"Que la difamación sea posible en España" es, según Isabel Díaz Ayuso, la conclusión que deja la desestimación del Supremo a la demanda que su pareja, Alberto González Amador, interpuso contra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por llamarle a éste "delincuente confeso". La presidenta ha considerado la resolución judicial como una muestra más de las "operaciones de Estado" que, según ella, se impulsan desde Moncloa contra quienes investigan o incomodan al Gobierno. La sentencia del alto tribunal señala que las declaraciones de Montero, aunque "inconvenientes, desabridas o imprecisas", están protegidas por la libertad de expresión y enmarcadas en el debate público.
Pero Ayuso no lo ve así. Desde la sede del Gobierno regional, y en pleno ecuador de su mandato, la presidenta ha advertido: "Si el Gobierno organiza operaciones de Estado contra la Guardia Civil o contra los fiscales que persiguen corrupción, qué no estarán haciendo con la inspección fiscal de un paisano que se está defendiendo solo". Ha ido incluso más allá, con un tono abiertamente "crítico": "Visto el rechazo de la demanda, yo lo que espero es que condenen a Sánchez por narcotráfico por lo que ocurre en Canarias".
La líder de los populares en Madrid considera que la Fiscalía está actuando bajo motivaciones políticas, especialmente en el caso que afecta a su pareja, convertido, a su juicio, en "una operación de Estado". Preguntada directamente por si González Amador mintió ante el juez, Ayuso ha sido tajante: "Pienso que es la Fiscalía quien miente y quien se está contradiciendo", ha respondido, apuntando de nuevo a una presunta instrumentalización del Ministerio Público.
Molesta con el foco mediático que sigue rodeando a lo relacionado con su pareja, Ayuso ha reprochado la insistencia de algunos medios que "llevan dos años preguntándome lo mismo", especialmente cuando ha sido preguntada por El País. "Le recuerdo que soy una mujer política que está dando balance del Gobierno y siempre le respondo de la misma manera. Si no respondo, porque no respondo; y si respondo, porque ya tengo algo que ver: pues no, no tiene nada que ver con este Gobierno", ha zanjado.
El ambiente político e institucional, a su juicio, es de "decadencia" y "podredumbre", con un Gobierno central que —según ella— ha asumido como norma emprender operaciones de desgaste. "¿Y quién pone el listón moral en el Gobierno? ¿Bildu?", ha dicho, en referencia al respaldo parlamentario de Sánchez. "Para Bildu son chiquilladas que están haciendo desde Moncloa", ha añadido.
Que el Senado investigue
En este contexto, Ayuso ha aprovechado también para abrir otro frente: la gestión de las residencias durante la pandemia. Ha reclamado que el Senado asuma la tarea de investigar no solo al Ministerio de Sanidad, sino a aquellas comunidades que, según sus palabras, sí aplicaron protocolos de derivación a mayores o registraron una mayor tasa de fallecidos. "Pienso que llegado a este punto lo lógico sería que el Senado hiciera lo propio y que investigue", ha señalado.
En sus palabras exactas, a aquellas regiones que "apartaron a los mayores por un criterio de edad"; a las que sí tuvieron "protocolos generalizados y que se han conocido"; y a "aquellas que no duplicaron las camas de hospitalización o que no se preocuparon en multiplicar las UCI, como hizo la Comunidad de Madrid". "¿Por qué esas vidas importan menos que las de Madrid?", ha planteado, mencionando a Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y Castilla-La Mancha.
Sobre el caso judicial que afecta a dos exaltos cargos de su Gobierno por las muertes ocurridas en las residencias durante la primera ola, Ayuso ha recordado que fue archivado hace tres años y ha acusado a la Fiscalía de reactivarlo por intereses ajenos a la justicia. Así, ha señalado directamente al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y al presidente del Gobierno como responsables de esa supuesta ofensiva: "La Fiscalía depende jerárquicamente del señor que ha emprendido una operación de Estado, que a su vez depende del presidente del Gobierno".
Sobre la tercera persona investigada, a quien se señala como alto cargo regional, Ayuso ha querido matizar que fue solo un asesor voluntario durante "pocos días". "Pienso que tratarle como un alto cargo para parecer que es todavía más culpable no es ajustarse a la verdad".
Al ser preguntada sobre la posibilidad de elecciones anticipadas, ha dejado claro que no cuenta con ellas y que, en su opinión, Pedro Sánchez no caerá por corrupción, por ser precisamente eso lo que le "ata" al poder. Mientras tanto, asegura, seguirá habiendo "operaciones de Estado" para blindar alianzas y desbancar a aquel que se oponga.