Almeida y Aena firman una tregua sin grandes avances y con un censo para los 'sintecho' de Barajas como única novedad

Más de quince días de acusaciones cruzadas han hecho falta para que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente de Aena, Maurici Lucena, se hayan sentado cara a cara para desenquistar la situación de las más de 500 personas que pernoctan en el aeropuerto de Barajas.

La cita, celebrada en la sede de Aena con "carácter urgente" según la carta de Lucena, se ha producido en pleno pico de un conflicto que se ha intensificado especialmente en dos ocasiones: el pasado marzo, cuando Aena amenazó con desalojar a estas personas y a principios de este mes, con las denuncias de los trabajadores de la T4 por las plagas de chinches —aunque la aeroportuaria las negase— y ante la falta de seguridad frente al aumento de personas sin hogar.

El Gobierno municipal, la Delegación del Gobierno y Aena se habían reunido en varias ocasiones para abordar la situación, sin éxito. Consecuencia de esto, el caso ha acabado por escalar en una guerra institucional con acusaciones de "dejación de funciones" entre ambos: el Ayuntamiento defiende que la competencia es "directamente" de Aena; y Aena, por su parte, que el problema social es responsabilidad del Consistorio. La tensión escaló hasta el punto de que ambas partes amenazaron con llevar el conflicto a los tribunales.

Pese a las pocas esperanzas, el encuentro de este jueves ha servido para escenificar una aparente tregua y fijar un punto de partida común: realizar un censo detallado de las personas que pernoctan en Barajas, intensificar la coordinación entre administraciones y mantener los nuevos controles de acceso en el aeropuerto. Aunque las diferencias persisten, ambas partes han coincidido en la necesidad de "superarlas" para abordar una situación "socialmente insostenible".

Acompañado por la vicealcaldesa, Inma Sanz y el Delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández Sánchez, Almeida se ha bajado del coche oficial a varios metros de la sede. Tras un escaso parón para repasar, aparentemente, un documento junto a su segunda, ha accedido al edificio caminando, donde ha sido recibido por Ángel Luis Sanz, director de la Oficina de la Presidencia, Estrategia y Políticas Públicas de Aena. "Vamos a la reunión y luego hablamos", ha respondido a los medios.

A su salida, el alcalde ha confesado que el clima de la conversación ha sido de cooperación por ambas partes, pese a no ser un escenario sencillo. "Vamos a despejar el elefante de la habitación", han sido las primeras palabras del alcalde una vez sentados en la mesa. A pesar de las diferencias, ha asegurado que ambos coincidieron "en anteponer la solución de las personas que pernoctan allí". "Seguramente todos pensemos que tenemos la razón pero hay una cuestión más importante", ha zanjado. Para el presidente de Aena, las sensaciones han sido las misma al añadir que "es el inicio de una nueva etapa de colaboración".

En lo que respecta a la intervención del Ayuntamiento, Almeida ha sostenido que seguirán ofreciendo recursos municipales a quienes pernoctan en Barajas, aunque hasta ahora solo 14 de las 105 personas hayan aceptado esa ayuda. Pese a ello, ha recalcado que el Consistorio "está en condiciones" para acoger a todos y que, aunque no pueden obligar a nadie a abandonar el aeropuerto ni trasladarlos por la fuerza, "seguirán trabajando para ganarse su confianza". Una situación, dice, que Aena ha comprendido.

Así, ha resumido la reunión señalando que se han superado las diferencias y "se intensificará la periodicidad de las reuniones a nivel técnico". Unas reuniones que se podrán dar con carácter inminente entre las administraciones "si es necesario".

Habrá censo

Desde que estalló el conflicto, Almeida había defendido la necesidad de dos medidas básicas: un censo individualizado de las personas que viven en Barajas —y no "una encuesta", como aseguró que ha aportado Aena— y la implicación de hasta cinco ministerios, entre ellos los de Transportes, Interior y Sanidad. Ninguno ha estado presente en las reuniones celebradas hasta ahora.

En la celebrada este jueves, ambas partes han abordado precisamente estas cuestiones. Tras recibir la convocatoria, el alcalde expresó su deseo de reunirse "lo antes posible" con Lucena, aunque en un principio dijo que solo se sentaría en la mesa si este acudía "con los deberes hechos", es decir: con un censo detallado y no una mera estimación. Aena, por su parte, había insistido en que ese censo debe ser elaborado por el Ayuntamiento como "autoridad responsable de la atención social primaria".

Finalmente, habrá censo, pero no lo elaborará ni el Consistorio ni la aeroportuaria, sino una consultora social: Fresno, y estará financiado por Aena "con total disposición". El estudio se centrará en identificar de forma individualizada a las personas que duermen en el aeropuerto, con el objetivo de conocer sus perfiles y necesidades concretas, y así esclarecer si se trata de solicitantes de asilo y derivar las responsabilidades a la administración competente —en este caso, el Gobierno central—.

Deberá estar finalizado antes de que acabe junio, según han confirmado ambas partes. No obstante, Almeida ha subrayado que no esperará a su conclusión para seguir interviniendo, ya que muchas de las personas que pernoctan en el aeropuerto presentan un "perfil muy complicado". Así, ha recalcado que este paso era "fundamental" y "necesario" para avanzar y "para entender la magnitud del problema y actuar". "No se trata de una mera encuesta, sino de un instrumento imprescindible para intervenir con eficacia", ha recalcado Lucena por su parte.

Continuarán los controles

En lo que respecta a las competencias, la última actualización del reglamento interno de Aena ha confirmado —tal y como venían sosteniendo desde la CAM y el Ayuntamiento— que el gestor aeroportuario tiene competencias para establecer controles de acceso, desalojos o cierres en sus instalaciones. De hecho, desde este miércoles, Aena ha comenzado a imponer controles entra las 21:00 y las 05:00 horas para que solo puedan acceder a las terminales los pasajeros con tarjeta de embarque, sus acompañantes y los trabajadores del recinto. Una medida que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tachaba esta misma mañana de "inhumana" por ser un "intento de prohibir la pobreza".

Frente a las puertas de su sede, Lucena ha confirmado que estos controles seguirán "sine die" ya que su "responsabilidad" es garantizar la fluidez y evitar que la situación empeore. Una medida, ha añadido, de la que "todos estamos de acuerdo", incluso "la presidenta de la Comunidad, Ayuso". Mientras tanto, Almeida ha señalado que estos procedimientos competen efectivamente a la aeroportuaria, y será esta quien decida mantenerlos o suspenderlos.

En tromba contra Almeida

Horas antes de la reunión, y tras semanas prácticamente en silencio, varias ministras del Gobierno han salido en tromba a señalar al Ayuntamiento como principal responsable de la situación en Barajas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado a Almeida de desentenderse de una competencia "exclusiva" del Consistorio y le ha solicitado dar respuestas "desde la igualdad" a las personas vulnerables de Barajas. También la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha incluido a Ayuso en las críticas, denunciando una "dejación de funciones" y rechazando que en el aeropuerto haya solicitantes de asilo, en línea con lo que ya dijo hace días el titular de Transportes, Óscar Puente, quien afirmó que en Barajas "no hay solicitantes de asilo", solo "pobres desatendidos por Madrid"