.
Hasta Fuenlabrada acudió la portavoz de Vox de la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, acompañada por el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración del partido, Samuel Vázquez. Arremetieron contra Ayuso a la que acusaron de financiar con "5.000 euros al mes cada plaza de mena mientras miles de autónomos tienen que cerrar sus negocios". "¿Qué pasa si mañana Sánchez le dice que van a venir 2.000 menas, va a seguir cumpliendo la ley?", se preguntó Moñino.
La "pinza" Vox-Gobierno, tal y como denunció la propia presidenta madrileña, está servida. Y es que los de Santiago Abascal sostienen que el Gobierno regional es competente para repatriar a estos menores extranjeros no acompañados, algo que llevan sosteniendo desde que Rocío Monasterio estaba al frente del grupo parlamentario. De hecho, a principios de marzo volvieron a tratar de registrar en la Mesa de la Asamblea una iniciativa que instara al Ejecutivo madrileño a hacerlo.
Según esta formación, "la Comunidad de Madrid tiene herramientas legales – el artículo 35 de la Ley de Extranjería- para firmar acuerdos con los países de origen y garantizar la repatriación de estos menores". Este artículo solo permite a las comunidades autónomas llegar a acuerdos con los países de origen para favorecer el reagrupamiento familiar en el caso de los menores, pero no indica dónde han de realizarse esos reagrupamientos que, de darse, se producen mayoritariamente en territorio español.
De hecho, el punto 1 de dicho artículo señala que es el Gobierno el que "promoverá el establecimiento de acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen, integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados. Las Comunidades Autónomas serán informadas de tales acuerdos".
Ayuso pide al Gobierno que devuelva a 4 menas a sus familias
No obstante, Vox se apuntó un tanto este miércoles después de que la Comunidad de Madrid anunciara que ha enviado a la Delegación del Gobierno los primeros cuatro expedientes para la reagrupación familiar de estos menores que presentan graves dificultades de adaptación y que podrían ser susceptibles de esta medida siempre y cuando el interés superior del menor lo aconseje. No obstante, será el Ejecutivo central quien tenga la última palabra al respecto.
El análisis de estos casos ha sido realizado por los técnicos de la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que ha sido la encargada de remitir al delegado Francisco Martín estos cuatro expedientes en las últimas semanas. Este órgano colegiado continuará valorando todos aquellos casos que presenten imposibilidad real de integración, informaron. En este sentido, ha iniciado el estudio de los expedientes de los menores involucrados en los incidentes del centro de La Cantueña del pasado lunes para proponer su reagrupación familiar, en los casos en los que sus circunstancias así lo aconsejen y lo permitan.
Para el Gobierno regional, "el bienestar del menor debe ser siempre la prioridad". Por eso, esta medida se adopta para evitar que sigan siendo blanco fácil de las mafias de tráfico de personas y del consumo de drogas, subrayaron. Además, "resulta imprescindible proteger a la mayoría de los menores, que sí desean integrarse y que están siguiendo su proyecto educativo de manera ejemplar", añaden.
Cada caso es valorado de forma pormenorizada en este órgano colegiado, formado por profesionales de la protección a los menores, que remiten los casos a la Delegación del Gobierno cuando se constata que llegan a España sin margen ni tiempo para abordar una intervención educativa eficaz para la atención de sus necesidades.
Por ello, y en virtud de lo contemplado en el real decreto 557/2011 y en los mismos términos en el real decreto 1155/2024, aprobado por el Gobierno de España hace menos de un año, y que entrará en vigor el próximo 20 de mayo, la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia decide que en estos casos la mejor opción para su desarrollo es el regreso a su entorno familiar.
Para el Ejecutivo regional, es "imprescindible que el Gobierno central cumpla con sus competencias, que, como ha remarcado recientemente el Tribunal Constitucional, son irrenunciables, y actúe en los países de origen", solicitando a las representaciones diplomáticas de estos países los informes sobre las circunstancias personales de los menores, como exige, con carácter imperativo el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, señalan desde la Comunidad de Madrid. Asimismo, es "urgente" la necesidad de que se despliegue una política exterior eficaz en materia de protección de menores, ya que la respuesta no puede limitarse a la acogida indiscriminada sin mecanismos adecuados para gestionar estos casos específicos.