La Audiencia Provincial de Madrid ha solicitado la creación urgente de dos nuevas secciones especializadas de violencia sobre la mujer ante la entrada en vigor de la nueva Ley que atribuye a estos tribunales el conocimiento de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual cuando la persona ofendida sea mujer, con independencia de que sea o no pareja sentimental.
Así lo ha acordado la Junta General de magistrados de las Secciones de Penal de la Audiencia Provincial de Madrid con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Y es que la reforma del Gobierno les obliga a asumir las causas sobre delitos sexuales fuera de la pareja o expareja, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina. El pasado marzo, ya avisaron de que carecían de los medios suficientes como para hacerse cargo de estos procedimientos y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, anunció que reforzarían sus juzgados, pero ahora aseguran que dicha promesa no se ha cumplido.
Los magistrados señalan que "si no se procede a la inmediata ampliación de la planta con la creación de dos nuevas secciones para hacer frente a la ampliación de competencias, se consumará lo que auguran: el colapso de las dos secciones especializadas".
"En febrero de 2025 ya se advirtió por la Junta General de la Audiencia Provincial de Madrid que, superar el ámbito subjetivo de aplicación delimitado por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, para incluir cualquier forma de violencia contra la mujer por el mero hecho de ser mujer, incluyendo la violencia sexual, supone un desbordamiento de la competencia de las Secciones Especializadas en Violencia contra la Mujer de las Audiencias Provinciales", subrayan.
Esto "llevará indefectiblemente a una situación de colapso y saturación de dichos órganos con la absoluta imposibilidad de seguir proporcionando a las víctimas un trato adecuado y sosegado que permita un enfoque integral de la situación".
Además, dicha ampliación de competencias va tener lugar incumpliendo lo dispuesto al respecto en la propia ley de Garantía de la Libertad Sexual, que exigía la previa dotación de recursos materiales y personales, recuerdan los magistrados en su duro comunicado.
Así las cosas, inciden en que "resulta obvio" que la entrada en vigor de las nuevas competencias a partir del 3 de octubre de 2025, sin la creación de las dos secciones especializadas que la Junta General y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia han solicitado, "no sólo entraña un incumplimiento de la obligación de garantizar que la ampliación de competencias tenga lugar sólo cuando los órganos judiciales cuenten con los necesarios medios personales y materiales para asumirlas, sino que aboca al colapso de las secciones especializadas, ya muy sobrecargadas, lo que determina un incumplimiento palmario de las obligaciones impuestas en el Convenio de Estambul".
Este colapso, advierten, supondría la pérdida de eficacia de la Ley Orgánica 1/2004 sobre violencia de género. "Romper dicho marco de actuación, sin que dicha ruptura vaya acompañada de los medios personales y materiales necesarios para asumirla, supone, de una parte, desdibujar la configuración de dichos órganos y convertir en papel mojado todos los logros conseguidos con la Ley Orgánica 1/2004, y de otro lado, abocar a los mismos a la absoluta imposibilidad de proporcionar a las víctimas una respuesta ágil y eficaz".
Es por todo esto que la Junta General de Magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid acuerda por "unanimidad" dirigirse a la Sala de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y a los Ministerios de Justicia e Igualdad para poner de manifiesto su "preocupación, denunciando la situación, e interesando la urgente creación de dos nuevas secciones especializadas en Violencia contra la Mujer".
Este comunicado se produce una semana después de que más de un centenar de jueces alertaran en la misma dirección. Estas advertencias llegan, además, tras la polémica en torno a los fallos de las pulseras antimaltrato, una situación que el Ejecutivo trató de minimizar pese a las constantes críticas de jueces y fiscales. "La realidad es que, tal y como ha ocurrido con los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad, los jueces y juezas de violencia sobre la mujer asumiremos hasta donde podamos todas esas carencias para asegurar, en la medida en que el tiempo y las fuerzas nos lo permitan, el buen trato y la protección de las víctimas", señalaron 123 jueces ante los nuevos cambios que han entrado en vigor.