El juzgado de primera instancia nº91 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de conciliación interpuesta por la Comunidad de Madrid contra la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, por sus declaraciones en marzo en las que afirmó que personas mayores fueron "asesinadas" en las residencias de la región durante la pandemia.
De esta forma, el juzgado le ha citado el 10 de junio. El Gobierno regional interpuso la demanda de conciliación el pasado 19 de marzo, como paso previo a la presentación de una querella si Reyes Maroto no se retracta de sus declaraciones, "con el objetivo de defender a los profesionales que durante tanto tiempo lo dieron todo para salvar vidas y para luchar contra una pandemia que fue mundial", informan desde la Comunidad.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, explicó que para el Ejecutivo autonómico estas declaraciones habían traspasado las líneas rojas de la "decencia política".
"Hasta aquí hemos llegado", planteaba José Luis Martínez Almeida resumiendo hasta qué punto la escalada bélica entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el PSOE de Madrid, por un lado, y el Gobierno de la Comunidad, el Ayuntamiento de la capital y el PP que preside Ayuso, por otro, ha ido en aumento hasta posiciones nunca vistas hasta ahora.
No era un secreto la mala relación existente; de hecho, las relaciones institucionales entre Sol y la Delegación del Gobierno pendían de un hilo desde hacía tiempo. Pero la llegada de Óscar López a la secretaría general del PSM y los acontecimientos que se produjeron aquel mes de marzo precipitaron una situación insólita en la región capital de España.
Desde hacía meses, la izquierda había intensificado sus ataques contra la presidenta madrileña a cuenta de las personas mayores que murieron en las residencias de ancianos durante la pandemia, un asunto éste que no ha dejado de explotar durante estos cinco años. Pero cuando se cumplía el quinto aniversario de la declaración del estado de alarma, supuso, en palabras del número dos de Ayuso, "la gota que colma el vaso de la indecencia".
El ambiente, ya de por sí caldeado, alcanzó su punto de ebullición con la emisión en RTVE del documental 7.291. Un día después de aquello todo el aparato de la Moncloa se volcó en arremeter contra la presidenta. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ahora imputado por el juez Juan Carlos Peinado, responsabilizó directamente a Ayuso de las muertes en las residencias. El PP de Madrid rompió relaciones con él.
Más allá había ido la portavoz socialista en el Consistorio capitalino, llegando a acusar al gobierno regional de asesinar a los ancianos. "Y sí, fueron 7.291 las víctimas o las personas mayores asesinadas en estas residencias", afirmó Reyes Maroto ante la prensa.
Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.