A falta de apenas nueve días para que expire el plazo fijado, el Gobierno central sigue sin responder al requerimiento enviado por el Ayuntamiento de Madrid el pasado mes de mayo en relación con la atención a los solicitantes de asilo alojados en centros municipales. La advertencia del equipo de José Luis Martínez-Almeida es clara: si no hay avances antes del 20 de junio, "por supuesto" acudirán a los tribunales.
La vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento, Inma Sanz, ha reiterado su "camino" este miércoles durante un desayuno informativo de Europa Press. "No hemos tenido ninguna respuesta a ese requerimiento y, por lo tanto, desde luego que nosotros seguiremos nuestro camino", ha afirmado Sanz. Pese a no "ser de recibo" esta pasividad, ha señalado que por su parte se mantienen abiertos recursos como el centro de Las Caracolas para la atención de estas personas.
"El Ayuntamiento debe actuar solo en los primeros días, en lo que es su competencia", ha recordado, para insistir después en que la atención a solicitantes de asilo es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo central, que "debe derivarlos a sus recursos con un tratamiento individualizado".
Actualmente, más de 400 personas continúan ocupando recursos municipales destinados originalmente a emergencias sociales, lo que, según el Consistorio, está generando un "colapso" en el sistema de atención. Las estancias medias en estos centros, que deberían ser temporales, se han disparado hasta los 131 días —en algunos casos prolongadas hasta los 290—. "Lo que debían ser situaciones de en torno a 15 días se están prolongando. Como no salen esas personas a la red estatal, tampoco pueden entrar nuevas. Ese colapso hay que romperlo y lo tiene que romper quien tiene la capacidad para hacerlo", ha subrayado Sanz como el "problema".
"Hemos visto como también los tribunales le han tenido que dar un ‘capón’ al Gobierno de España con respecto a los menores no acompañados porque no está cumpliendo con su trabajo, lamentablemente en esto tampoco", ha explicado, desmarcándose de esta falta de atención al asegurar que desde el Consistorio "no vamos a dejar a nadie en la calle".
El Ayuntamiento formalizó el requerimiento el pasado mes de mayo, exigiendo a los Ministerios del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asumir sus responsabilidades y proporcionar acceso "inmediato" al sistema estatal de acogida para los solicitantes de asilo alojados en instalaciones municipales. El delegado de Políticas Sociales, José Fernández, afirmó ya entonces que de no atenderse este requerimiento, "el Ayuntamiento se verá obligado a la correspondiente demanda judicial".
Desde el área de Políticas Sociales han denunciado reiteradamente la falta de reacción del Ejecutivo, pese a haber trasladado el problema al Ministerio de Migraciones. El Ayuntamiento acusó al Gobierno en el inicio de este plazo de una "mala gestión" y recordó que 105 personas con plaza asignada en centros estatales continúan bloqueadas en recursos municipales por falta de traslado.
Almeida dispone actualmente de unas 630 plazas de emergencia social, de las que cerca de 380 están siendo ocupadas por solicitantes de asilo y personas en situación de limbo administrativo tras serles denegada la protección internacional. Según los datos municipales, el colapso es evidente: en enero, apenas se produjeron nueve derivaciones a los centros estatales.